El pasado 22 de noviembre tuvo lugar la última subasta de renovables que puso en marcha el Ejecutivo, para continuar con sus objetivos de transición energética hacia una generación libre de emisiones de carbono y kilowatios nucleares. Esta subasta se convirtió en noticia de alcance al quedarse vacía.
La pregunta esencial es ¿por qué? En anteriores ocasiones las grandes eléctricas habían peleado con ahínco por adjudicarse la instalación de potencia renovable en suelo patrio. Tanto es así, que manifestaron su malestar por el éxito de players como Forestalia, un "David" que se llevó las subastas frente a las multinacionales (Goliat) haciendo ofertas sin subvención para conseguir los contratos.
Libre Mercado ha estado en conversaciones con fuentes del sector energético abiertamente molestos con el Ejecutivo de PSOE y Podemos por su decisión de castigar al sector eléctrico. "¿Quieren subasta renovable? ¡Que inviertan ellos!", señala una de estas fuentes visiblemente molesto con el Gobierno.
Poco después de la subasta, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, afirmó que el resultado fue "lamentable". Según dijo, "aunque la función del Gobierno es lograr un mayor volumen de energía a menor precio debería haber tenido en cuenta el momento en el que estamos".
El sector está irritado, muy molesto. En algunas de las empresas más destacadas, incluso hay cabreo. En Iberdrola, Ruiz-Tagle se quejaba de la inseguridad regulatoria que genera el Gobierno con el incremento en los costes de generación y los retrasos en la concesión de los permisos administrativos para desarrollar los proyectos.
En petit comité y a micrófono cerrado, responsables de primer nivel de distintas compañías expresan su hartazgo ante la persecución que el Gobierno ha emprendido contra un sector crucial para el normal funcionamiento del país. "De nosotros depende el abastecimiento de energía, y nos cuesta un gran esfuerzo garantizar no sólo el suministro sino tratar de obtenerlo al precio más competitivo con los mimbres que tenemos", se desahogan. Por eso, consideran que no es de recibo que el Gobierno demonice a las eléctricas, hable de beneficios caídos del cielo y continúe castigando al sector con impuestos.
Finalmente el pasado 10 de noviembre se aprobó el impuesto a las eléctricas y éstas han respondido dando la espalda al Ejecutivo.