Desde 2017, Hacienda lleva intensificando la vigilancia contra las construcciones no declaradas por toda España. Por ejemplo, solo en un año en una comunidad como Galicia se destaparon 346.000 inmuebles que estaban sin regularizar. Una situación que se hizo extensible a toda España, que desde entonces ha visto como el Catastro ha hecho uso de la tecnología para buscar construcciones, piscinas, techados y cualquier otro tipo de modificación sin notificar para sancionar a los contribuyentes y aumentar la recaudación.
El plan de Hacienda, desde entonces, ha sido el de aumentar la vigilancia para destapar cualquier tipo de construcción para sancionar a los propietarios. Una sanción que, más que económica, lo que implica es la legalización de esa nueva mejora de la propiedad elevando el pago final del IBI.
Así las cosas, desde 2019, Hacienda elaboró un plan para revisar más de 500.000 inmuebles por año por toda la geografía española. Algo que ha ido dando sus frutos, a pesar del parón notable por la pandemia. Por ejemplo, en la Región de Murcia la recaudación ha aumentado un 37% en solo un año debido a estas revisiones y en Galicia lo ha hecho un 6%.
Pero, la voracidad de Hacienda no concluye aquí. De hecho, para los Presupuestos Generales del Estado de 2023 se busca aumentar esos objetivos de revisión de propiedades pasando de las 500.000 a las 825.000. desde el Ministerio de Hacienda ya han asegurado que en el próximo curso se va a "intensificar la lucha contra el fraude, para adecuar la descripción catastral de los inmuebles a la realidad". Es decir, lo que pretende Hacienda es detectar las obras no declaradas.
No solo aumentará la vigilancia
Este plan del Fisco no pasa solo por aumentar la vigilancia con el uso de la tecnología, sino con revisiones y actualizaciones catastrales sobre el papel. Esto significa que muchas nuevas viviendas verán variar sus valores de referencia, algo que es probable que aumente la cantidad que los contribuyentes abonan en concepto de IBI. Pero no solo el IBI, también tiene repercusiones en el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, (IIVTNU), más conocido como plusvalía, que se debe tributar cuando se vende una propiedad.
