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El coste de las trabas autonómicas asciende ya a 1.900 euros por hogar

La inflación regulatoria impone costes millonarios, reduciendo el PIB en 36.000 millones de euros.

La inflación regulatoria impone costes millonarios, reduciendo el PIB en 36.000 millones de euros.
La acumulación regulatoria deprime la actividad en 36.000 millones. | Pixabay/CC/Geisteskerker

Si el español medio se plantea el reto de leer todas las nuevas leyes y regulaciones aprobadas en España durante el año 2021, encontrará que necesita 458 días de lectura ininterrumpida para recorrer más de 1 millón de páginas y conocer los nuevos desarrollos normativos. Es evidente, pues, que lidiamos con un problema de primer orden, puesto que la actividad económica se desarrolla bajo un contexto de franca inseguridad jurídica y la acumulación regulatoria no para de acrecentarse conforme pasan los años y las disposiciones autonómicas crean un problema más hondo, al fragmentar un mercado interno cada vez menos cohesionado.

En este sentido, el Instituto de Estudios Económicos acaba de publicar su Informe de Coyuntura de Diciembre de 2022 y, en el marco de dicho trabajo, ha realizado una estimación que eleva a 36.000 millones el coste derivado de la fragmentación normativa que estaría provocando la proliferación de tantas leyes y regulaciones.

"Un elemento clave para la mejora de la libertad económica y, en especial, para garantizar la libertad de empresa es la mejora del marco regulatorio, y dentro de este, en España adquiere un papel muy relevante la cuestión de la fragmentación del mercado interior (…). En las últimas décadas se ha producido una gran proliferación normativa en nuestro país, que configura un marco legislativo excesivamente complejo, con los consiguientes perjuicios y costes para el tejido empresarial y la actividad económica", advierte el think tank asociado a la CEOE.

Para el organismo que preside Íñigo Fernández de Mesa y que dirige Gregorio Izquierdo Llanes, "este proceso de inflación normativa ha venido impulsado, principalmente, por la potestad legislativa de las comunidades autónomas, cuya normativa supone ya el 70% del volumen total de normas aprobadas en España. Un contexto que supone el caldo de cultivo para que aparezca el fenómeno de la fragmentación regulatoria y, por tanto, el quebranto de la unidad de mercado".

El informe advierte de que "los efectos económicos de esta fragmentación normativa se dejan sentir tanto a nivel micro como a nivel agregado. La fragmentación normativa genera sobrecostes para las empresas, obligando a estas a dedicar un importante volumen de recursos a entender y cumplir con toda esta regulación. Como resultado de todo lo anterior, se produce una pérdida de competitividad y de productividad para las empresas y para el conjunto de la economía".

En concreto, "el cumplimiento de cargas administrativas derivadas de esta fragmentación normativa supone costes para las empresas de entre el 1,5% y el 2,5% del PIB, mientras que la liberación de estos recursos y la mejora del marco regulatorio que se deriva de una reducción de la fragmentación normativa supondría un impulso sobre el crecimiento económico a largo plazo de entre el 1,5% y el 3% del PIB". Esa mejora del 3% del PIB que podría alcanzarse con la plena reversión del problema de la sobrerregulación equivale a 36.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, un aumento de la producción equivalente a 1.900 euros por hogar.

El IEE recuerda que esta cuestión no es ningún capricho ideológico, puesto que "los principales organismos internacionales, y en especial la Comisión Europea, vienen denunciando año tras año el coste que supone la fragmentación normativa existente en España". En el caso de Bruselas, sus informes-país han tendido a subrayar "el elevado nivel de restricciones y la heterogeneidad existente entre comunidades autónomas, instando a nuestro país a remover barreras innecesarias, mejorar la eficiencia de los procedimientos de autorización y reducir restricciones en cuestiones como los horarios de apertura".

Así, el documento explica que, aunque "los esfuerzos realizados en España en materia de reducción de la fragmentación normativa han estado centrados en la transposición de la Directiva de servicios y en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Si bien en el momento de su adopción por nuestro ordenamiento jurídico se observaron algunas mejoras, en forma de eliminación, por parte de las comunidades autónomas, de numerosas trabas innecesarias, lo cierto es que los avances han sido insuficientes. Para seguir avanzando en la aplicación de la parte que queda vigente de la Ley de Unidad de Mercado es necesario, en todo caso, una mayor cooperación y coordinación entre Administraciones en materia de unidad de mercado, mediante el obligado refuerzo del papel de las conferencias sectoriales que se recogía en la ley".

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