Las inmobiliarias de Baleares alertan del daño que el Gobierno de la socialista Francina Armengol está haciendo a las islas al resucitar el plan para tratar de impedir la compra de vivienda a aquellas personas -extranjeras o no- que no hayan residido allí al menos cinco años. A pesar de que las agencias están convencidas de que la medida no podrá implantarse, puesto que "va en contra de la legislación nacional y europea", advierten de que el simple hecho de volver a poner sobre la mesa esta idea ya está ahuyentado a extranjeros e inversores.
"Nuestros vecinos de Portugal, Italia e incluso de otras zonas de la península están encantados, porque ya están recibiendo un interés mayor, dado que aquí el mensaje que enviamos de cara al exterior es muy negativo, es un ‘no sois bienvenidos’", lamenta el presidente de ABINI, la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional. "Es una insensatez, una equivocación e incluso una irresponsabilidad, porque los promotores de esta medida saben que no la pueden sacar adelante, pero están creando un clima que puede hacer mucho daño, porque afecta a un sector económico que representa un 25% del PIB de Baleares y que mantuvo 100.000 puestos de trabajo, incluso durante la pandemia", insiste Hans Lenz.
El problema de Baleares
Con esta medida, Armengol y sus socios de Mès y Podemos, pretenden dar respuesta al gran problema de vivienda que existe en Baleares: poca oferta y precios muy elevados. Sin embargo, desde ABINI creen que es "injusto" que ahora se pretenda culpar o castigar a los extranjeros y a cualquier español que no resida en las islas: "Unos y otros han coexistido desde hace 40 años sin ningún tipo de problema. La mayoría de ellos tienen sus zonas, en donde los precios son completamente diferentes, y son clientes que muy rara vez entran en competencia con el comprador local".
Precisamente por eso, las inmobiliarias creen que la única razón para resucitar esta medida es "desviar la atención de la mala gestión a nivel de vivienda que ha habido en los últimos años, en un momento en el que se acercan las elecciones". No en vano, el presidente de ABINI recuerda que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 87% de los ciudadanos de Baleares desaprueba la política de vivienda del Gobierno autonómico, al que acusa de no haber hecho "nada" para impulsar la creación de vivienda.
"Llevamos años alertando sobre este problema y planteando muchas propuestas serias, pero ellos parece que prefieren desoír las alertas sobre el crecimiento de población", denuncia Hans Lenz, que asegura que, lejos de hacer caso a las advertencias del propio Instituto Nacional de Estadística (INE), Armengol y los suyos se han dedicado a "sacar 16 normas y decretos urbanísticos, muchos de ellos por vía de urgencia, que lo que han hecho es limitar todavía más la vivienda disponible".
Lo que dicen los datos
"Al ritmo de crecimiento actual, necesitaríamos 7.500 viviendas al año, y a duras penas producimos 2.200. Es más, en el mes de diciembre, los aparejadores han confirmado que se han iniciado 0 proyectos de apartamentos, de vivienda plurifamiliar, que es lo que más se necesita", insiste el presidente de ABINI, que hace hincapié tanto en la falta de vivienda social como en la nula colaboración público-privada que promueve el Gobierno regional para tratar de solucionar el problema.
Con todo, las inmobiliarias insisten en que "lo que se está haciendo no es lo más sensato" y de ahí el malestar que existe en numerosos sectores vinculados directa o indirectamente con el inmobiliario. "Nos han manifestado su preocupación desde compradores y vendedores hasta promotores, constructores, carpinteros, electricistas, herreros, abogados, notarios… Todos. Y mucha gente del sector turístico, porque esto se puede ver como una parte del sector turístico, que es el motor principal de estas islas y el que ha aguantado la economía aquí durante muchos meses. Y ojo, también los ingresos del Gobierno balear a nivel recaudación, porque no hay que olvidar que el impuesto de transmisiones patrimoniales recauda mucho dinero", recuerda Hans Lenz.
A priori, Armengol no tiene competencias para implantar la medida, ya que, a pesar de que es algo que ya se ha hecho en otros países extracomunitarios, iría en contra del propio tratado de anexión a la Unión Europea. "En Dinamarca hay una restricción a los extranjeros para comprar una vivienda, pero España no pidió esta exclusión en su tratado de anexión y, por tanto, ahora no puede introducirse unilateralmente desde Baleares sin más", explica el presidente de ABINI. Así las cosas, todo parece indicar que la última palabra la tendrá el Gobierno de Pedro Sánchez, el único que tiene la facultad de iniciar una negociación en Bruselas para solicitar una excepción.