Uno de los pilares en la estrategia comunicativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez es que ayuda a los más vulnerables. Esta premisa, que a priori pudiera parecer positiva, esconde, no obstante, diversos problemas y limitaciones.
En primer lugar, tengamos en cuenta que, cuando el Estado ayuda a alguien, debe sacar el dinero de algún lugar. Por un lado, sustrayendo más recursos a la ciudadanía a través del pago de aún más impuestos y tasas. Por otro, pidiendo fondos prestados en los mercados, incrementando así la deuda pública que, en última instancia, deberá ser pagada con la recaudación fiscal obtenida sobre las futuras generaciones.
De estas consideraciones, podemos concluir que el papel que desempeña el Estado consiste en redistribuir la renta y la riqueza entre la población según los parámetros que políticos y burócratas consideren oportuno. En última instancia, según las tesis defendidas por partidos progresistas como PSOE y Unidas Podemos, esta redistribución se debería dar de forma que la riqueza se canalice desde aquellos que más tienen para beneficiar a los ciudadanos más vulnerables.
La pregunta es, ¿realmente las ayudas al pago de la luz y el gas –prioritarias dentro del "escudo social" del Ejecutivo de Sánchez– benefician a los vulnerables? Y, ¿cuánto nos cuesta financiar estas medidas?
Ayudas energéticas
Dentro de los instrumentos y regulación que dispone el Gobierno para atajar la vulnerabilidad energética, destacan los siguientes: el bono social eléctrico, el bono social térmico y las tarifas reguladas de último recurso (TUR).
El grueso de la financiación de el bono social eléctrico no corresponde al Estado, que descarga en las compañías de generación, transporte, distribución y comercialización la obligación de financiar este descuento sobre la tarifa eléctrica. En la realidad, estos operadores trasladan al consumidor el coste del bono, ya sea inflando directamente el precio de la energía o indicándolo expresamente en la factura, con una cantidad que se ubica por encima del euro mensual. Práctica similar ocurre con el caso de la financiación del tope al gas.
En lo que se refiere al bono social térmico, es el Gobierno quien lo ejecuta con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y puede ser complementado con ayudas de cada comunidad autónoma. El desembolso por parte del Gobierno central ascenderá este 2023 hasta los 255 millones de euros procedentes del bolsillo del ciudadano.
En el caso de las tarifas TUR, que rebajan los importes a pagar por el gas natural, también están subvencionadas por la Administración, e incluyen ahora a las comunidades de vecinos con calderas de calefacción central.
En total, las ayudas destinadas a rebajar las facturas energéticas de los españoles durante el 2023 ascenderán, según el Gobierno, a 3.000 millones de euros con cargo a los Presupuestos.
¿Sirve de algo?
Tras constatar que las ayudas para hacer frente a la crisis energética son financiadas por el propio ciudadano –ya sea vía impuestos o al repercutirle su compañía los costes asociados– podemos preguntarnos: ¿Todo esto sirve para algo? ¿Está funcionando la redistribución? ¿Es está la más justa y eficiente?
A este respecto, y a falta de que la academia investigue los efectos de las últimas modificaciones adoptadas por el Ejecutivo de Sánchez, la evidencia disponible apunta a un impacto insignificante en la lucha contra la vulnerabilidad energética a través de los bonos sociales. Así, la subvención al gas mediante el bono térmico apenas reduce la pobreza energética en un 1% (ver aquí), mientras que el bono eléctrico no se traduce en ninguna mejora significativa (ver aquí y aquí) e incluso fomenta el retraso en el pago de las facturas.
Todo ello, sin tener en cuenta el impacto de otro tipo de medidas que, adicionalmente a los bonos sociales, está aplicando el Ejecutivo en materia energético. Así, podríamos destacar el efecto negativo que la prohibición de los cortes de luz o los nuevos impuestos extraordinarios sobre las compañías energéticas podría estar teniendo sobre la factura de la luz y el gas.
En cualquier caso, algunos de los problemas de los programas de ayudas tienen que ver, por un lado, con la dificultad burocrática que las personas en situación realmente vulnerable encuentran al tratar de acceder a las mismas. Y, por otro, y paradójicamente, con la canalización de estas subvenciones hacia ciudadanos que realmente no las necesitan.
Un claro ejemplo de esto último lo encontramos en los requisitos para acceder al bonos sociales en España. Y es que, por ejemplo, basta con acreditar la condición de familia numerosa para ser considerado automáticamente como consumidor vulnerable y potencial receptor de las ayudas.
Apoyar a los consumidores vulnerables y a ls familias numerosas es irrenunciable. Sorprende la falta de sensibilidad y solidaridad de algunos. Cambiaremos la regulación actual para introducir criterios de renta en las familias numerosas. https://t.co/8xTUhBu1XT
— Teresa Ribera 🌹 (@Teresaribera) March 15, 2023
En este sentido, destaca la filtración de que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid podría estar beneficiándose del bono de calefacción por tener una familia numerosa. La noticia ha sorprendido a la ministra socialista de Transición Energética, Teresa Ribera, quien ha anunciado una revisión de los requisitos para tener en cuenta el nivel de renta de los beneficiarios.