El gobierno de PSOE y Podemos sigue discutiendo el contenido de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. Se trata de una pieza fundamental del pacto suscrito por ambas formaciones al comienzo de la legislatura y, de hecho, su texto inicial ya fue aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2022. Sin embargo, las discusiones dentro del Ejecutivo no han cesado y la tramitación de la Ley se ha atascado.
Ahora que empieza el nuevo curso 2023, y con las elecciones autonómicas y municipales previstas para el mes de mayo, en Moncloa quieren cerrar de una vez la negociación y darle luz verde al anteproyecto de Ley que luego será remitido a las Cortes para su debate y tramitación. Para lograrlo, el PSOE tiene previsto aceptar las nuevas medidas contra los propietarios de vivienda que vienen reclamando desde Podemos.
Para empezar, se pretende rebajar el criterio regulatorio que separa a un particular de un "gran tenedor" de vivienda. Hasta ahora, este segundo grupo de caseros aludía a aquellas personas o empresas que poseen más de diez inmuebles. Sin embargo, el nuevo criterio que pretenden fijar PSOE y Podemos situaría este umbral en la posesión de cinco activos.
En el texto que habían elaborado PSOE y Podemos, la figura de los grandes propietarios es clave, porque queda sujeta a la limitación de los precios del alquiler que quiere impulsar el Ejecutivo. Si socialistas y comunistas se salen con la suya, dicha categoría pasará a ser de aplicación a todos los particulares y mercantiles que sumen cinco pisos o casas en cartera, frente a los diez que se habían dado por buenos hasta ahora.
Si finalmente se aprueba este cambio, la Ley deberá ser aprobada en el Congreso y el Senado. Después, servirá como marco de referencia para que las comunidades autónomas puedan desarrollar el contenido de la norma. Para ello, deberán definir los barrios que se consideran "zonas tensionadas", es decir, áreas donde los precios de la vivienda hayan subido con más brío. En dichos espacios, sería posible aplicar la limitación de los costes del arriendo.
El gobierno avisa, eso sí, que la definición de las "zonas tensionadas" puede requerir de un año y medio de tramitación y papeleo. De igual manera, las comunidades gobernadas por el PP ya han anunciado que rechazan los planes del gobierno, alegando que invaden competencias regionales y actúan contra el derecho de propiedad. Y, no lo olvidemos, los límites aplicados a los precios del alquiler están generando mucha inseguridad jurídica y ya han sido matizados anteriormente por la justicia.
Pero la cosa no acaba ahí. Los socios parlamentarios del gobierno han dado a conocer ya más de ochocientas enmiendas que incluyen nuevas restricciones, como por ejemplo la obligación de reservar el 30% de las nuevas viviendas construidas en España a personas registradas en programas de vivienda protegida. Dicho de otro modo: si un promotor logra que se autorice la construcción de diez casas, tendrá que destinar tres de ellas a este tipo de regímenes especiales.
Y, por si no fuese suficiente, en las filas de la izquierda política y mediática también ha causado una grata impresión la decisión del gobierno canadiense de prohibir la compra de vivienda a ciudadanos y empresas extranjeras. A raíz de la tramitación de la nueva Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, no se descarta que cláusulas de este tipo terminen teniendo aplicación a nivel nacional.
Conviene recalcar que este tipo de limitaciones pueden ser aplicadas próximamente por el gobierno de las Baleares que, de hecho, está estudiando una propuesta del parlamento isleño que no solo vetaría a los compradores extranjeros, sino también a los españoles que no sean residentes en el archipiélago.