Había sorpresa escondida. A lo anunciado este viernes sobre pensiones (aquí la explicación de Beatriz García en Libre Mercado) se suma ahora un apartado extra: un nuevo mecanismo de ajuste. Lo adelantaba este sábado El País: la subida de impuestos para intentar sostener el sistema de la Seguridad Social no se quedará en lo que ya sabíamos. José Luis Escrivá ha pactado con Bruselas que, si el déficit se desvía respecto de lo previsto, habrá más impuestos (y, se supone, que más recortes). Cada tres años se revisarán las cuentas y el Gobierno de turno tendrá que hacer los ajustes necesarios para que cuadren. Es la reforma en diferido: ahora hago lo justo para aprobar el examen de la Comisión y le dejo la patata caliente a mi sucesor.
Empecemos con lo obvio: lo que Escrivá presentó hace poco más de 24 horas no era más que otra subida de impuestos. Una más en la lista de este Gobierno. Y que era más o menos previsible desde el comienzo de la legislatura.
No es que debamos asustarnos ni sorprendernos. Pero, si queremos llamar a las cosas por su nombre, es importante reconocer que no estamos ante una reforma de las pensiones. De hecho, si acaso podríamos hablar de contra-reforma, porque lo que busca el ministro de Seguridad Social es consolidar lo existente. Mantener lo que ya tenemos todo lo posible. El lema podría ser: "Si podemos tirar unos años más, para qué meternos ahora en berenjenales".
De 2013 a 2023
Desde que se planteó la necesidad de hacer algún anuncio relacionado con el futuro de la Seguridad Social, casi todo el mundo pensó en la parte del gasto. Por ahí han ido las anteriores reformas. Las que eran reformas de verdad, en 2011 y 2013. La idea era tocar las condiciones de acceso (retrasar la edad de jubilación, cambiar el período de cálculo, endurecer los requisitos para cobrar el 100%) para reducir la primera pensión; o implantar algún sistema que anticipase recortes de las actuales prestaciones si las cuentas no cuadraban (eso era el Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013).
Esta intuición era reforzada por elementos objetivos. En primer lugar, porque el principal problema es de gasto. Incluso con un mercado laboral tan débil como el español, los ingresos por cotizaciones han seguido una senda relativamente ascendente o al menos estable. No han crecido mucho (porque no hay mucho de lo que tirar por el lado del empleo) y en ocasiones lo han hecho más en términos nominales que reales. Pero más o menos sí estamos incrementando la recaudación en esa partida. Pues bien, incluso así, el gasto en prestaciones (contributivas, no contributivas y clases pasivas) se ha disparado: el desequilibrio alcanza los 40.000 millones en dos décadas.
Pero es que, además, el propio Escrivá reconocía en 2021, en el Congreso, que las cotizaciones en España ya estaban por encima de la media: "Nosotros tenemos ya cotizaciones sociales muy altas. Y más altas que la mayoría de nuestro entorno", dijo el ya ministro de Seguridad Social. En aquella ocasión, se preguntaba ante los miembros de la Comisión del Pacto de Toledo cómo podía ser que a pesar de estas cotizaciones tan elevadas tuviéramos déficit. Y se respondía: "Por los gastos impropios".
Ahí ha estado la obsesión del ministro desde que llegó al cargo: cerrar el déficit enviando los gastos a otros departamentos. El problema era doble. Primero, que tampoco esto era una reforma, porque no implicaba ningún cambio en el Presupuesto del conjunto de las administraciones públicas. Pero, además, porque no era suficiente, ni siquiera si manteníamos la ficción de las cajas separadas Estado-Seguridad Social: el gasto en pensiones contributivas ya supera, desde hace años y por mucho, los ingresos por cotizaciones. Y eso sin contar otras prestaciones o las clases pasivas: que podrían incluirse perfectamente, porque son compromisos del Estado relacionados con la vejez.
Por supuesto, no debemos olvidar que subir las cotizaciones también implica un coste añadido a las empresas: menos competitividad, salarios más caros, más complicado atraer talento, menos inversiones... Para un país que ya tiene una brecha fiscal para el empleo de alta cualificación entre las más altas de la OCDE y para un ministro que siempre afirmaba que la clave para el futuro era el empleo y que defendía que generando puestos de trabajo podíamos estar tranquilos, tampoco parecía la receta adecuada.
Las implicaciones
Todo lo anterior estaba vigente hasta este viernes. Pero ya no. Lo que ha presentado Escrivá no es del todo sorprendente, aunque sí rompe con algunas de los principios que él mismo había defendido.
- Más gasto: la "reforma que no es" apenas toca el actual modelo. Y en aquello que toca, incrementa el gasto. Suben las pensiones mínimas, permite elegir el período de cómputo más favorable, cobertura de lagunas...
Tampoco es que sean medidas para disparar de forma sustancial este apartado (el ministerio habla de unos 2.500 millones al año), pero hay que tener en cuenta que ese gasto ya iba a subir de forma ineludible: (i) porque habrá más pensionistas y (ii) porque las pensiones de los que llegan a la jubilación son más elevadas que las de los que fallecen. Digamos que es poner más combustible en la hoguera.
- Más ingresos: evidentemente, esta propuesta de Escrivá implica disparar los impuestos. Los que pagamos todos, pero sobre todo los que afectan a las rentas altas. ¿Cómo? De tres maneras:
- Subida de las bases máximas por encima del IPC (un 1,2% al año)
- Cuota de solidaridad de hasta el 6% del salario no sujeto a cotización: un nombre muy bonito para un impuesto que no genera derecho a prestación. Lo que se recaude por aquí no incrementará la pensión del cotizante ni un euro
- Incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional del 0,6 al 1,2% del salario en 2029. Y esta medida sí afecta a todos los trabajadores
¿Qué consecuencias tendrán estas subidas? Pues puede suponerse que las mismas de cualquier otro impuesto. ¿Qué ocurre si uno pone un impuesto al tabaco? Pues que se consume menos tabaco. Y que, junto a la reducción del consumo, se buscan alternativas: tabaco más barato (de liar) o mercado negro (tabaco de contrabando).
En el caso de los impuestos al trabajo (y eso son las cotizaciones) lo normal es que haya algo menos de creación de empleo. Si, además, las subidas fiscales se centran en los empleados de sueldos más altos, lo lógico es pensar que habrá menos empleo de alta cualificación y que atraer a España inversiones de calidad (sedes de multinacionales, plantas de producción de alta tecnología, etc.) será más complicado. El Gobierno ha pensado que el riesgo de que esto ocurra merece la pena a cambio de sostener las pensiones. Es una elección política, pero siempre debemos ser conscientes de sus posibles implicaciones.
- Menos contributividad: además, todo esto supone otro hito más (y el más importante hasta la fecha) en el proceso de ruptura del modelo contributivo. En España, el sistema es cada día más asistencial y menos contributivo: lo de "tanto cotizas, tanto cobras" cada vez es menos cierto.
Bruselas
El tercer actor en esta historia es Bruselas. Es decir, la Comisión y nuestros socios. Que miran con cuidado a España y de cuando en cuando nos avisan de que tenemos que ordenar nuestras cuentas públicas. Y aquí entra la sorpresa conocida este sábado. Lo del mecanismo de ajuste automático. Que llama mucho la atención por varias circunstancias:
- En primer lugar, suena parecidísimo a lo que el propio Escrivá ha criticado siempre sobre el Factor de Sostenibilidad y los mecanismos automáticos. Habrá que esperar a ver los detalles (nos imaginamos que los presentará el ministro ante el Pacto de Toledo el miércoles), pero lo que se intuye tras el anuncio es muy parecido a lo que había: se hace una proyección de gastos-ingresos y si ésta no se cumple (y casi siempre se rompe por el lado del déficit), habrá que presentar medidas. Será la AIReF la que dictamine si nos estamos alejando del camino pactado y la que notifique al Gobierno de turno que tiene que hacer ajustes. ¿En los dos lados del presupuesto?
- Esta pregunta también tendrá que aclararla el ministro. Porque en la información de El País se dice que "si se desvía el gasto de la Seguridad Social, el mecanismo de equidad intergeneracional subirá de forma automática para asegurar un incremento en las cotizaciones. El aumento de las cuotas será equivalente a un 20% del exceso de gasto sobre las proyecciones previstas por el Gobierno". ¿Y el otro 80%? ¿Dejamos ahí el problema para que lo pague el siguiente o el automatismo se aplica también al gasto? Es complicado pensar que Bruselas vaya a tragar con algo que no implique un ajuste de verdad y de todo el agujero. Pero eso implicaría un recorte en las prestaciones, justo lo que el Gobierno dice que nunca aprobará. ¿Otra "cajita" de esas que Escrivá dice que no somos capaces de comprender o una sorpresa escondida para que la abra el próximo Gobierno?
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Y el interrogante clave: ¿habrá que hacer esos ajustes? Lo normal es que sí. Como decimos, incluso con estos nuevos impuestos tiene pinta de que el gasto seguirá incrementándose a un ritmo superior a los impuestos. Por eso, será complicado que en las próximas revisiones (2026-2029) el ministro que esté a cargo no tenga que ofrecer algo a Bruselas. Quizás Escrivá piense que a él no le tocará pasar ese trago.
Por último, un apunte sobre la forma en la que se ha informado de todo esto. Tras unos meses de filtraciones poco claras, este viernes se comunicaba el acuerdo y se presentaba lo que se suponía que eran los principales detalles. El Ministerio envió a todos los periodistas que lo pidieron un documento con la explicación de los principales apartados. De este modo, se aseguraba el titular de que se salvaguardaban las pensiones y no habría recortes, ni ahora ni en el futuro. Y sólo un día después, nos enteramos de que la parte más importante y novedosa no es la que se nos dijo, sino el mecanismo de ajuste automático prometido a Bruselas y que obligará a los gobiernos sucesivos a tomar decisiones, quieran o no. Todo este secretismo para que la solución sea pasarle a otro el marrón. Hasta ahí la reforma técnica de las pensiones.