La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue investigando la relación entre la adjudicación de la desaladora de Moncófar y la red de presunta financiación ilegal del PSOE denominada Azud. La planta en cuestión fue a parar a manos de una de las empresas de la trama B de los socialistas. De 2007 a 2009, los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pasaron de asignarle 18,6 millones en gasto público a nada menos que 54,3 millones.
El presupuesto público de la desaladora estaba controlada en última instancia por el ministerio de Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE nacional de Pedro Sánchez. Y su capacidad real ha quedado demostrada pasado y analizado ya todo ese periodo: la desaladora de Moncófar estuvo parada hasta 2019, 8 años después de su finalización. Y la inversión de dinero público en esta planta puede ser calificado sin miedo a exagerar de completamente inútil: con una demanda inexistente, se mantiene hoy en día con una operatividad real de un 2,7% de la capacidad total diseñada en su momento. Diseñada y pagada en los gastos y adjudicación, por supuesto.
La planta de Moncófar tiene una capacidad de casi 11.000.000 m3 pero, en estos momentos el consumo que nutre es de sólo 300.000 m3 (el 2,7%). De hecho, el objetivo actual, tres lustros después de la fecha de adjudicación de la desaladora, pasa por alcanzar 1.200.000 m3 para abastecer al grupo Stylnul "STN" (Cerámica).
En estos momentos la única población que se abastece de la desaladora es la propia Moncófar. Chilches, que también debería (y que también necesita suministro de agua para las fábricas de STN ubicadas en su territorio) ni siquiera tiene realizada la necesaria conducción.
Y todos estos gastos extra, por supuesto, se cargan al recibo de agua de los usuarios.
La relación con el caso Azud
La historia de esta desoladora empieza a centrar las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Azud. Esta planta fue a parar a manos de una empresa de la trama investigada por presunta financiación ilegal del PSOE. Y, de 2007 a 2009, los Presupuestos Generales del Estado diseñados por José Luis Rodríguez Zapatero, en plena crisis económica subprime, decidieron que había que elevar de forma vertiginosa su asignación de recursos públicos: desde 18,6 millones en 2007 a nada menos que 54,3 millones sólo dos años después. Además, pasados los años cercanos a las elecciones autonómicas, municipales y generales (2007 y 2008), el presupuesto público de la desaladora –controlada en última instancia por el ministerio de Cristina Narbona– volvió a descender y pasó a 46,8 millones en 2010.
La UCO ya ha comprobado una delatora relación de fechas sobre la concesión de esta desaladora de Moncófar. Y es que la adjudicación de la planta en cuestión, dependiente en última instancia de la entonces ministra y actual presidenta del PSOE de Pedro Sánchez, Cristina Narbona, se publicó oficialmente en el BOE el 16 de julio de 2008. La desaladora fue a manos de una de las empresas investigadas en la trama. Y el registro en el domicilio de José María Cataluña por parte de la UCO ha permitido localizar un documento con una anotación manuscrita sobre esa desaladora que incluye el nombre de la empresa que recibió efectivamente la adjudicación y hasta el importe de la operación. Y la anotación está fechada el 25 de enero de 2008, medio año antes de la publicación en el BOE de la adjudicación.