La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal vuelve a tumbar las previsiones económicas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En este caso, la AIReF eleva nueve décimas sus estimaciones para el déficit público de cara a este 2023, y espera que se ubique en el 4,2% del PIB.
Así se recoge en el Informe de Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas 2023 hecho público la semana pasada, y en el que el organismo independiente mantuvo sus previsiones de crecimiento para el PIB en 2023: en términos reales, será de apenas el 1,6%, frente al 5,5% del año pasado. Además, la entidad, incorpora en sus cálculos las medidas aprobadas o prorrogadas recientemente por el Gobierno, y pronostica que, pese a que nuestra economía crecerá, el sector público seguirá gastando más de lo que ingresa, generando un desajuste aún mayor al previsto por Sánchez y Calviño.
Y este descuadre no se producirá porque el Gobierno ingrese poco. Todo lo contrario: la recaudación tributaria se encuentra en niveles récord y crecerá un 6,4% en 2023, situándose en el 42,5% del PIB. Pero el Ejecutivo se ha empeñado en no cuadrar las cuentas y, en su lugar, disparar el gasto público, ensanchando el monto de deuda que las generaciones presentes y futuras deberán afrontar.
En este sentido, la AIReF, pese a que prevé que la deuda pública en relación al PIB se reduzca discretamente hasta el 110,6% –en esencia, porque hay crecimiento económico– se muestra muy preocupada con la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas. "El previsible aumento del gasto en pensiones, gasto sanitario y en cuidados de larga duración como consecuencia del envejecimiento de la población, unido al nuevo ciclo monetario –con un rápido e intenso endurecimiento de las condiciones de financiación– y al elevado nivel de deuda existente, sitúa la sostenibilidad de las finanzas públicas en una situación vulnerable", ha advertido el organismo.
Y es que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal constató que las nuevas medidas aprobadas por Sánchez con la excusa de la crisis energética, y a las puertas de un intenso calendario electoral, elevarán el déficit hasta el 4,2% del PIB en 2023, tres décimas por encima de la tasa prometida por el Ejecutivo y nueve décimas más que en el último informe de la AIReF. Desde el organismo estiman que el coste del total de estas políticas será de 14.000 millones de euros, contribuyendo a que el gasto público se sitúe en el 48,3% del PIB.
‘Pinchan’ los impuestazos de Sánchez
Además, el organismo constató que, pese al incremento esperado de recaudación, este sea menor el inicialmente estimado. Así, la AIReF prevé un punto de PIB menos de ingresos públicos que lo que estimaba en octubre. Y buena parte de este recorte se debe a las menores expectativas de recaudación de los impuestazos de Sánchez a las grandes fortunas, los bancos y las empresas energéticas.
En conjunto, sumarán a las arcas públicas 3.543 millones de euros, casi un 30% menos de lo estimado en un principio por el Gobierno y la propia AIReF. Y en particular, el impuesto a las entidades financieras recaudará 226 millones menos; el destinado a las empresas energéticas, 336 menos; y el dirigido a gravar a los grandes patrimonios, 635 menos.
Recordemos que el Gobierno quería que los tributos a la banca y las eléctricas cubrieran recursos por valor de 3.500 millones cada año, pero en vistas a las nuevas previsiones, esa cota solo se alcanzará, y por la mínima, incluyendo también el gravamen de "solidaridad" sobre las grandes fortunas.
En definitiva, Pedro Sánchez está siguiendo al pie de la letra el manual del político despilfarrador español: en primer lugar, dispara el gasto público. Luego, para hacer ver que es responsable, promete nuevas fuentes de ingresos públicos (generalmente, hacia "los ricos") con el pretexto de cuadrar las cuentas. Con el tiempo, se ve que estos nuevos ingresos acaban siendo menores a los estimados, lo que eleva el déficit y la deuda pública, maquillada en relación al PIB gracias al crecimiento económico. Y, en última instancia, cuando el descuadre se hace insostenible, se apela a que "se recauda poco", lo que abre el camino a nuevas subidas de impuestos, cada vez más orientadas hacia las clases medias.
Como consecuencia, el único beneficiado en este proceso es el político, que cada vez controla más recursos, mientras que el ciudadano y la economía productiva se resienten, perdiendo su soberanía en un ciclo que parece no remitir nunca.