El curso escolar de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2022-2023 abarca desde el 7 de septiembre hasta el 22 de junio. Esto significa que, solamente en los meses de verano, las aulas permanecen cerradas durante dos meses y medio. A este parón hay que sumarle una quincena sin clases coincidiendo con las celebraciones de Navidad, una semana entera de descanso en las fechas de Semana Santa y otros puentes, festivos y días no lectivos que se suceden a lo largo del año.
La Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) advirtió a comienzos del siglo XXI del reducido número de días de docencia que vienen impartiendo las escuelas e institutos españoles. Entonces, se estimaba que los alumnos de nuestro país recibían entre 164 y 174 días de docencia, dependiendo de la etapa formativa (Primaria, Secundaria o Bachillerato). Sin embargo, apenas se han producido cambios desde entonces y, de hecho, aunque España se sitúa entre los países europeos con una jornada más prolongada en términos de horas lectivas, lo cierto es que también somos uno de los socios comunitarios con menos días de formación presencial. Estamos en el entorno de los 170 días de clase, por debajo de los 200 días que se imparten en Dinamarca o Italia o los 181-190 días de formación presencial que se dan en otros 15 países europeos. Y, si nos ceñimos al descanso estival, encontramos que el parón español es dos veces más extenso que el inglés, el germano o el holandés.
A la luz de los datos, son muchos los expertos que recomiendan reducir los horarios lectivos, pero aumentando el número de días de formación. En este sentido, se argumenta que la modificación redundaría en mejores resultados académicos y, además, favorecería la conciliación familiar. Y es que a nadie escapa que, para la mayoría de las familias, es absolutamente inviable el compaginar el trabajo con el actual modelo de horarios educativos. La única forma de salvar esta circunstancia es gastando más dinero en actividades complementarias o niñeras o renunciando al empleo a jornada completa, de modo que no hay salida que no implique una reducción de la renta disponible de las familias.
Libre Mercado se ha hecho eco del efecto que han tenido experimentos similares como, por ejemplo, el proyecto impulsado hace una década en Francia, merced al cual se produjo un aumento en el número de días lectivos. Esta modificación se tradujo en una mayor inclusión laboral y trajo consigo una reducción de los problemas de conciliación. También se han realizado otros informes que ligan el buen desempeño de la educación en Galicia a un mejor diseño de los horarios. Asimismo, hay evidencia de que los colegios concertados y privados mejoran sus resultados gracias a un diseño más razonable de las jornadas. Y, como es lógico, a nadie escapa que el auge de las optativas y fórmulas similares acredita la necesidad de encontrar soluciones al problema.
Madrid mueve ficha
Entonces, ¿ha llegado el momento de tener este debate en España? De momento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que, desde el próximo año 2024, los colegios públicos abrirán sus puertas durante un mayor número de días, con la mirada puesta en favorecer la conciliación de las familias con hijos de entre 3 y 12 años de edad. La iniciativa contempla la organización de actividades de apoyo y estudio, refuerzo de idiomas y otras dinámicas formativas. Estas clases se darían en fechas consideradas no lectivas.
A la espera de lo que puede suponer esta medida, lo cierto es que los colegios madrileños cuentan con un procedimiento a seguir para extender sus horarios, pero lo cierto es que las dos órdenes que lo desarrollan (11884/2012 y 502/2013) hacen casi inviable cualquier modificación, al exigir grandes votaciones mayoritarias por parte de los profesores y las familias.
En la actualidad, se estima que el 60% de los colegios optan por el modelo de jornada continua, impartiendo clases desde las 9 hasta las 14 horas. A continuación, se ofrece un servicio de comedor que abarca desde las 14 hasta las 16 horas. Sin embargo, estos horarios son incompatibles con los horarios propios del mercado laboral. Peor aún, puesto que la actividad se interrumpe por completo durante más de tres meses del año, el encaje de la vida familiar con las obligaciones laborales de los adultos y las necesidades formativas de los menores se vuelve casi imposible.
El tiempo dirá si los cambios anunciados por Díaz Ayuso surten efecto pero, de momento, Madrid puede decir que es la única comunidad autónoma que está abordando esta problemática de forma integral y con una propuesta razonablemente ambiciosa que, en caso de cumplirse, puede ayudar a avanzar en materia de conciliación de forma mucho más eficiente que cualquier otra política.