Las inmobiliarias de Canarias y Baleares alertan de las peligrosas consecuencias que podría tener la llamada "excepción insular" que propone Podemos y que consiste básicamente en prohibir la compra de vivienda en las islas a los extranjeros, pero también al resto de españoles que no residan allí. "No tiene sentido que la gente que no vive en las islas pueda comprar y acaparar viviendas haciendo subir los precios, mientras sus residentes no encuentran un alquiler decente", defendía este sábado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que se comprometía a "presionar y a trabajar" para sacar adelante esta medida y que las islas no se conviertan en un "resort de lujo".
Proponemos limitar la compra de vivienda a no residentes en las Islas Baleares y en Canarias para que la gente pueda acceder a una vivienda digna y asequible. Las islas no son un resort de lujo.
Gracias @Antonia_Jover_ y @noepmp por poner sentido común en un mercado asalvajado. pic.twitter.com/VYc3W8NJfS
— Ione Belarra (@ionebelarra) March 11, 2023
La propuesta ya la puso sobre la mesa hace tiempo la socialista Francina Armengol, quien anunció su intención de impedir la compra de vivienda en Baleares a quienes no llevasen residiendo en dicha comunidad al menos cinco años. Sin embargo, se encontró con el rechazo frontal del sector inmobiliario, el mismo que hoy empieza a movilizarse en Canarias frente a una medida que "choca frontalmente contra la legislación europea", además de la española, y que, a su juicio, no solo "no es la solución", sino que, además, "va a agravar el problema".
Para empezar, José Saavedra, portavoz de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (ACEGI), recuerda que "estamos en un espacio común europeo, en el que el movimiento de personas y mercancías es absolutamente libre". Algunos países, como Dinamarca, solicitaron una excepción a la hora de firmar el tratado de anexión a la Unión Europea. Sin embargo, España no lo hizo, por lo que en estos momentos sería imposible introducirla de forma unilateral.
Por qué podría agravar el problema
En cualquier caso, incluso aunque el Gobierno de Pedro Sánchez concluyera con éxito una hipotética negociación, Saavedra lo tiene claro: "Intervenir el mercado no suele ser la solución, porque, al final, termina por estrangular aún más la oferta". El asesor advierte de que todo este tipo de medidas pueden terminar ahuyentando a los inversores, que tal vez prefieran buscar en otras comunidades o en otros países lo que aquí se les niega. Y eso a quien más perjudica es a los canarios.
"Cuando alguien compra suelo para crear inmuebles y ponerlos en el mercado no sólo está beneficiándose él, está beneficiándose toda la economía que se genera alrededor de la venta de una vivienda", arranca su explicación. En este sentido, Saavedra no solo cita los numerosos impuestos que estas operaciones llevan aparejadas -desde patrimonio a plusvalía-, sino también los miles de puestos de trabajo directos e indirectos que se crean gracias a las mudanzas, las reparaciones y otros servicios contratados. De esta forma, si Canarias dejase de ser un lugar interesante para invertir, todo eso también desaparecería.
"Por eso hay que pensar muy bien este tipo de medidas, porque si queremos liberar viviendas para que las compren los residentes, pero resulta que estrangulamos parte de su economía, esa gente no va a tener recursos para comprarlas o alquilarlas, entonces… ¿De qué sirve?", se pregunta. Con todo, el portavoz de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria insiste en que la solución no es limitar la compra: "En un momento dado, se puede incentivar o desincentivar, pero limitarla o prohibirla no es lo más adecuado".
¿Dónde está la vivienda social?
Frente a estas políticas intervencionistas, Saavedra defiende que lo que tienen que hacer los poderes públicos es promover que todos los residentes puedan adquirir fácilmente una vivienda. "Y eso se llama vivienda de protección oficial o de promoción pública. Punto. Todo lo demás forma parte del libre mercado", subraya.
Su veredicto es el mismo que ya expresó el pasado mes de enero el presidente de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI), quien denunciaba tanto la falta de vivienda social como la nula colaboración público-privada que se promueve en las islas para tratar de solucionar el problema.
Cortina de humo en año electoral
En declaraciones a Libre Mercado, Hans Lenz insistía en que el sector llevaba años alertando sobre el problema de vivienda de las islas y planteando "muchas propuestas serias". Sin embargo, en lugar de escucharlas, el Gobierno de Francina Armengol se había dedicado a "sacar 16 normas y decretos urbanísticos, muchos de ellos por vía de urgencia, que lo que han hecho es limitar todavía más la vivienda disponible".
Así, concluía que esta medida tan solo buscaba "desviar la atención de la mala gestión a nivel vivienda que ha habido en los últimos años, en un momento en el que se acercan las elecciones". No en vano, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 87% de los ciudadanos de Baleares desaprueba la política del Gobierno autonómico, al que acusa de no haber hecho "nada" para impulsar la creación de vivienda.