El Tribunal Superior de Justicia de Madrid avala el plan urbanístico de Madrid Nuevo Norte y desbloquea definitivamente la Operación Chamartín. De esta manera, llega a su fin el recorrido judicial del aluvión de recursos interpuestos por diferentes asociaciones de izquierdas, como Ecologistas en Acción o la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.
Los demandantes interpusieron nueve denuncias, objetando cuestiones referidas a la tramitación, la edificabilidad, las dotaciones, el impacto medioambiental o el soterramiento de las vías ferroviarias. Sin embargo, ninguna de estas alegaciones ha sido tomada en consideración por los magistrados, que consideran que el desbloqueo de la mayor operación urbanística de Europa ha sido ajustado a los procedimientos y normas existentes.
Fuentes del gobierno de la Comunidad de Madrid reconocen que "tanto a nivel autonómico como en las filas de la corporación local, el clima imperante durante todo el proceso ha sido de relativa tranquilidad, puesto que los juristas de ambas Administraciones realizaron un gran trabajo y se aseguraron de cumplir con todo lo previsto. Estábamos tranquilos".
En paralelo, recuerdan que este proyecto "viene de lejos y cuenta con amplio apoyo de los vecinos de la zona, la comunidad inversora y diversas figuras de la izquierda política madrileña". Sobre este último punto, recuerdan que incluso la ex alcaldesa Manuela Carmena terminó cediendo ante la abrumadora presión de la sociedad civil madrileña y retiró muchas de sus objeciones a la Operación Chamartín.
El proyecto, que finalmente desbloqueó su sucesor, el popular José Luis Martínez Almeida, ha contado en todo momento con el respaldo entusiasta de la Comunidad de Madrid. Por tanto, las nueve sentencias que ha emitido el TSJM han sido muy bien recibidas en las filas de la Administración de Isabel Díaz Ayuso, donde reconocen la importancia de impulsar la reforma del urbanismo como eje para el desarrollo futuro de Madrid.
Bloqueo urbanístico
Precisamente por eso, en Sol están preocupados por el bloqueo de la reforma del Plan General de Ordenación Urbana de 1997. La falta de entendimiento entre el gobierno municipal, compuesto por PP y Ciudadanos, y los concejales de Vox ha dejado el proyecto en punto muerto, paralizando numerosos proyectos y desarrollos como, por ejemplo, los nuevos barrios del sureste de Madrid, donde está prevista la construcción de decenas de miles de viviendas.
Las mismas fuentes del Ejecutivo autonómico esperan que el firme pronunciamiento de la justicia "sirva como catalizador para el entendimiento entre las partes. El urbanismo de Madrid no puede seguir anclado en normas de hace veinticinco años y la falta de entendimiento con Vox se tiene que resolver de una u otra manera, porque no se entendería que esta reforma tan importante acabe naufragando".
Desde el gobierno autonómico avanzan a Libre Mercado que se está produciendo un acercamiento entre las partes, facilitado por la asociación de promotores inmobiliarios, ASPRIMA, y el Colegio de Arquitectos de Madrid. "La sociedad civil está liderando el diálogo y se está empezando a cultivar un clima más favorable al entendimiento. Nos cuentan que Vox está siendo permeable a los reclamos y propuestas que están llegando por esa vía", apuntan.
Desde Vox advierten que la documentación vinculada a la modificación del PGOU supera los 1.800 folios y lamentan que todo el papeleo de la reforma fuese comunicado "tarde y mal, con plazos ridículamente cortos que imposibilitan cualquier trabajo de revisión y control de lo aprobado". Desde las filas del PP reconocen la falta de entendimiento entre los de Ortega Smith y el área de Urbanismo, que depende de Ciudadanos. Por su parte, los naranjas admiten que este es uno de sus proyectos estrella y apelan a la posibilidad de cerrar un acuerdo de última hora para que el proceso se termine resolviendo.
Sin embargo, si no hay un acuerdo antes de que acabe febrero, la Comunidad de Madrid lo tendrá muy difícil para dar su visto bueno y desbloquear definitivamente las normas urbanísticas de la capital. En caso de que eso suceda, el desarrollo de nuevas viviendas podría traducirse en seis meses de parón en el proceso de concesión de licencias y permisos.