La coalición de derechas de Italia logró la victoria en las elecciones generales celebradas el pasado 25 de septiembre. La agrupación liderada por Giorgia Meloni (Fratelli di Italia) y secundada por la Lega de Matteo Salvini, Forta Italia de Berlusconi y los democristianos de Maurizio Lupi; obtuvo el 43,8% de los votos. Una cifra que fue les suficiente para alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, con 237 escaños sobre un total de 400, y que les permitirá avanzar con paso firme en su actividad legislativa y de Gobierno.
El nuevo Ejecutivo encabezado por Meloni, formado por 24 carteras, ha sido constituido este sábado en el Palacio del Quirinal, después de que el presidente de la República, Sergio Mattarella, le encomendara el viernes a la líder de Fratelli la formación de Gobierno.
El cambio de liderazgo en Italia cuenta incluso con el beneplácito del feje del Ejecutivo saliente, Mario Draghi, quien ya avaló la nueva mayoría parlamentaria después de que Meloni asegurara que respetaría los compromisos básicos con la UE, como el apoyo a Ucrania y la OTAN o la continuidad de la política económica. Y la derechista parece estar dispuesta a cumplir, aunque para ello deba limar asperezas con sus socios de coalición, especialmente con Berlusconi, que ha despertado críticas tras filtrarse unos audios en los aparece apoyando a Vladimir Putin y criticando a Zelenski.
A nivel programático, y tal y como manifestó el analista Alberto Mingardi en su entrevista para Libre Mercado, las alocadas propuestas económicas que algunos grupos políticos presentaron en 2018 no se han escuchado en esta ocasión. Y es que la grave crisis inflacionista actual no parece ser el contexto más indicado para plantearse medidas como la salida del euro.
Así, partidos como el Movimiento 5 Estrellas o los más populistas dentro de la derecha, como Lega o Fratelli, han apostado esta vez por moderar cautelosamente su discurso. Así, el bloque de Meloni, Salvini y Berlusconi ha ganado a las elecciones con unas propuestas económicas que tienen como objetivo recuperar el poderío de Italia y el bienestar financiero de las familias y empresas, para lo que han anunciado, entre otros puntos, la reducción de la cuña fiscal.
¿A qué se enfrenta Italia?
Pese a las buenas intenciones de Meloni y sus aliados, el panorama económico y social de Italia no pondrá las cosas fáciles. Las ya de por sí frágiles finanzas públicas italianas se han visto golpeadas por la pandemia de coronavirus o las consecuencias de la guerra en Ucrania.
En la actualidad, la deuda pública en el país transalpino supera ya el 150% del Producto Interior Bruto, siendo el ratio más alto de Europa solo por detrás de Grecia y el tercero de la OCDE, cuyo ranking de deuda encabeza Japón. Y es que la Administración italiana gasta sistemáticamente más de lo que ingresa, habiendo generado déficit público todos los años desde hace ya varias décadas. En 2020, este descuadre llegó al 9,6% del PIB; en 2021, al 7,2%; mientras que se espera que supere el 5% en 2022 y el 3% en 2023.
En cuanto a las previsiones de crecimiento, Meloni deberá enfrentarse a un riesgo real de recesión económica, tal y como ha vaticinado el FMI, si bien los datos oficiales hablan de que el PIB italiano crecerá alrededor de medio punto. En cualquier caso, unos objetivos muy inferiores a los que se esperaban hace solo unos meses. Todo ello, mientras que el empleo se sitúa en el 7,8%, la tercera tasa más elevada de toda la OCDE, solo por detrás de España y Grecia.
Paralelamente, la inflación sigue acechando, con unas alzas de precios que no se veían en Italia desde los años 80. El IPC interanual se situó en septiembre en el 8,9%, con un acumulado del 7,1% desde enero, y se espera que continúe por encima del 4% en 2023.
El plan de Meloni: ¿realista?
"Va a ser extremadamente difícil". "El nuevo gobierno llega en un mal momento". "Hay muchas nubes en el horizonte". "No hay mucho por lo que ser optimista". Estos son los vaticinios de algunos de los expertos consultados por Financial Times sobre la llegada de Meloni al poder. Y no van desencaminados, porque el complicado entorno macroeconómico no le podrán las cosas a la derecha transalpina, que tendrá el reto de impulsar el crecimiento, pero sin poner el riesgo de las deterioradas finanzas públicas.
Si analizamos el programa suscrito por los 4 partidos ganadores, los objetivos parecen claros: Meloni y compañía quieren reducir los impuestos. "Reducir la presión fiscal sobre familias, empresas y autónomos" es una de las premisas del plan fiscal de la derecha, así como promover una "paz fiscal" para los contribuyentes que deban dinero a la Hacienda italiana, o seguir el principio de "quien más contrate, menos paga" para favorecer fiscalmente a las empresas que amplíen sus plantilla.
Yendo más a lo concreto, la coalición aboga por convertir el impuesto de la renta en un flat tax, de forma que quien cobre menos de 100.000 euros se someta a un tipo único que podría rondar entre el 15 y el 20%. Este flat tax, que ya se aplica en la declaración de IVA de las empresas, pasaría a regir también el IRPF y el impuesto de sociedades.
Además, Meloni promete reducir el IVA a los productos y servicios infantiles, a los productos de primera necesidad y a los productos energéticos, así como introducir "progresivamente" unos "cocientes familiares" en el IRPF, de forma que este tributo tenga en cuenta el número de personas que conforman la familia. Esto redundaría en importantes rebajas en el monto final a abonar a Hacienda, especialmente en familias con varios hijos o en las que solo trabaje uno de los progenitores.
Ahora bien, si Meloni quiere que estas promesas de rebajas de impuestos sean viables y sostenibles, teniendo en cuenta el estrecho margen que le ofrece el estado actual de las cuentas públicas, deberá aplicar un sólido programa de contención del gasto público. ¿Es esto lo que propone la coalición de derechas? Pues, atendiendo a sus propuestas, parece que todo lo contrario.
En este sentido, el programa de la derecha italiana, lejos de hablar de ningún recorte de gasto, plantea incrementar la cartera de servicios de la sanidad pública, así como aumentar las pensiones mínimas, las asistenciales y las de invalidez. También contemplan un aumento en las ayudas a la infancia y las familias, hasta la equiparación con la media europea, hacer gratuitas las escuelas infantiles o ayudar a los jóvenes para que paguen la entrada de la hipoteca.
Asimismo, se plantea, por ejemplo, la construcción de vivienda pública en los suburbios de las ciudades y construir más residencias universitarias y escuelas públicas. Y para más inri, Meloni defiende que el Estado se haga con la gestión y propiedad mayoritaria de empresas estratégicas como ITA Airways o Telecom Italia, y así evitar que compañías extranjeras obtengan el control mayoritario.
Ante este panorama, la nueva presidenta del Gobierno tendrá tres opciones, y todas ellas implican un incumplimiento de su programa electoral:
- La primera, que continúe con su plan de ayudas y aumento de gasto público, pero sacrificando la rebaja de impuestos, e incluso subiéndolos.
- La segunda, que siga adelante con la rebaja de impuestos, dando marcha atrás a sus propuestas de gasto y sustituyéndolas por un programa de contención del mismo.
- Y la tercera, que baje sustancialmente los impuestos sin renunciar a los programas de gasto, generando un mayúsculo agujero en las cuentas públicas en un momento en el que el BCE está dejando de comprar deuda pública, lo que dispararía el coste de financiación y el riesgo de quiebra nacional. Algo que, salvando las distancias, ya le ha ocurrido a la británica Lizz Truss, que se ha visto obligada a renunciar a su cargo de primera ministra tras el pánico que su plan fiscal generó en los mercados. Seguro que esta no su opción favorita.