El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un nuevo paquete de medidas para atajar el encarecimiento de los precios de la energía en España. Unas medidas que tratarán de contrarrestar los altos precios que familias y empresas están pagando por luz y el gas natural como consecuencia de la errada política energética europea y la chapuza diplomática de Sánchez respecto al gas argelino.
Las novedades presentadas por el Ejecutivo, aprobadas mediante Real Decreto-ley, dan continuidad al "Plan Más Seguridad Energética" anunciado la semana pasada, y que, entre otros aspectos, obligará a las compañías a incluir en las facturas de luz y gas una comparativa del consumo de cada cliente respecto al de los vecinos que viven en el mismo código postal, así como recomendaciones para que los ciudadanos hagan un consumo eficiente.
Como respuesta a la presentación este nuevo decretazo, el Partido Popular ha acusado a Pedro Sánchez de no tener un plan ante la crisis energética, sino solo "medidas deslavazadas". Concretamente, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha subrayado que todas las medidas encaminadas a "bajar la presión en la factura a las familias españolas van a contar con el apoyo del PP". Eso sí, matizando que hay que hacerlas de forma "seria, rigurosa y eficaz", y "no cada 15 días una medida nueva".
Ayudas a cambio de disparar los impuestos
Como parte de este primer desarrollo legislativo del plan, el Ejecutivo gastará 3.000 millones de euros con cargo a los Presupuestos, con el objetivo de rebajar la factura eléctrica del 40% de los hogares, según dice el propio Gobierno.
- Bono del gas.
De entre estas medidas, destaca el incremento de las ayudas del bono social térmico, que crece desde la horquilla actual, que va desde una ayuda mínima de 35 euros a una máxima de 350 euros al año, a una nueva horquilla de 40 euros a 375 euros al año, dependiendo de la zona climática y de la vulnerabilidad. Esta subida de las ayudas conllevará que se duplique la dotación presupuestaria dirigida al bono térmico.
- Bono de la luz.
Y en cuanto a la factura de la luz, se contempla una reducción del 40% sobre la tarifa eléctrica regulada (PVPC) para los "hogares trabajadores con bajos ingresos", pudiéndose beneficiar todos los hogares cuya renta se sitúe entre 1,5 y dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas. Esta actualización del IPREM, concretada en la siguiente tabla, llevará, según el Ejecutivo, a que las familias beneficiadas de la tarifa regulada aumenten en un millón y medio.
- Calefacción central.
Asimismo, el Ejecutivo aplicará una rebaja para las facturas de las calefacciones comunitarias mediante la extensión de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural a una nueva TUR de "ahorro vecinal" que afectará a 1,7 millones de hogares, estará en vigor hasta finales de 2023, y recibe el nombre de TUR4. Sin embargo, para que los consumidores puedan beneficiarse de esta nueva TUR4, que se modula en función de ocho tramos diferentes según el consumo, deberán tener instalados contadores individuales antes del 30 de octubre de 2023, así como a tener las calderas revisadas.
Además, este ahorro para las comunidades de vecinos vendrá condicionado a que el consumo de gas de las mismas se mantenga contenido. "Si la comunidad incrementara su consumo, habría una penalización", indicó Teresa Ribera. Concretamente, si se consume más de la media de los últimos cinco años, ese incremento de consumo pagará un 25% de recargo.
Para solicitar esta tarifa vecinal TUR4, las comunidades interesadas deberán presentar una solicitud su comercializadora de último recurso (CUR) a través del presidente o representante de la comunidad de propietarios.
- Tarifas de gas de último recurso.
Por otro lado, el Gobierno ha aprobado prorrogar, también hasta final de 2023, las ayudas a los consumidores domésticos de gas pertenecientes al TUR1 (menos de 5.000 kWh al año) y TUR2 (entre 5.000 kWh y 15.000 kWh), limitándose a un 5% el encarecimiento del recibo a los usuarios de estas tarifas de último recurso.
En cualquier caso, la gran novedad que presentan estas rebajas de la factura es que se nutrirán directamente de los Presupuestos, y no con cargo al déficit de tarifa que a la larga acaban pagado los consumidores, como venía siendo habitual. Sin embargo, este mayor impacto en las cuentas del Estado repercutirá en mayores impuestos y un mayor déficit público que también acabará pagando el ciudadano.
De hecho, uno de estos impuestos con lo que el Gobierno pretende sufragar las ayudas será el nuevo gravamen que afectará a las compañías eléctricas, un tributo que podría no ser compatible con los requisitos de Bruselas y que, sea como fuere, acabará repercutiéndose al consumidor final.
Y eso no es todo, ya que Hacienda planea aumentar considerablemente la recaudación en 2023: 18.710 millones de euros más. Y es que, recordemos que Sánchez ya ha subido 54 veces los impuestos desde que es presidente.
