Después de más de dos años y medio con su piso okupado, Gala ha recuperado por fin la vivienda a la que, tras quedarse sin empleo, aspiraba a mudarse con su hija. Para esta madre soltera de Barcelona, sin embargo, se trata de una victoria agridulce, ya que lo que se ha encontrado al regresar a su casa dista mucho de aquel coqueto dúplex que decidió poner momentáneamente en alquiler a principios de 2020. "Me han dejado un piso en el que no se puede entrar a vivir", lamenta mientras se hace la pregunta que cada día se repiten cientos de afectados por esta lacra: "¿Y ahora quién me paga a mi todo esto?".
Tras retrasar el lanzamiento por la presión de los grupos antidesahucios y las medidas adoptadas por el Gobierno para proteger a los teóricamente vulnerables, el pasado jueves la Justicia por fin consumó el desalojo de sus inquiokupas, una familia de madre ucraniana que no dudó en aprovechar la reciente invasión de Rusia para recabar apoyos, a pesar de que llevaban sin pagar el alquiler desde marzo de 2020, apenas un mes después de entrar a vivir en el piso de Gala.
Daños, suciedad y cosas robadas
Nada más acceder a su vivienda, la propietaria ya se dio cuenta de los numerosos destrozos que le habían ocasionado, además de que se habían llevado consigo todo lo que consideraron que podía tener algún valor: desde los radiadores, hasta la caldera, pasando por cortinas, lámparas y grifos. Así lo constatan los vídeos y fotografías que Gala ha facilitado a Libre Mercado y en los que, además, se percibe la suciedad que han dejado a su paso.
La puerta de entrada está completamente agujereada y rallada, al igual que las del resto de habitaciones. La cocina, desmantelada, mientras que en el tendedero se percibe un gran destrozo en la pared, de donde han arrancado literalmente la caldera que proporcionaba el agua caliente y la calefacción a la vivienda. En el salón y en las habitaciones también faltan los radiadores e incluso las cortinas. El sofá cama no se lo han llevado, pero sí han vertido en él una especie de pintura que difícilmente se podrá quitar. De otro de los sillones se han encargado los perros y gatos que tenían en casa.
En los baños, sus inquiokupas han arrancado los grifos y hasta la ducha. Se intentaron llevar el radiador toallero, pero no fueron capaces. De las habitaciones también han desaparecido las lámparas y algunos muebles, mientras que las paredes de toda la casa muestran numerosos daños que requieren mucho más que una mano de pintura. "Aquí hay mucho trabajo", lamenta Gala.
Dos años y medio de lucha
Tal y como ella misma relató a LM, los problemas comenzaron en marzo de 2020. Después de un mes en su piso, la última familia que había llegado le dijo que se iba. Su sorpresa llegó al ir a recoger las llaves, ya que entonces comprobó que lo que habían hecho era cambiar la cerradura. No volvieron a pagar más. Tras acudir a los tribunales, Gala consiguió que en septiembre de 2021 la Justicia le diera por fin la razón. El desahucio se fue retrasando por diversas cuestiones, hasta que la fecha se fijó finalmente en mayo de este pasado año. Con lo que Gala no contaba era con la presión y manipulación de las distintas plataformas que apoyan a los okupas.
"Cuando llegamos con la comitiva judicial, nos encontramos a mucha gente de sindicatos y asociaciones que decían que la casa era de un banco y que los que estaban dentro eran una familia vulnerable", recuerda indignada. Aprovechando que la mujer era ucraniana, se aferraron al relato de que era gente que había venido a España huyendo de la guerra: "Era mentira, llevaban aquí dos años -subraya Gala, cuya madre también es ucraniana- Los okupas son ellos y la vulnerable soy yo". Sin embargo, el revuelo que organizaron entre otros el llamado Sindicat d’Habitatge de Cataluña les sirvió para ganar tiempo una vez más. "La Policía nos dijo que había mucha gente, que eran muy agresivos y no podían asegurar nuestra integridad, así que insistieron en que lo mejor era que nos fuéramos", relata Gala.
El chantaje de los antidesahucios
Antes de que el pasado jueves se consumase finalmente su desalojo, este sindicato trató de chantajearla. Tal y como reflejan las capturas de pantalla que ella misma ha mostrado a Libre Mercado, los antidesahucios la amenazaron con denunciarla si no accedía a llegar a un acuerdo que dejase al margen a la Justicia. Su intención era buscarle las vueltas de cualquier manera: comprobando si había registrado el contrato y la fianza e incluso revisando el tipo de licencia del que disponía para alquilar el piso. "Las multas son de hasta 100.000 euros", le llegaron a decir.
Gala, sin embargo, eludió responder a los mensajes y, afortunadamente, esta vez, las asociaciones ni siquiera se presentaron en su piso el día del desahucio, por lo que finalmente pudo recuperarlo. Los okupas, eso sí, huyeron por la ventana antes de que abrieran la puerta. Ahora será ella la que tendrá que hacer frente a todos los gastos para poder dejar su casa tal y como la alquiló en 2020, algo que desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación denuncian de forma reiterada. A su juicio, es imprescindible que el Gobierno apruebe de una vez por todas una ley antiokupas que no solo acorte los plazos para poder desalojar a aquel que comete un delito, sino que también indemnice a las víctimas por los daños ocasionados y el dinero perdido.