Los funcionarios deberían poder teletrabajar (en determinadas condiciones). Pero no deberían tener "derecho" al teletrabajo. Lo peligroso no es la opción (que también, pero hoy ni siquiera entramos ahí), sino el papel firmado, el derecho adquirido, el estatus consolidado.
Esta semana hemos visto muy contenta a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, fotografiándose con los representantes de UGT y CCOO (no estaba CSIF, lo que ya es una buena pista). A cambio de no subirles el sueldo todo lo que pedían, el Gobierno les prometía "recuperar los derechos perdidos". ¿Cuáles? Por ejemplo, la jubilación parcial anticipada. Esto es bastante curioso, porque mientras el ministro José Luis Escrivá parece obsesionado por retrasar la edad de jubilación casi como si fuera la única medida posible para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, a su compañera de gabinete no le importa generar las condiciones para que los funcionarios se retiren antes. También se refuerza el proceso de implantación de la jornada de 35 horas y el Ejecutivo se compromete a "impulsar la puesta en marcha del teletrabajo". En este punto, los sindicatos le han pedido una norma específica que regule con carácter general el trabajo a distancia para los trabajadores públicos.
No debe haberla. No en el actual estado de la función pública en España. Las empresas privadas ya saben lo peligroso que es el teletrabajo. Porque suena bien, pero luego en la práctica no lo es tanto. Porque el rollo del "yo trabajo más en casa porque no desconecto y porque no me interrumpen" es verdad en algunas (pocas) ocasiones, pero en otros momentos el jefe se pregunta qué ha estado haciendo el tipo al que le encargó hace cuatro días un informe facilito. De hecho, hace ya tiempo que muchas empresas que fueron pioneras en este sentido están dando marcha atrás o al menos limitando los tiempos.
¿Dónde funciona mejor el teletrabajo? En las tecnológicas y en los países con mercados laborales más flexibles. ¿Por qué? (1) Porque en ciertos sectores es más fácil controlar lo que hace el teletrabajador a través de herramientas digitales; (2) Porque hay mucha más presencia del trabajo autónomo-freelance; (3) Porque hay mucha más competencia por el talento y algo le tienes que dar a todos esos profesionales de primer nivel para atraerles; (4) y porque la confianza tiene que ir siempre de la mano de la rendición de cuentas (y ninguna rendición de cuentas como la posibilidad de despido).
Teletrabajo y confianza
¿Y en el resto? Pues depende. En España, desde el principio, el teletrabajo levantó muchas suspicacias. Lógico con el mercado laboral que tenemos.
Es como lo del coste del despido y el paro, la precariedad o las carreras de los jóvenes. Por supuesto que todo tiene que ver. Si la empresa sabe que al contratar a un indefinido prácticamente se está casando con él, se lo pensará mucho antes de hacerlo. Se contrata poco y mal en parte porque despedir es difícil. Es lo que haríamos todos. Si comprar en la panadería del barrio dos meses seguidos implicase (1) que tenemos que seguir comprando allí los próximos diez años; o (2) que tenemos que pagar una multa al panadero en el caso de que cambiemos de proveedor de pan... si nos obligasen a esto, no repetiríamos en la misma panadería en nuestra vida.
En lo del teletrabajo, el esquema es parecido. Cómo darle libertad a un tipo al que sabes que no podrás despedir o al que tendrás que abonar un dineral si lo haces. En España, las relaciones laborales están dominadas por la desconfianza; ni las empresas se fían de sus empleados ni a la inversa. Pero al menos hay un último recurso: sí, ese despido que es costoso pero al menos posible. Vamos, que todos saben que se puede estirar la cuerda, pero hasta un límite.
Además, está el mercado como disciplina última. Una empresa que desarrolle procesos ineficientes, tiene costes disparados o no consigue controlar a sus trabajadores enfrentará un problema con su competencia que podrá ofrecer mejores servicios a un precio más bajo.
El monopolio
Ahora volvamos a los funcionarios. Que no tienen al mercado como vigilante, porque el Estado es el monopolio por excelencia: ni tiene competencia ni los clientes (contribuyentes) pueden decidir si comprarle o no. Tampoco se puede tirar del despido como recurso de última instancia ni de otras medidas básicas de disciplina interna; en el sector público esto es, en la práctica, una opción imposible.
Por eso, garantizar el derecho por ley al teletrabajo es una pésima idea. Sobre todo para el funcionamiento de la propia Administración Pública y para los funcionarios honrados, los que trabajan.
El teletrabajo, como el sueldo por objetivos o los bonus, sólo podría darse en la Administración con normalidad y de forma general si al mismo tiempo equilibrases por el otro lado. Sí, hablo del despido como amenaza última, aunque no sólo. Entiendo que esto último tiene sus problemas: miren lo que está pasando en la Justicia con los partidos luchando para colocar a los suyos e imaginen la limpia en los ministerios en cada cambio de Gobierno. Volveríamos a los cesantes galdosianos. Por eso se instituyó la figura del funcionario irremovible. En aquel momento parecía una buena idea.
Mi apuesta sería una administración mucho más cercana al ciudadano (descentralización extrema, a nivel casi de barrio) con ministerios y consejerías mínimas, con unos pocos cuadros administrativos en cada una. Pero para eso no estamos ni cerca. Quizás ahí sería más sencillo establecer una carrera en la función pública con unas relaciones laborales más parecidas a las del sector privado. Porque ahora mismo, las condiciones de acceso (y si triunfan las oposiciones ligth que quiere imponer el Gobierno, será peor) y las de permanencia; las carreras profesionales y los esquemas de incentivos: casi todo parece diseñado para premiar al tramposo y desanimar al buen funcionario.
Y son esas mismas condiciones las que hacen inviable el teletrabajo en la Administración. Sé que es doloroso... pero todos al Ministerio. Si se tienen que establecer normas especiales, que lo haga cada departamento, nunca con derechos adquiridos de forma colectiva y siempre con la posibilidad de dar marcha atrás de forma inmediata si las cosas en ese departamento no funcionan.
Porque las empresas saben lo que les está costando traer a sus trabajadores de vuelta a la oficina. Si no quieren dar la orden tajante de que se prohíbe por completo (y pocas, entre las grandes, quieren), se enfrentan a esas situaciones flexibles que acaban siendo complicadas de manejar (lo de dar la mano y que te cojan el brazo).
En una Administración sobre la que ya existen serías dudas acerca de su productividad y sobre su capacidad de gestión sobre su fuerza laboral, la presión social de la cercanía física del compañero y la mera presencia del jefe que te ha encargado una tarea son en muchas ocasiones la única forma de control. En mis tratos con la Administración siempre tuve la doble sensación de que esos tramposos de los que hablamos eran una (pequeña) minoría, pero al mismo tiempo de que vivían en un ecosistema que les favorecía y les protegía.