Pedro Sánchez asegura que con su nuevo y duplicado "impuesto a los ricos" conseguirá recaudar 1.500 millones de euros y acabará con la "injusticia tributaria" en España. Lo cierto es que son pocos los economistas que se creen esa estimación de ingresos y muchos los que prevén un daño severo a la economía por culpa de medidas populistas de ese estilo. La consultora Freemarket Corporate Intelligence ha cuantificado el efecto de pérdida de PIB por el impuesto: hasta 2,5 puntos. Es decir, que la alegría comunista puede expulsar del PIB español unos 30.000 millones de euros. Todo un éxito.
"El Gobierno pretende introducir un denominado Impuesto de Solidaridad sobre las Grandes Fortunas (ISGF) que afectará a 23.000 contribuyentes, por el que espera recaudar 1.500 millones de euros, y cuya vigencia será a priori temporal (2023-2024) aunque no se descarta su potencial permanencia", señala la consultora. "Esta iniciativa es contraria a la tendencia dominante en el grueso de las economías desarrolladas que han eliminado la fiscalidad sobre la riqueza a lo largo de las últimas décadas y, en el caso español, constituye una invasión de las competencias autonómicas con el objetivo de armonizar de forma irregular, vulnerando el artículo 19 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, el Impuesto sobre el Patrimonio", añade Freemarket Corporate Intelligence.
Los economistas señalan que "se trata de impedir que las autonomías puedan emplear las facultades que les otorga la ley para suprimir la tributación patrimonial" y que esa "propuesta se ve acompañada por un incremento de la fiscalidad sobre las rentas del capital" diseñado para que contribuyentes de "entre 200.000 y 300.000 euros soporten un gravamen del 27 por 100 y las rentas del capital superiores a los 300.000 euros tengan un tipo de hasta el 28 por 100".
Efectos del nuevo impuesto
El informe entra a valorar los efectos del nuevo impuesto: "Tanto la nueva figura impositiva como el aumento de la fiscalidad sobre las rentas del capital dibujados por el Gobierno violan el principio de igualdad tributaria; es decir son discriminatorios porque tienen por objeto a un grupo específico de los contribuyentes, lo que no se compadece con el artículo 14 de la Constitución española y con el artículo 31 de la Ley de Leyes. La igualdad ante la ley es incompatible con normativas discriminatorias, al menos, negativas y la progresividad ha de integrarse en un marco general; no cabe aplicarse de manera diferencial a los contribuyentes. El ISGF afecta a 23.000 ciudadanos y el de las rentas de capital a 17.814 contribuyentes". Es más, "la imposición patrimonial tiene un impacto sobre los incentivos de los individuos a ahorrar, trabajar e invertir que suelen ser ignorados por quienes defienden esa figura impositiva".
El estudio aclara que "de entrada, los tributos sobre la riqueza plantean un problema previo, el de definir cuales son los criterios para valorar los activos ilíquidos como inmuebles, antigüedades, obras de arte, joyas etc. La evaluación de éstos puede ser bastante arbitraria, sin duda costosa y, en cualquier caso, generadora de una considerable incertidumbre por falta de seguridad jurídica. Al mismo tiempo, cabe incorporar o ignorar en esas evaluaciones las fluctuaciones de la riqueza en el tiempo o el efecto de la inflación sobre ella, lo que constituye algo fundamental en un escenario definido por la importante alza del nivel general de precios que se registra en la actualidad".
Carga tributaria al ahorro y la inversión
El informe añade que "la fiscalidad patrimonial impone una fuerte carga tributaria a los rendimientos obtenidos del ahorro y de la inversión. Si un individuo consume con rapidez su riqueza en lugar de invertirla, reducirá de manera sustancial la cuantía de impuestos a satisfacer. En consecuencia, tenderá a reaccionar ante un aumento de los tributos patrimoniales ahorrando menos y consumiendo más".
Freemarket Corporate Intelligence calcula la pérdida de PIB por todo lo comentado: "Un impuesto como el planteado tendría una incidencia en el PIB de entre el 0,5 y el 2,5 por ciento dependiendo del tipo que se imponga y una incidencia sobre el stock de capital de entre el 1,25 y el 5,85 por 100. Se trata de una tasa que actúa de manera negativa como un multiplicador desde el punto de vista del crecimiento económico y la creación de valor".
Un 0,5% del PIB son unos 6.000 millones de euros y un 2,5%, 30.000 millones de euros.
Y es que, "el ISGF grava de nuevo activos que ya lo han sido. Los individuos pagan tributos por los rendimientos del trabajo, vuelven a hacerlo cuando recogen beneficios de su inversión, lo hacen a título póstumo cuando fallecen y pagarán de nuevo si los tipos impositivos sobre el Patrimonio en algunas CCAA son inferiores a los establecidos en el ISGF. Con puros criterios de justicia y equidad tributaria, esa doble imposición que llega a ser triple en las donaciones o transmisiones postmortem debería ser eliminada. Esta cadena de razonamientos se olvida cuando se sostiene que los ricos pagan menos impuestos porque los tipos sobre las rentas del capital son menores que los de las rentas del trabajo. Se obvia que aquellas pagan, al menos, tres veces".