No hay una única política económica posible. Una, intervencionista, basada en una mayor intromisión en la economía, gasto público creciente, déficit alto, deuda elevada y subida de impuestos, además de una ausencia total de reformas. La otra, liberal, basada en la austeridad y reducción del gasto, la estabilidad presupuestaria, la reducción ordenada y selectiva de impuestos y la eliminación de trabas que libera renta para la economía productiva, genera un marco de confianza y credibilidad y dinamiza la actividad económica y el empleo.
Es legítimo optar por una o por otra, pero sabiendo siempre que cada una de ellas dará diferentes resultados, porque distintas políticas dan distintos resultados. Así, desde el punto de vista regional, nos encontramos con unas regiones, que Cataluña, Valencia o Andalucía en la época socialista -todo el período autonómico menos los últimos casi cuatro años- han optado por la política intervencionista, frente a Madrid, que ha optado por una política liberal.
Especialmente desde 2003, Madrid comenzó a aplicar una política económica basada en el liberalismo clásico, con gasto reducido y eficiente e impuestos bajos. Así, por ejemplo, Madrid redujo el IRPF, de manera que cuenta con un tipo máximo 5 puntos inferior al de Cataluña, mantiene la exención al 100% en el impuesto de Patrimonio y la bonificación al 99% en Sucesiones y Donaciones para los familiares más cercanos, mientras que Cataluña repuso Patrimonio y Sucesiones y Donaciones y aplicó nuevas subidas en el IRPF.
Esa política de Madrid, de respeto permanente a la estabilidad presupuestaria, ha permitido que haya sido una de las regiones que mejor ha cumplido, en media, con el objetivo de saldo presupuestario. La estabilidad presupuestaria no es más que el cumplimiento de un compromiso que tiene que tener la economía del sector público con sus cuentas, donde los gastos no deben superar a los ingresos y la deuda debe ir reduciéndose. Compromiso que, además, se refuerza al serlo también del conjunto de España con la Unión Europea, y que aunque haya quedado suspendido en estos tres ejercicios afectados por la pandemia más el siguiente, no debe desviarnos de la ortodoxia que implica su cumplimiento.
El déficit presupuestario es un grave desequilibrio que genera muchos perjuicios a la economía española y que endeuda de manera importante a las generaciones futuras, hecho que Buchanan llegó a tachar de "inmoralidad". Además, como dejó claro Ricardo en su "equivalencia ricardiana", los agentes descuentan ese endeudamiento futuro y se retraen en el presente en el consumo y la inversión. Por ello, los intervencionistas tratan de ocultarlo con la generación de todo tipo de ilusión fiscal.
En dicho ámbito de estabilidad presupuestaria, a partir de esa política de gasto austero y eficiente y de impuestos bajos, el liberal-conservadurismo apuesta por el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, con el propósito de conseguir reducir el endeudamiento.
De esa manera, podemos comprobar cómo Madrid ha sido la región que mejor ha cumplido con la estabilidad presupuestaria desde el inicio de la anterior crisis y hasta el último ejercicio.
Esa política de cumplimiento de la estabilidad presupuestaria se traduce en un menor nivel de endeudamiento también con la reciente publicación de los datos de deuda de lasa AAPP correspondientes al IITR-2022 por parte del Banco de España. Así, Madrid es la región con un porcentaje de deuda sobre el PIB más bajo, con un 14,1%, que la sitúa 10,8 puntos por debajo de la media regional (24,9%). La comparación es abismal si se compara con la deuda del conjunto de España (y eso que los datos son hasta el IITR-2022, porque si utilizásemos los de julio, donde no hay desagregación por CCAA, todavía el endeudamiento del conjunto de España sería mayor).
Fuente: Banco de España
Así, la deuda de la Comunidad de Madrid es 2,5 veces menor que la de Cataluña (35,0%) y Castilla La Mancha (34,6%) y se sitúa 3,2 veces por debajo de la Comunidad Valenciana (45,8%). En valores absolutos, la deuda de Madrid es 49.923 millones de euros inferior a la de Cataluña y 19.697 millones de euros menor que la de la Comunidad Valenciana.
También Madrid es la región con menor incremento de su deuda tanto desde la anterior crisis (finales de 2007, principios de 2008) como desde que comenzaron las bajadas de impuestos en Madrid (2003).
Así, desde 2008, el incremento de la deuda de Madrid es 9,8 puntos inferior a la media, 16,6 puntos menor que el de Cataluña y 24,7 puntos inferior respecto al de Valencia.
Fuente: Banco de España
Al analizarlo desde 2003, Madrid también ha sido quien menos ha aumentado la deuda: 11 puntos menos que la media regional, que llega a los 20 puntos menos al comparar con Cataluña y a los 27,7 puntos por debajo al realizar la comparación con Valencia.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de deuda del Banco de España
Eso no es fruto de la casualidad, sino del marco flexible y dinámico, que atrae a empresas, profesionales y personas, que generan las políticas aplicadas en la Comunidad de Madrid, en el margen de sus competencias, basadas en el gasto eficiente, dedicado a lo esencial, con los mejores servicios públicos de España, los impuestos bajos, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, la libertad económica y las reformas que eliminan obstáculos en la economía y que permiten crecer más, gastar menos pero contar con los mejores servicios, tenerlos impuestos más bajos, la mayor prosperidad y la mayor atracción de empresas y desarrollo de actividad económica.
Distintas políticas dan distintos resultados. Por eso es esencial que Madrid siga en ese camino de impuestos bajos y reformas profundas, sin olvidar la necesidad de reducir el gasto para estar mejor preparada ante cualquier coyuntura económica. Con todo ello, podrá seguir marcando el camino económico a seguir. Camino que Sánchez quiere arruinar imponiendo un impuesto -el de grandes fortunas- que podría llegar a ser inconstitucional y a invadir competencias regionales y que, en todo caso, de aplicarse, arruinará la economía, al ahuyentar la riqueza, el ahorro y la inversión, pues supondrá la fuga de patrimonios hacia otros países, como Portugal.
Con ello, Sánchez empobrecerá más a la economía española, pondrá en peligro la financiación de servicios públicos y perjudicará a quienes menos tiene, pues el riesgo de que puedan perder su empleo si la inversión se va es muy alto. Sánchez, en lugar de preocuparse por gestionar bien para que no haya pobres, se obsesiona con que no haya ricos, expulsándolos, incrementando la pobreza, que es como los socialistas siempre quieren igualar en la economía, por abajo en lugar de como debe ser, por arriba.