Alberto Garzón continúa copando titulares por una de las únicas labores que se le conocen a su cartera de Consumo: la de lanzar campañas informativas, en los medios de comunicación y las redes sociales, contra las actividades que considera perniciosas, así como monitorear y perseguir su actividad.
La última del Ministerio liderado por el líder de Izquierda Unida se trata de la adjudicación de un contrato de más de 43.000 euros del contribuyente para elaborar un estudio sobre la oferta del sector de entrega de comida a domicilio. El informe se ha encargado a la empresa Field Work and Data SL y tiene el objetivo de dilucidar si la oferta de estas plataformas, como Glovo o Just Eat, es saludable para el consumidor.
Tal y como ha podido comprobar Libre Mercado, la licitación se aprobó el pasado martes 15 de noviembre por un importe exacto de 35.916 euros, que, sumándole impuestos, se queda en 43.337 euros, si bien el Ministerio de Consumo pretendía gastarse un máximo de 55.558 euros.
Según el pliego, Garzón quiere saber cuáles son los 30 alimentos que más se piden en estas plataformas, así como la composición de los 10 menús más populares o recomendados por las apps, además de los que tienen más ofertas, los que están destinados a la población infantil o los que se consideran healthy. Asimismo, quiere saber todos los detalles sobre lo que piden los consumidores en cada tipo de ciudad y para cada tramo de renta: los tamaños de los menús, su peso, los precios, la información nutricional, los fabricantes, las marcas... Y, además, tiene prisa por conocer los datos lo más rápido posible, por lo que ha fijado un plazo máximo de ejecución del informe de 45 días.
Por el momento, se desconocen los motivos que tiene el ministerio de Consumo para recabar toda esta información. ¿Quizás un nuevo impuesto a las plataformas de delivery? ¿Nuevas regulaciones y prohibiciones para el sector? ¿Alguna campaña para concienciar a los ciudadanos?
Contra las apuestas mientras promociona Lotería
Por otro lado, el ministerio de Alberto Garzón también ha llevado a cabo una campaña para advertir a la ciudadanía sobre "los riesgos del consumo de juegos de azar y apuestas". La empresa adjudicataria que se ha llevado el contrato ha sido la agencia estadounidense MRM, a través de su filial española MRM Worlwide, S.A. Esta se ha embolsado 195.700 euros, importe que asciende hasta los 236.797 euros sumando los impuestos, aunque el Ministerio estaba dispuesto a gastarse hasta 280.000 euros.
El pliego de prescripciones de la adjudicación estipula que la campaña incluye un spot para televisión, internet y cine, así como una cuña de radio o spotify, además de medios gráficos, una campaña en redes, y materiales tipo display.
Además, la cartera de Garzón deja claro cuál debe ser el público objetivo de la campaña: "hombres residentes en España, de entre 18 y 35 años, con ingresos bajos o medios, que han consumido en algún momento de su vida juegos de azar o apuestas o se sienten atraídos por la idea de hacerlo, ya sea por motivos económicos o de ocio".
"No apuesto tanto, pero
No me he enganchado, pero..."Los problemas con el juego siempre empiezan con un #PERO. pic.twitter.com/NSvlhxv9IE
— Ministerio de Consumo (@consumogob) November 14, 2022
Como resultado, el trabajo elaborado por MRM para Consumo ha producido, como elemento central de la campaña, un videoclip musical de 45 segundos. Este retrata a ritmo de cumbia alguna de las excusas que, a juicio del Ministerio, ponen los adictos al juego: "Es algo inofensivo para desconectar", "no estoy enganchado" o "si pierdo lo recupero".
Esta campaña del Ejecutivo ha sorprendido a muchos por el hecho de que la propia Administración, mientras persigue al sector del juego, promueve el mismo por la puerta de atrás, lucrándose con Loterías y Apuestas del Estado, entidad que financia al Estado a costa de sorteos como la Lotería de Navidad o apuestas deportivas como La Quiniela. Solo en 2021, Loterías obtuvo un beneficio de 1.944 millones de euros, mucho más que lo que gana el sector de las apuestas deportivas en España.