Bildu se ha sumado al ataque al Gobierno por la chapuza de los trenes de Cantabria y Asturias. El Ejecutivo se había comprometido a tener operativos los trenes de inmediato pero el diseño encargado por las empresas públicas dependientes del Ministerio no cabe por los túneles. Resultado: todos los vecinos se han quedado sin los trenes prometidos y sin su comodidad, su velocidad, su mayor capacidad, etc. Y Bildu ha decidido usar este asunto para meter presión a Pedro Sánchez: le reclama que pague una indemnización a todos los vecinos afectados hasta que estén operativos los nuevos trenes. Todo un caudal de fondos públicos que el Ejecutivo, con una economía ultraendeudada, debería sacar de otro sitio.
La petición ha sido registrada en el Congreso por el partido proetarra. Bildu señala allí que "recientemente hemos podido conocer el caso de los 31 trenes de ancho métrico, encargados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, destinados a renovar los trenes que prestan servicio en las líneas que Renfe Cercanías mantiene funcionando en Asturias y Cantabria, y que han sido diseñados con un exceso de gálibo que impide su uso en las vías previstas".
Por todo ello, Bildu reclama medidas e información concretas. En primer lugar los proetarras quieren conocer qué cantidad de euros estima el Gobierno que supone el error cometido, la paralización de la fabricación, el rediseño de los trenes y el retraso en su puesta en servicio. En segundo lugar, piden a Pedro Sánchez que considere "la posibilidad de compensar al colectivo de viajeros perjudicado con alguna rebaja en el coste los billetes de Renfe Cercanías AM, por tener que utilizar, al menos durante tres años más, los trenes de que circulan actualmente, antiguos y que ya no ofrecen la calidad y seguridad de viaje óptimas que son necesarias". Y, por último, Bildu quiere saber si "existe un documento o acta de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, con fecha de septiembre de 2021, correspondiente a una reunión en la que se analizó el problema de estos trenes de ancho métrico con exceso de gálibo.
Hay que recordar que la sociedad pública Adif ya ha cesado al titular de su Jefatura de Inspección y Tecnología de vía en un claro intento de ofrecer una cabeza de turco con el propósito de cortar la polémica y antes, incluso, de conocer el resultado de la auditoría anunciada por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
En un comunicado, la empresa pública ha acadio que "Adif colaborará con absoluta transparencia en la auditoría del Ministerio de Transportes y valorará sus conclusiones para proceder a los ajustes organizativos de carácter definitivo que se recomienden".
Por su parte, Renfe, el operador de las líneas ferroviarias, ha relevado al gerente del Área de Gestión de Material de Renfe Viajeros. Otro perfil de tercer nivel para intentar eludir un mayor coste por la polémica.
Renfe, además, asegura haber alcanzado un acuerdo con CAF, Adif y la Agencia de Seguridad Ferroviaria (AESF) para solucionar el problema. Pero Bildu quiere más: quiere pagos a los afectados. A todos.