El gobierno de Giorgia Meloni ha empezado a tomar decisiones en materia económica. Una de sus primeras medidas ha cogido por sorpresa a muchos observadores internacionales, puesto que se trata de la reversión de una política que vienen asumiendo prácticamente todos los gobiernos del mundo. Se trata de la limitación legal de los pagos en efectivo, que, en vez de ir a más, va a verse relajada en el país transalpino.
Hasta ahora, el umbral de referencia era de 2.000 euros, aunque en 2023 estaba prevista una nueva reducción, hasta un máximo de 1.000 euros por transacción. Sin embargo, Meloni y su gabinete han confirmado que tienen previsto elevar esta cifra hasta los 5.000 euros. El aumento cuenta con el beneplácito de su formación, Hermanos de Italia, y de los otros dos partidos que conforman el gobierno, Forza Italia, que lidera el incombustible Silvio Berlusconi, y La Liga, en manos de un Matteo Salvini que quiere ir incluso más allá y fijar el límite en 10.000 euros por operación.
No hay que olvidar que Matteo Renzi, ex primer ministro electo por el Partido Democrático de centro-izquierda, aprobó en 2015 el aumento del límite aplicable a los pagos en efectivo, desde los 1.000 hasta los 3.000 euros. Entonces, el Banco de Italia advirtió de la posible "incidencia sobre la economía sumergida" y alertó de un "posible aumento de la evasión fiscal".
Sin embargo, la recaudación fiscal pasó de 709.476 a 716.129 millones entre 2015 y 2016, para aumentar nuevamente a 726.707 millones en 2017 y a 739.094 millones en 2018. Pese a ello, el gobierno de Giuseppe Conte optó por reducir el tope en 2019 hasta situarlo en 2.000 euros, antesala de la rebaja a 1.000 euros que planteó su sucesor Mario Draghi de cara a 2023.
Meloni se ha defendido de las críticas citando las declaraciones de Pier Carlo Padoan, un prestigioso economista que ocupó cargos de responsabilidad en la OCDE y y fue ministro en 2016, bajo gobierno de Renzi. Según argumentó entonces Padoan, no es cierto que exista una correlación entre reducir el umbral máximo de los pagos en efectivo y recortar la incidencia de la evasión fiscal.
Obviamente, las entidades financieras y los servicios de pago prefieren que todo el gasto se ejecute con tarjetas, puesto que ello aumenta su negocio. De igual modo, los gobiernos creen que esto les asegura más recaudación y más posibilidad de controlar la actividad económica y financiera. No obstante, estos argumentos chocan con la evidencia de países como Alemania y Austria, donde no se ponen límites al uso de dinero en efectivo y las cifras de economía sumergida se sitúan entre las más bajas del mundo.
Por otro lado, expertos en el análisis de la economía "en B" como Friedrich Schneider han señalado reiteradamente que uno de los factores clave para reducir la economía sumergida es la percepción de eficiencia en el gasto público. Dicho de otro modo: si empresas y familias creen que el dinero público se despilfarra, serán menos proclives a pagar impuestos. Habida cuenta del vínculo positivo entre eficiencia pública y crecimiento económico, parece más sensato centrar el tiro en dicho reto y consolidar los presupuestos antes que imponer restricciones al efectivo y subir impuestos.
Hasta el BCE ha reconocido que las limitaciones de los pagos en efectivo "pueden crear dificultades a aquella parte de la población italiana que no tiene una cuenta corriente ni otros medios electrónicos para hacer compras". De hecho, sus informes sobre esta cuestión han reconocido que "está por demostrar que las limitaciones del efectivo en Italia hayan resultado eficaces en la lucha contra la evasión fiscal".
Otras medidas
Meloni también se ha pronunciado a favor de lograr una suerte de "paz fiscal" a base de recortar las multas que impone el gobierno, tanto por incumplimientos de índole administrativo como por motivos fiscales. En la misma línea, la primera ministra se ha mostrado partidaria de ayudar a liquidar las deudas tributarias pendientes de pago.
El nuevo gobierno también quiere ayudar a los autónomos. La idea es aplicar un flat tax o tarifa plana del 15% a los trabajadores por cuenta propia que tengan un volumen anual de negocio inferior a los 100.000 euros. Meloni, Berlusconi y Salvini han hablado de extender el flat tax al resto de trabajadores, aunque de momento no se considera que haya margen fiscal para lograrlo, habida cuenta de la elevada deuda pública que asume el nuevo Ejecutivo, en el entorno del 150% del PIB.