El Congreso debate esta tarde la aprobación definitiva al Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, por el cual el Ejecutivo establece una serie de "medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral". Mediante este procedimiento, el Gobierno de Sánchez planea sacar adelante su plan ahorrándose la petición de informes a órganos consultivos y acortando los trámites parlamentarios.
Además del controvertido método elegido por el Ejecutivo para aprobar su ley de incentivos, destaca el hecho de que las medidas "urgentes" incluidas en la misma no tienen, en muchos casos, el propósito de mejorar o incrementar los incentivos a la contratación, sino todo lo contrario. Es, por ejemplo, lo que ocurre con las ayudas a la sustitución de mujeres embarazadas.
Hasta ahora, cuando una persona entraba a trabajar con motivo de la sustitución de una mujer embarazada, se aplicaba una bonificación total de las cuotas a la Seguridad Social a pagar por la empresas. De esta forma, se reducían los costes de las bajas de maternidad y se incentivaba así a las compañías a no discriminar en la contratación de mujeres.
Sin embargo, la nueva legislación –que deroga la anterior, y tendrá efecto a partir del próximo mes de septiembre– introduce una nueva bonificación fija de 366 euros, lo que pasaría a cubrir solamente cerca de la mitad de las aportaciones que la empresa tiene que abonar por el trabajador.
Así, los 366 euros mensuales que bonificará la nueva legislación se aplicarán únicamente en casos de contratos temporales que se celebren con personas jóvenes desempleadas y menores de 30 años para sustitución de trabajadoras embarazadas o durante los permisos de maternidad o paternidad. Esa cantidad se bonificarán también de las cuotas a la Seguridad Social de la persona sustituida.
Es decir, mientras que hasta ahora la bonificación se aplicaba independientemente de la persona contratada para la sustitución, con la nueva ley solo se deducirán las cuotas si se contrata a una persona joven en paro. Y además, la bonificación ya no será del 100% de las cuotas a la Seguridad Social, sino de un fijo de 366 euros.
Críticas de PP y VOX
El Partido Popular ha sostenido que la nueva bonificación para los contratos de sustitución en caso de embarazos o permisos de maternidad o paternidad supone un "ataque a la igualdad de oportunidades".
Concretamente, durante la tramitación parlamentaria del Real Decreto-ley, el diputado del PP José Ignacio Echániz Salgado ha exigido a la ministra Yolanda Díaz, que comparezca de manera extraordinaria para explicar la medida. "Más costes sociales significan menos empleabilidad para las mujeres. Necesitamos menos cargas y más apoyos a la maternidad. Esto es un grave error, un retroceso que perjudica a la conciliación", ha sentenciado.
Echániz ha explicado que la base media de cotización para una mujer de entre 30 y 34 años, la edad más frecuente para la maternidad en España, es de 1.974 euros. Si se calcula el 34,73% del tipo medio de cotización, el coste en cotizaciones para la empresa asciende casi a 700 euros mensuales, por lo que la bonificación de 366 euros cubriría en torno a un 52% de las cotizaciones.
Por su parte, el sindicato Solidaridad promovido por Vox, ya criticó el recorte de bonificaciones, aludiendo a un "nuevo ataque a las familias". La organización alegó que la ley "perjudica especialmente a las mujeres y su empleabilidad", penalizando la natalidad. "Medidas como estas son las que provocan la brecha salarial", indicaban desde el sindicato.
El Gobierno defiende el recorte
Pese a las críticas de la oposición, los socios del Gobierno de coalición han salido en defensa del decreto de incentivos a la contratación. Así, Aina Vidal, de Unidas Podemos, ha incidido en que el objetivo del decreto pasa por fomentar el empleo de calidad y también para evitar transferencias de fondos públicos a empresas privadas. "Salgamos del bucle de incentivar por incentivar sin control alguno, sin sentido ni evidencia científica", ha apuntado.
De su lado, Patricia Blanquer (PSOE) ha rechazado la tesis de que la medida suponga un retroceso para las mujeres, y ha explicado que la situación de maternidad "ha dejado de ser un factor limitante" de empleabilidad de las mujeres tras haberse equiparado los permisos de maternidad y paternidad.