La alcaldesa de Barcelona, Ana Colau, continúa asfixiando a las empresas que operan en su ciudad con todas las armas que le otorga el cargo de regidora. El último gremio en sumarse a su lista de damnificados es el de las compañías de reparto. El plan de Colau consiste en golpearlas con una nueva carga impositiva con previsión de recaudar 2,6 millones de euros.
Bautizada como ya como la Tasa Amazon, la alcaldesa de la Ciudad Condal quiere empezar a gravar a todos los operadores postales que facturen más de un millón de euros desde el próximo mes de marzo. Amazon, DHL, UPS, Seur o MRW serán algunas de las víctimas.
Fue el pasado mes de diciembre cuando consistorio aprobó esta ordenanza fiscal por el "aprovechamiento especial del dominio público derivado de la distribución a destinos finales indicados por los consumidores de bienes adquiridos por comercio electrónico" reza el texto que ahora está pendiente de alegaciones.
Colau vende sus libros en Amazon y otras incoherencias
En la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO) han puesto el grito en el cielo con el nuevo impuesto de Colau. La patronal logística (que reúne a Amazon, DHL o Correos Express, ) han mostrado su rechazo absoluto hacia la tasa porque "se trata de un tributo discriminatorio, que incrementa los costes de un servicio de interés económico general y reduce las alternativas de venta de empresas minoristas de todos los tamaños, grandes y pequeñas, que se verán obligados a asumir mayores costes o a repercutírselos a sus clientes".
Desde el Ayuntamiento de Barcelona defienden que "el crecimiento del comercio electrónico propiciado por las grandes operadoras especializadas en los últimos años ha tenido un fuerte impacto en la actividad económica de Barcelona y, para satisfacerlo, se ha incrementado el tráfico rodado con un alto porcentaje de ocupación del dominio público local. La utilización del dominio público con esta finalidad genera congestiones en el tráfico urbano, más contaminación y distorsiona la competencia con el comercio de proximidad, que es el que favorece la convivencia, el empleo que no se deslocaliza y la seguridad de las calles".
Desde la patronal denuncian en un comunicado la incoherencia de Colau al usar de excusa la protección del comercio de proximidad para la aplicación de la tasa, cuando muchos de estos comercios son los principales clientes de las plataformas de reparto. "Pese a que el nuevo tributo se fundamenta en la necesidad de cubrir las desigualdades competitivas con el comercio de proximidad, este acabará viéndose afectado por la tasa" remarcan.
También avisan de que el nuevo tributo repercutirá en el consumidor final. "Independientemente de que sean las empresas que realizan el reparto las que se vean gravados por la tasa, los comercios que venden sus productos resultarán claramente perjudicados en términos de rentabilidad, así como los clientes que viven en las zonas afectadas, por lo que se trata de una medida inflacionista". Tampoco deja de ser llamativo que la propia Ada Colau venda sus libros en Amazon, la plataforma que tanto perjudica al pequeño comercio, según sus argumentos.
"Una medida antisocial"
Desde la patronal logística resaltan que "esta tasa ataca a los principios tributarios, porque el impuesto grava la actividad económica del operador postal en base a su facturación, y no el uso del dominio público como pretende defender el Ayuntamiento. Por tanto, los operadores postales deberán soportar una carga fiscal injustificada que no se ajusta a la realidad", ha indicado.
"Los servicios postales constituyen un servicio de interés económico general de gran importancia para la economía y la sociedad en su conjunto; unos servicios que llevan años mejorando su calidad y eficiencia y que se han orientado mejor hacia las necesidades de los usuarios, manteniendo su función en la promoción de la cohesión social y territorial", añaden.
13.000 pymes españolas venden en Amazon
La patronal también ha puesto en valor el papel de su sector a lo largo de la pandemia del coronavirus y la cantidad de negocios que crean. Además, en plena crisis inflacionista y con los precios del combustible todavía en niveles elevados afectando al transporte, no podía ser más inoportuno este tributo. "Durante los meses más duros de la pandemia, nuestro sector fue la salvación de muchos establecimientos y pymes, pues permitió que cualquier comerciante tuviese la oportunidad de seguir llevando sus productos a todo el mundo, generando riqueza y empleo. Somos la vía eficiente para que el pequeño comercio y las pymes tengan la posibilidad de abrir sus fronteras y vender más allá de su barrio, por lo que esta tasa solo lastraría su competitividad", han defendido.
De hecho, la propia Amazon ha tumbado el mito de que su compañía se come a los negocios pequeños con cifras: 13.000 pymes españolas venden en Amazon y emplean a un total de 35.000 personas para gestionar sus negocios de venta online. Además, más del 60% de estas empresas tienen su sede en provincias de España que no son ni Madrid ni Barcelona y 100 de estas pequeñas y medianas empresas superaron el millón de euros de ventas en Amazon por primera vez en 2021.
Por todo ello, UNO considera que se trata de "una medida antisocial, que además llega en un contexto de máxima incertidumbre y tensión económica. Incorporar nuevos costes lo único que hace es perjudicar a las empresas y, por tanto, frenar la creación de empleo; se trata de una medida que provocaría, en definitiva, una ralentización de la recuperación económica".
Colau la ha tomado también con los llamados supermercados y cocinas fantasma (en los que trabaja, por ejemplo, Glovo) y quiere prohibirlos. Los hoteles, los pisos turísticos, los cruceros o los patinetes también están entre los sectores enemigos de Colau.