Hace algo más de quince años, el gobierno de Rodríguez Zapatero puso en marcha un sistema de incentivos pensado para fomentar el avance de la energía renovable, ofreciendo un 7% a las compañías que desarrollasen proyectos en un sector que apenas estaba empezando a despuntar. La apuesta fue aparentemente exitosa, puesto que la potencia instalada creció con mucha fuerza y España se convirtió en una potencia en dicho sector, pero ofrecer unas primas tan generosas tuvo consecuencias adversas para las cuentas públicas, al disparar el gasto asociado a la política energética.
Así, al final de su mandato, Rodríguez Zapatero empezó a recortar estos incentivos. En la misma línea avanzó Mariano Rajoy, asfixiado por las deudas de su predecesor. Impuestos y regulaciones de diversa índole permitieron el ajuste, recortando hasta en un 40% la rentabilidad de los proyectos. Pero el problema central de este cambio en las reglas de juego estuvo en la naturaleza retroactiva de los cambios aplicados por ambos gobernantes. El pretender que los recortes tuviesen efecto no solo en los nuevos proyectos sino también en los aprobados con anterioridad desató una encendida disputa legal que acabó dando el salto a los tribunales internacionales, donde España ha perdido decenas de arbitrajes.
Como adelantó Libre Mercado hace medio año, la actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante estos fallos adversos ha sido de lo más sorprendente. Lejos de cumplir con los pagos procedentes y respetar la decisión de los tribunales internacionales, el gobierno de España se está negando a cumplir con los inversores que se vieron perjudicados. No solo eso: según advirtió este diario, la Administración Sánchez estaba estudiando incluso la posibilidad de abandonar el Tratado de la Carta de la Energía, que regula la seguridad jurídica en este tipo de inversiones y ha sido refrendado y respaldado desde hace décadas por las principales economías del mundo.
Pues bien, según avanza el diario POLITICO, el Ejecutivo ha decidido seguir adelante y poner en marcha la tramitación diplomática que permitirá abandonar el Tratado de la Carta de la Energía en los próximos meses. En vigor desde 1988, este instrumento cuenta con el visto bueno de todas las economías de referencia a nivel global y supone una herramienta esencial para generar confianza en el ámbito energético, sentando reglas de juego comunes y razonables que ayudan a promover la estabilidad regulatoria y fiscal en el sector.
Los planes del gobierno trascendieron por vez primera en diciembre de 2021. Un año antes, en diciembre de 2020, Sánchez había comprobado el fracaso de su Real Decreto-ley 17/2019, con el que había intentado llegar a un acuerdo con las decenas de inversores y empresas afectadas. El gabinete de PSOE y Podemos solo consiguió que el 1% de las reclamaciones quedasen resueltas mediante el nuevo sistema retributivo propuesto.
Desde entonces, se han emitido decenas de fallos contrarios a España, de modo que el criterio de los arbitrajes canalizados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ha venido a darle la razón a quienes decidieron mantener sus reclamaciones en pie y generando un bochorno para España, cuya posición internacional se está viendo muy afectada por el reguero de impagos que está dejando en estos arbitrajes.
Ahora, el gobierno pretende salirse del Tratado de la Carta de la Energía – y lo hace afirmando que la permanencia en el mismo es incompatible con las metas climáticas. Sin embargo, aunque la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quiere jugar la "carta verde" y ligar esta cuestión a su política medioambiental, lo cierto es que son precisamente los inversores y empresarios del ámbito renovable los que más están sufriendo la inseguridad jurídica generada por el gobierno.