El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dará hasta 150.000 euros a las pequeñas y medianas empresas que implanten una reducción mínima del 10% de la jornada laboral y mantengan este plan durante, al menos, dos años. Eso sí, no podrán reducir el salario de sus empleados: trabajarán menos cobrando lo mismo.
El Gobierno, que ya envió en junio a consulta pública el proyecto de orden que regulará el impulso de la jornada laboral de cuatro días, lanzará la convocatoria de ayudas "la semana que viene", según confirmó ayer martes la ministra de Industria, Reyes Maroto.
Maroto dijo que el Ejecutivo ha estado testando este plan piloto de ayudas con una "muestra" de empresas y "la recepción ha sido muy positiva". A su juicio, esta iniciativa, experimental de momento, puede ayudar a "mejorar la productividad y la competitividad de las empresas", "abordando una reducción de la jornada laboral manteniendo las condiciones laborales", y "explorando nuevos modelos de relaciones laborales en los que la semana de cuatro días está ya en muchos países, especialmente pymes".
Según la titular de Industria, una vez que se cierre la convocatoria, se hará un balance del volumen de peticiones y de los resultados del plan, y se verá si procede darle un mayor recorrido.
El proyecto se financiará con una partida de 10 millones provenientes de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y tendrá una duración mínima de 24 meses, destinándose las ayudas para que las empresas ejecuten determinados cambios en sus procesos organizativos y productivos. Este importe de 10 millones fue el acordado el año pasado entre el Gobierno y Más País, cuando los de Íñigo Errejón dieron su apoyo a los Presupuestos a cambio de que se incluyera una partida para estudiar la jornada laboral de 32 horas.
En total, las empresas beneficiadas por la subvención serán alrededor de 60 o 70 pymes, recibiendo cada una de ellas hasta 150.000 euros. Más País, sin embargo, estimaba que podrían sumarse al proyecto unas 160 empresas y beneficiarse más de 3.000 empleados en la primera edición del programa.
Por el momento, este proyecto piloto –voluntario– de la semana laboral de 4 días contará con el incentivo económico del Gobierno, pero persiste la duda de si el Ejecutivo puede acabar imponiendo el modelo promovido por Íñigo Errejón a todas las empresas, y sin compensarlas con ningún tipo de ayuda. Tal y como ya explicó Libre Mercado, esto supondría un grave riesgo, ya que una reducción en el número de horas trabajadas debe llevar aparejado un aumento de la productividad a fin de que los salarios no decrezcan. De lo contrario, obligar a las empresas a disminuir las horas trabajadas manteniendo los sueldos solo llevaría a reducir las tasas de rentabilidad y, consecuentemente, la inversión y el empleo en el medio plazo.
Además, muchas de las tesis del líder del Más País para defender el recorte unilateral de las horas trabajadas carecen de evidencia real. Por ejemplo, no es cierto que los más ricos se estén aprovechando de la mecanización y el aumento de la productividad para enriquecerse mientras mantienen en la miseria a los trabajadores, como llegó a apuntar el propio Errejón. Los datos nos confirman que las horas trabajadas han disminuido sustancialmente en las últimas décadas, sin necesidad de imposiciones estatales, especialmente en los países que han logrado elevar más su productividad. Además, son las propias compañías las que evalúan la idoneidad de la jornada de 4 días según su modelo de negocio, y algunas ya han apostado por este sistema sin necesidad de una ayuda estatal.
Prueba a gran escala en Valencia
La puesta en marcha del proyecto piloto del Ejecutivo llega apenas un mes después de que la ciudad de Valencia confirmara que probará la semana laboral de 4 días a gran escala durante un mes completo. Esta prueba tendrá lugar en abril de 2023 y, para materializarla, el consistorio de Compromís decretó que los lunes 17 y 24 de abril de 2023 sean festivos locales.
Así, serán no laborables todos los lunes de abril: 10 (Lunes de Pascua), 17 (festividad de San Vicente Ferrer) y 24 (se reubica por el 22 de enero, festividad de San Vicente Mártir, que cae en domingo), así como el 1 de mayo (Día del Trabajo), con lo que se acumularán cuatro semanas consecutivas con festivo en el primer día laboral de la semana.
El alcalde, Joan Ribó, propuso realizar esta prueba piloto a la Cámara Valencia, a la patronal CEV Valencia y a los sindicatos para conocer la respuesta que tiene esta experiencia, sin entrar en ningún tipo de negociación colectiva entre trabajadores y empresarios, una cuestión que no es competencia municipal.
El programa piloto para incentivar la reducción del tiempo de trabajo en las empresas valencianas tiene como objetivo testar la mejora de la productividad, de la conciliación familiar y del bienestar laboral, así como conocer patrones de movilidad y usos energéticos más responsables y sostenibles.
Desde la patronal CEV Valencia, su presidenta, Eva Blasco, criticó que la acumulación de festivos en el periodo de un mes "complica" la organización de personal y servicios, mientras para el pequeño comercio la prueba piloto "es impensable" dado el tamaño de las plantillas y la presencialidad necesaria.