El Gobierno no sólo se ha subido el sueldo un 4% para el 2023 (acorde a la subida de los funcionarios) para hacer frente a la inflación, sino que además goza (como lo hacen los diputados y senadores de todos los colores políticos) de ciertos privilegios fiscales como es el hecho de recibir dietas libres de impuestos. No lo llaman así, sino "indemnización fija para cubrir gastos" y está incluida en la ley del IRPF con la peculiaridad de que esas cantidades que reciben cada mes están exentas de tributación. Es decir, que para pagar los gastos de viaje y el desplazamiento a Madrid para ejercer su labor parlamentaria, lo que se llevan es limpio para ellos y se suma a su sueldo habitual.
Lo más llamativo de todo es que en el momento en el que el Ejecutivo le pide a toda la sociedad que "arrime el hombro" (ya sea consumiendo menos energía, cogiendo menos el coche, imponiendo un impuesto a las grandes fortunas y un tope a los beneficios de las empresas) Sánchez y los suyos se permiten el lujo de subirse el sueldo y mantener exentos de tributación las dietas que perciben, que oscilan entre los 1.000 y los 3.000 euros al mes y que alcanzan, en muchos casos, el 40% de sus ingresos.
Hoy la ministra de Hacienda, antes de reunirse con el secretario general de CCOO en la sede sindical en Madrid donde le ha presentado sus presupuestos para el próximo año, ha atendido a los medios de comunicación. Ha sido entonces cuando a preguntas de Libertad Digital sobre si piensa su Gobierno en modificar las exenciones fiscales para las dietas de los diputados, Montero ha torcido el gesto y ha entrado en una disquisición histórica para justificar que los diputados tienen que cobrar un sueldo. "Antiguamente solamente podían ejercer ese papel de representatividad aquellos que tenían asegurada su renta y su patrimonio por cuestión de nacimiento", decía la ministra. Para después añadir una gran parrafada que reproducimos a continuación:
"Aquí permanentemente se quiere dar la impresión de que hay un privilegio en las personas que ejercen la función pública, y yo diría que es todo lo contrario. Lo hacen en una vocación y representatividad que permite que no sólo puedan desarrollar ese trabajo aquellos que pueden no recibir un salario porque tengan un patrimonio o una riqueza previa (…) Por tanto ha sido un paso importantísimo en las conquistas democráticas que los políticos de este país tengan el derecho a tener unos salarios y no se les penalice por el hecho de tener que viajar, desplazarse o tener que disfrutar de una vivienda para poder desarrollar las actividades de representatividad".
"Siempre están perfectamente justificadas y quiero alertar contra aquellos de cuando hablan de los recortes del gasto público que cuando hablan de los privilegios de los políticos señalan siempre una situación que se tendría que considerar como de calidad democrática porque es un discurso antipolítico que lo que pretende es que os intereses económicos sean los que prevalezcan en los gobiernos o que prevalezcan en la defensa de un país. Y yo soy de las que piensa que tiene que prevalecer el interés de la mayoría y la mayoría de este país vive de las rentas como vive la mayor parte de los servidores públicos".
Es decir, que para María Jesús Montero poner en entredicho unas dietas que suponen en muchos casos el 40% de los ingresos de los parlamentarios, que se cobran en 14 pagas (cuando solo hay 12 meses en un año), con discrecionalidad y hasta en vacaciones sin pasar por la ventanilla de Hacienda es un discurso "antipolítico".
Cualquier asalariados español sufre el férreo escrutinio de Hacienda para poder disponer de dietas para el desarrollo de su actividad profesional fuera de su lugar de trabajo. Sólo una correcta justificación, permitirá disfrutar de la exención tributaria de esta figura. Es decir, que los asalariados no reciben dietas con carácter discrecional, en 14 pagas, en vacaciones y libres de tributación.
No contenta con eso y repreguntada por Libertad Digital, Montero ha querido zanjar el asunto calificando este privilegio como una prueba de "calidad democrática":
"No, quiero decir que en este momento está perfectamente establecido cual es el régimen de tributación y por tanto no hay ninguna modificación en los proyectos de ley pero que me parece que trasladarlo con esa consideración pudiera dar la impresión de privilegios cuando de lo que se trata es de que se ejerza el poder de representatividad".
Vamos, que la ministra de Hacienda teme que un privilegio dé la impresión de privilegio.