En Francia no se habla de otra cosa que de la reforma de pensiones planteada por su presidente, Emmanuel Macron, y las protestas convocadas en un intento de paralizar su aprobación. Concretamente, el país galo encadena ya diez días de manifestaciones, paros y disturbios ante el plan que conllevará un recorte de gasto en el sistema de jubilación.
Solo el pasado jueves, París reunió a cerca de 800.000 manifestantes, según aseguran los sindicatos, durante una protesta que se saldó con duros enfrentamientos entre personas violentas y las fuerzas del orden, y que vinieron acompañados de incendios y destrucción de escaparates y mobiliario urbano. En la madrugada del jueves al viernes, se produjo la noche más violenta desde el inicio de las protestas, y la jornada terminó saldándose con 450 detenidos y más de 900 incendios solo en París, además de la quema de la puerta del Ayuntamiento de Burdeos.
Ante la tensión vivida en las calles, Macron se vio obligado ayer viernes a anunciar el aplazamiento de la visita de Estado del rey Carlos III de Inglaterra a su país –decisión que consideró como "de sentido común"–, al tiempo que avisó a los manifestantes de que "en democracia la violencia no es un derecho".
Junto a todo ello, la escasez de carburantes, debida a la huelgas en las refinerías y piquetes que impiden la salida de camiones de algunos depósitos, se está convirtiendo en uno de los frentes de oposición más contundentes, y que está contribuyendo a lastrar aceleradamente la popularidad del presidente. Según una reciente encuesta, apenas un 24% de los franceses piensan que Macron sea un buen presidente, y 7 de cada 10 creen que sería conveniente someter a referéndum la polémica reforma de las pensiones.
Pero la tensión no solo se respira en las calles, sino también a nivel político. Así, Macron hizo frente este lunes a dos mociones de censura que acabaron fracasando –una de ellas por tan solo nueve votos, después de que 19 diputados díscolos de Les Républicains votaran a favor de destituir a la primera ministra francesa, Élisabeth Borne–. Tras estos acontecimientos, el Ejecutivo francés fue capaz de aprobar definitivamente la reforma de pensiones.
Con la reforma ya aprobada, Macron rompió el pasado miércoles su silencio y defendió que la nueva legislación, que prevé empiece a aplicarse este mismo año, es "necesaria". "Reformar las pensiones siempre ha sido impopular (...) Pero entre los sondeos a corto plazo y el interés general del país, elijo el interés general del país", señaló en una entrevista en televisión. De esta forma, aseguró que no promovía estos cambios por "placer", sino para garantizar la supervivencia del sistema de pensiones: "Habría preferido no hacerla".
Asimismo, el reelegido presidente de la república francesa cuestionó el papel de la oposición, a la que ha acusado de ocultar dentro de sus propuestas una "fórmula mágica" consistente en elevar el déficit público e hipotecar así a las futuras generaciones. En su lugar, Macron ha planteado, adicionalmente a la reforma de pensiones, una "contribución excepcional" sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas, de manera que estas empleen sus ganancias en "repartir más a sus empleados" en lugar de en "recomprar sus propias acciones".
La reforma de la discordia
Como ya desgranamos en un anterior artículo en Libre Mercado, la reforma de las jubilaciones planteada por Macron tiene como principal medida una elevación de la edad de jubilación, y es que el presidente francés viene insistiendo a sus conciudadanos en un mensaje: "Debemos trabajar más tiempo".
Bajo esta premisa, el Ejecutivo francés ha preparado un aumento progresivo de la edad mínima de jubilación hasta los 64 años, frente a la actual de tan solo 62 años. Paralelamente, se prevé que los años cotizados para percibir el 100% de la pensión se sitúe en los 43 años ya en 2027.
El núcleo de la reforma es, en cualquier caso, relativamente liviano y menos agresivo de lo que llegó a plantearse en un primer momento, ya que la edad de jubilación seguirá situándose por debajo de otros países europeos; además de que los cambios vendrán acompañados de un mayor gasto en materia de pensiones mínimas y nuevas excepciones para ciertos trabajadores. Así, la reforma de Macron no solo es necesaria, sino que seguramente sea insuficiente para garantizar el sostenimiento de el sistema de jubilación y de las finanzas públicas.
A fin de cuentas, Macron está diciendo la verdad a sus ciudadanos: el sistema, tal y como está configurado, no es sostenible. Y para mantenerlo, hacen falta recortes y un endurecimiento de las condiciones. Lo que quizás deberían plantearse los franceses – y los todos los ciudadanos que sufrimos de sistemas de jubilación de reparto– es si merece la pena continuar alargando la agonía de un modelo desfasado, que no se adapta a la demografía actual y que es dependiente del control estatal y de las promesas de los políticos de turno.