El último informe de la consultora Freemarket CI sigue dando mucho de que hablar. No es para menos, puesto que la entidad presidida por Lorenzo Bernaldo de Quirós fue uno de los servicios de estudios que mejor anticipó las consecuencias económicas de la crisis del covid-19. Así, mientras en el primer semestre de 2020 se planteaba una "recuperación en V", sus estimaciones avanzaron que el PIB seguiría deprimido por debajo de los niveles previos a la pandemia al menos hasta bien entrado 2023.
Pues bien, en su más reciente publicación, Freemarket CI desnuda el argumentario del gobierno de Pedro Sánchez sobre la supuesta "redistribución" que pretende financiar con el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas. Como avanzó Libre Mercado, dicho tributo genera hasta 50 euros de daño económico por cada 1 euro recaudado y, a cambio, aportará menos de 10 euros mensuales a las personas que enfrentan una peor situación. Por otro lado, la consultora anticipa una fuga de capitales de hasta 30.000 millones de euros.
Pero el documento no acaba ahí. La entidad también ha llamado la atención sobre el maltrato fiscal que están sufriendo las clases medias. De entrada, no hay que olvidar que las tibias medidas de alivio tributario que ha anunciado el gobierno de Pedro Sánchez alcanzan solo a quienes ganan menos de 21.000 euros, mientras que el criterio de la OCDE y el INE enmarca en la clase media a todo aquel que gane entre el 75% y el 200% del ingreso promedio, es decir, 7,5 millones de contribuyentes cuyos ingresos oscilan entre 23.000 y 61.000 euros anuales. Por tanto, como subraya el informe "a la clase media no se le aplica ningún tipo de mejora fiscal".
No solo eso: "la tributación de las clases medias se está viendo afectada por la inflación, que genera la subida impositiva conocida como la progresividad en frío (…). En un escenario en el que no hubiese subida de precios, no sería necesario modificar los tramos de la escala del IRPF, porque la renta nominal de los trabajadores sea igual a su renta real. Sin embargo, al no adaptar los baremos del impuesto a la inflación, se está aprobando una subida de impuestos".
De modo que, según pone de manifiesto el trabajo de Freemarket CI, hay 7,5 millones de contribuyentes que se enmarcan en la clase media y están sufriendo un durísimo golpe fiscal que se suma a la ya de por sí lamentable marcha de una economía lastrada por la inflación más alta en cuarenta años.
Otros aumentos fiscales a las rentas medias
No hay que olvidar que, además de negarse a bajar el IRPF a quienes ganan más de 21.000 euros y de no deflactar las tarifas de dicho gravamen, el Ejecutivo ha aprobado otras subidas salariales que afectan directamente a las rentas medias:
- El IVA ha subido del 10% al 21% para el consumo de bebidas azucaradas y edulcoradas.
- El Impuesto de Matriculación ha crecido hasta aumentar la compra de un vehículo medio en 1.000 euros.
- La creación de un nuevo Impuesto sobre Gases Fluorados grava la instalación de equipos de aire acondicionado y similares.
- La cuota de autónomos ha subido de forma sistemática entre 2018 y 2022 y, desde 2023, serán mucho mayores para todos los que ganan más de 1.300 euros al mes.
- Las primas de seguros han aumentado su tipo fiscal, que pasa del 6% al 8%.
- Se ha modificado al alza el catastro, con ánimo de encarecer todo tipo de pagos fiscales. En promedio, los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones experimentan un encarecimiento del 17% por esta medida.
A esto hay que sumarle el efecto de otros tributos sobre las clases medias. Por ejemplo, la eliminación de deducciones en el Impuesto de Sociedades, los tributos creados para castigar a la banca y a las eléctricas, la creación de tasas que gravan las operaciones financieras o digitales y la nueva fiscalidad de los plásticos y los residuos son costes adicionales que soportan en primera instancia las empresas, pero que luego se trasladan a los consumidores, vía precio, y a los trabajadores, vía reducción de salario. De hecho, el empleado medio en España gana 615 euros menos solo por la incidencia del Impuesto de Sociedades.
