La Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada en 2021 por el gobierno de PSOE y Podemos obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a instaurar Zonas de Bajas Emisiones que prohibirán la circulación de vehículos sin etiqueta medioambiental en los núcleos urbanos de dichas localidades. Estas restricciones también serán aplicables a aquellos municipios de más de 20.000 vecinos donde se superen ciertos umbrales de contaminación.
En España hay 149 municipios que superan el umbral de 50.000 residentes. Si, además, se consideran las urbes con mas de 20.000 habitantes, encontramos que la cifra total de afectados potenciales asciende a unos 25 millones de habitantes o, lo que es lo mismo, el 53% de la población española. Y, en virtud de la normativa desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica, las restricciones asociadas a las Zonas de Bajas Emisiones van a entrar en vigor durante los próximos dieciocho meses.
Los coches que carezcan de una etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico o que entren dentro de la categoría A delimitada por dicho organismo se quedarán fuera de circulación dentro de las Zonas de Bajas Emisiones. En la práctica, esto significa que todos los vehículos de gasolina anteriores a 2001 y todos los coches de gasoil adquiridos antes de 2006 serán considerados demasiado antiguos y contaminantes y, en consecuencia, quedarán excluidos de acceder a las Zonas de Bajas Emisiones delimitadas en las poblaciones afectadas.
En sentido inverso, los vehículos eléctricos, los híbridos enchufables o los coches que funcionan con gas podrán moverse sin restricciones dentro de estos perímetros. Este privilegiado grupo de automóviles ha recibido la etiqueta cero emisiones o la etiqueta ECO, que permite moverse con libertad dentro de los perímetros ZBE.
Por otro lado, dependiendo del municipio, se podrán aplicar algunas restricciones diferenciadas a los coches que porten las etiquetas B o C. Los primeros son los de gasolina que se hayan matriculado a partir de 2001 o los de gasoil que hayan salido a circular de 2006 en adelante. Los segundos tendrían fecha de 2006 y 2015, respectivamente.
La nueva situación de Madrid
En el Ayuntamiento de Madrid, estas limitaciones serán aplicadas de manera generalizada a partir del 1 de enero de 2023. En idéntica situación están 20 de los 149 municipios de más de 50.000 habitantes que deberán desarrollar la norma. Sin embargo, el hecho de que el 87% restante haya anunciado que no hará una aplicación plena hasta mediados de 2024 ha generado críticas hacia la corporación de la Villa y Corte.
Fuentes municipales trasladan a este diario que la premura se debe al hecho de que Madrid no cumplía con los umbrales de emisiones que exige la Directiva Europea de Calidad del Aire, motivo por el cual se habría acelerado la implementación de las restricciones. Sin embargo, este mismo mes de enero Cibeles ha anunciado que Madrid sí está por debajo de los niveles que exige Bruselas, lo que a priori vendría a abrir la puerta a una posible moratoria que, en cualquier caso, no se ha aplicado.
Se da la circunstancia de que José Luis Martínez Almeida llegó a la alcaldía haciendo campaña contra las restricciones a la movilidad que había aplicado su antecesora. Sin embargo, la justicia impidió la reversión de Madrid Central que pretendía el alcalde popular. Ahora, la capital pasa a tener tres Zonas de Bajas Emisiones en plena aplicación.
La posibilidad de circular por las mismas queda delimitada del siguiente modo a partir del 1 de enero de 2023:
- En Madrid Central podrán entrar los residentes y los vehículos con etiquetas cero emisiones o ECO. La categoría B y C puede acceder a la zona si aparca dentro del perímetro. A los vehículos ligeros de mercancías de categoría B que accedan por trabajo a Madrid Central se les aplicará una moratoria en las sanciones hasta el 31 de diciembre.
- En Plaza Elíptica se permite que los coches de cualquier categoría circulen a través del perímetro sin restricciones. El acceso, en cambio, está limitado a los vehículos con etiqueta A.
- En la M-30, se vetará la circulación de los vehículos de categoría A pertenecientes a los no residentes. Esto significa que aquellos turismos que no estén domiciliados en la capital no podrán emplear la circunvalación para moverse por Madrid o atravesar la capital. Las multas pueden ser de hasta 200 euros y se vigilarán con más de cuarenta cámaras.
Además, a partir de enero de 2024, ningún vehículo de categoría A de fuera de Madrid podrá circular por todo el término municipal. Y, llegado 2025, la misma prohibición será aplicable a los vecinos de la capital que cuenten con un coche de estas características.
Mientras que Madrid implementará desde comienzos de 2023 las sanciones asociadas a la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, otras urbes como Ciudad Real o Zaragoza han comunicado moratorias de nueve y dieciocho meses, respectivamente. En Fuenlabrada tampoco habrá multas hasta julio de 2024, mientras que en Valladolid empezarán las sanciones en enero del año próximo. Badalona también se ha dotado de un año y medio de plazo para imponer los tickets reguladores. En Madrid sí se ha aprobado una suspensión cautelar de las medidas para los vehículos industriales y de mercancías de tipo B, quedando fijado el plazo de tal exención en doce meses, en vez de dieciocho. Se estima que esta decisión beneficiará a unos 50.000 usuarios.
Otro de los aspectos polémicos de la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones es el perímetro delimitado por los ayuntamientos. También en este aspecto hay cierto margen de maniobra para que los gobiernos municipales fijen una extensión más o menos amplia. De ahí que también haya generado revuelo el hecho de que Madrid plantee restricciones que llegarán a afectar a toda la M-30. De igual modo, van a más las quejas de las personas residentes en localidades cercanas a la capital que, por circunstancias laborales o personales, recorren las calles de la Villa y Corte pero enfrentan un volumen creciente de restricciones que, de hecho, irán a más en los próximos dos años.
Fuentes de Cibeles consultadas por Libre Mercado explican las restricciones aplicadas apelando a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a las obligaciones codificadas en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica. A renglón seguido, sacan pecho afirmando que Madrid ha cumplido por vez primera en su historia los requisitos de calidad del aire fijados en la Directiva Europea de Calidad del Aire que regula estas cuestiones desde 2008, fijando como umbral de referencia unas emisiones de 40 microgramos por metro cúbico. De igual modo, destacan que las estaciones que miden la calidad del aire reflejan una mejora del 22% bajo mandato de Almeida y sacan pecho por haber renovado con vehículos eficientes el 60% de la flota de la Empresa Municipal de Transportes. Además, destacan que 2022 "será el primer año en el que no se habrá activado ni una sola vez el protocolo para episodios por contaminación", que en cambio se aplicó dos veces en 2016, siete en 2017, cuatro en 2018, tres en 2019, una en 2020 y dos en 2021.
Sin embargo, es precisamente el hecho de que los indicadores evolucionen a mejor lo que está animando las críticas contra las restricciones. De hecho, esta es una línea central del enfrentamiento de Vox con la política del Ayuntamiento. El enfrentamiento en torno a esta postura ha llegado a tal punto que Cibeles ha terminado prorrogando los presupuestos, al no contar con apoyo por parte de los concejales que lidera Javier Ortega Smith. En este sentido, el gobierno municipal acusa a Vox de querer revertir las restricciones a cambio de implantar peajes de acceso a la capital. Por su parte, los de Ortega Smith responden insistiendo en la necesidad de derogar unas limitaciones impuestas "en nombre del fanatismo climático".
A las puertas de las elecciones municipales de mayo, la polémica está servida.