El anteproyecto de Ley de Función Pública ha sentado como un jarro de agua fría entre los sindicatos de funcionarios, que ya este miércoles lamentaban que el Gobierno se hubiera sacado de la manga una nueva evaluación por desempeño que, de suspenderla, les haría perder su puesto de trabajo. Se trata de una especie de examen anual de carácter obligatorio que también repercutirá en los salarios.
A falta de que la futura ley se desarrolle, fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública aseguran a Libertad Digital que si bien el salario base "nunca estaría en cuestión", la remoción sí podría afectar al complemento por desempeño y al complemento de carrera, esto es, el que va asociado a los escalafones que el funcionario ha ido subiendo a lo largo de su trayectoria.
Ante la polémica suscitada, desde el ministerio que dirige María Jesús Montero prefieren ser cautos y emplazar a una futura negociación con los sindicatos los detalles que aun quedan por concretar. Sin embargo, todo parece apuntar que la intención del Gobierno es que, de suspender la evaluación por desempeño, los funcionarios pierdan al menos ese complemento.
Lo que está en el aire todavía es si también se les restará total o parcialmente la mejora salarial vinculada a la última promoción y ese es precisamente el punto que podría ser más conflictivo, ya que, en ese caso, habría un agravio comparativo con los empleados que pertenecen a la escala más básica y que, por tanto, no cobran un complemento de carrera.
Las advertencias de los sindicatos
"La nueva ley no puede contener ninguna restricción de los derechos ya adquiridos y consolidados", advertía este miércoles la secretaria del sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO, Elisa Fernández. Tanto ella como su homólogo de UGT, Carlos Álvarez, se apresuraron a denunciar que la imposición de esta nueva evaluación por desempeño por parte del Gobierno era una decisión "gravísima e inaceptable".
A su juicio, la falta de concreción hace que las decisiones puedan llegar a ser "subjetivas": "Vamos a depender de que le caigas bien o mal a la persona que va a ser tu jefe y que te va a evaluar", advertían desde UGT, que lamentaban que el anteproyecto hubiera llegado al Consejo de Ministros "con prisas y sin la necesaria negociación colectiva".
En este reproche coincidían también desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que recordaban que "el Gobierno ha mantenido paralizada la negociación durante todo el año 2022" y que ahora se ha apresurado ha aprobarlo "en el último minuto" simple y llanamente para no perder "los fondos del Plan de Recuperación" de la Unión Europea.
La promesa del Gobierno
Ante la indignación generalizada de los funcionarios, el Ejecutivo trata ahora de llamar a la calma. "Todo esto se tiene que desarrollar con el Reglamento y por la Ley. La Ley ahora está en primera vuelta y precisamente en la negociación que ahora habrá con los sindicatos, porque la habrá -remarcan desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública- se discutirán todas estas cuestiones que les preocupan".
En los sindicatos, el enfado es mayúsculo. No esconden su malestar ni su desconfianza hacia un Gobierno que ha aprobado una cuestión tan polémica como esta a sus espaldas. Sin embargo, en vista de que lo que se juegan esta vez ya no son nuevas mejoras, sino perder lo que ya tenían, prefieren ser prudentes y esperar a que, esta vez sí, el departamento de María Jesús Montero cumpla su palabra.