La mecha política la prendieron ERC y Bildu. Y ahora se suma Junts para reclamar a Sánchez la entrega inmediata de algo sobre lo que no tiene capacidad plena de decisión el Gobierno: 12.000 pisos en Cataluña de los bancos y la SAREB. La mitad de la SAREB es de las entidades financieras -bancos y aseguradoras, no del Estado- y se gestiona desde esa sociedad para conseguir devolver el dinero que le costó a los ciudadanos el rescate de las cajas de ahorros. En caso de pasar a las CCAA será más que difícil que se use ese dinero para recuperar el importe del rescate financiero.
Junts ha reclamado este dinero por medio de un documento registrado en el Congreso de los Diputados. El texto, bajo forma de proposición no de ley, asegura que "uno de los pilares del estado del bienestar es el derecho a tener una vivienda digna, una situación que se ha visto muy afectada por diversos factores globales que han llevado a que el precio de alquiler de las viviendas haya alcanzado unos valores realmente inaccesibles por gran parte de la población del territorio catalán".
Junts, heredera de la vieja CiU y que ha gobernado en solitario o en alianza con ERC la inmensa mayoría del periodo democrático, habla ahora de que "este derecho a una vivienda digna, para algunos ciudadanos de Cataluña, no es una realidad. En Cataluña existen más de 5.570 personas sin hogar y más de 1.770 personas en riesgo de exclusión social". Y añade que "muchas familias están afectadas con cláusulas abusivas y ejecutadas con una legislación contraria a los estándares europeos, sin importar la existencia de menores o personas mayores dependientes".
Por eso, Junts reclama ahora "impulsar un plan para aumentar el número de viviendas sociales comprando viviendas en manos de entidades financieras, exigiendo el traspaso del patrimonio que la SAREB tiene en Cataluña".
Y la Generalidad de Cataluña "estima que la SAREB —la sociedad creada en el 2012 para dar salida a los activos tóxicos de la banca— dispone de más de 12.000 viviendas en Cataluña como fruto del rescate de varias entidades bancarias con recursos públicos". Lo cierto es que el rescate sólo fue a cajas de ahorros, no a bancos. Y, para colmo, una de las que más dinero ha costado a los ciudadanos ha sido Caixa Catalunya, la caja por excelencia tomada por el poder político en Cataluña.
El partido del prófugo golpista Carles Puigdemont afirman que "en varias ocasiones desde la Generalidad se ha planteado, por carta y en conferencias bilaterales con el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, la necesidad y urgencia de estudiar mecanismos que conduzcan a la cesión a las comunidades autónomas de la totalidad del patrimonio inmobiliario de la SAREB que, por sus características, pueda ser destinado a vivienda social". Y lamentan que "hasta ahora, la cuestión planteada no ha tenido la respuesta que esperábamos por parte del Ministerio competente en materia de políticas de vivienda".
Por todo ello, Junts exige "ceder los casi 12.000 pisos que tiene la SAREB en Cataluña a la Generalidad de Cataluña".
Bildu y ERC reclamaron hace poco menos de un mes hacerse con el control autonómico de la SAREB, el denominado banco malo que acumuló los activos inmobiliarios teóricamente tóxicos en la crisis subprime para sacarlos de las cajas de ahorros. Lo cierto es que esos activos valían a cierre de 2020 un total 31.510 millones de euros. Y, de ellos, el 50,14% pertenece al FROB (entidad pública). Todo el resto de la Sareb no pertenece a entidades públicas: pertenece a los bancos y aseguradoras españolas. Pero todo ello lo quieren los socios de Pedro Sánchez con un supuesto fin: convertir los inmuebles en viviendas sociales y alojar en ellos a los okupas que se vayan desalojando.