Ya tenemos dato de déficit público para 2022. En un año con recaudación tributaria récord, con un crecimiento del 5,5% del PIB (por efecto rebote), con una creación de empleo histórica según el Gobierno de España, y sin pandemia ni ningún motivo extraordinario para incrementar el gasto público, España ha gastado casi 65.000 millones más de lo que ha ingresado.
La cifra es dura. Supone que nuestra clase política ha generado un agujero que pagaremos entre usted, yo y nuestros hijos de casi 1.400 euros por español. Un dato sin duda sorprendente, pues desde la sala de prensa de la Moncloa dan ese 4,8% del déficit público como un gran logro del Gobierno de Sánchez.
Veremos cuál es el dato final que da Eurostat (les recuerdo que no ha sido la primera vez que corrige al alza el dato oficial del Gobierno), pero con la información con la que contamos ahora mismo, esta es la perspectiva que se le puede dar al déficit público de España:
- El límite de déficit impuesto por la Unión Europea en el Tratado de Maastricht es del 3% del PIB. Es decir, estamos 1,8 puntos porcentuales por encima de lo exigido por Bruselas. Ni en 2022 ni en 2023 van a exigir reglas fiscales, pero en 2024 sí.
- BBVA Research estimó la semana pasada un déficit del 3,9%. El consenso de analistas estaba en el 4,4%. Ambas cifras notablemente por debajo del dato final del Gobierno.
- De igual manera, el déficit público medio en Europa previsto para el 2022 es del 3,6%. España, por lo tanto, es probable que esté entre los países que más déficit registren el año pasado.
- Este dato se produce después de que en 2020 hayamos sido campeones europeos en déficit público y en 2021 también hayamos estado entre los que mayor desequilibrios hemos registrado.
Con un poco de perspectiva, ¿qué motivo de celebración tenemos? En mi opinión, ninguno. El déficit público son impuestos futuros vía deuda pública. Lo pagaremos a la Agencia Tributaria, o vía inflación, pero el agujero que estamos dejando a las generaciones futuras es de una magnitud cuyas consecuencias ya dejan de ser previsible.
Preocupa, además, por una serie de elementos que también debemos tener en consideración.
El primero es que España lleva registrando desequilibrio desfavorable en las cuentas públicas (déficit) desde 2008. Primero fue por la magnitud de la crisis financiera y económica, luego por la recuperación (¿recuerdan el "hay margen para gastar más"?), después por el coronavirus y, por último, por la recuperación de la pandemia. El gráfico se explica por sí solo:
El segundo elemento de interés es que este enorme desequilibrio ha dejado de ser por falta de ingresos públicos. En 2022 el Estado ha recibido recursos por valor de 570.000 millones de euros, 42.500 más que en 2021. De ellos. 255.000 fueron ingresos provenientes de la Agencia Tributaria, es decir, impuestos que pagamos usted y yo.
El Banco de España, por su parte, ha estimado que el 50% del incremento en la recaudación por IRPF e IVA en 2022 se ha producido como consecuencia de la inflación (en el caso de IRPF, por evitar la deflactación de este tributo). O, dicho de otra manera: La política expropiatoria de Sánchez supone que usted y yo nos empobrecemos porque las cosas valen más… y porque nos están cobrando más impuestos. Por eso la inflación es el impuesto oculto, y que afecta especialmente a quienes menos tienen.
Pero no nos desviemos del debate del déficit. Mientras todo esto ocurre, y en un año de expansión económica, los gastos continúan creciendo de forma desmesurada. Concretamente, y mientras el PIB no ha recuperado los niveles prepandemia, el gasto público en 2022 ha crecido en 23.500 millones de euros.
Lo diré de otra manera, para que todo el mundo lo entienda: mientras la riqueza por habitante (PIB per cápita) está en niveles de 2017, el gasto público ha aumentado un 26% desde entonces.
Usted genera riqueza por el mismo valor que en 2017; Sánchez gasta un 26% más. Esto tiene un nombre: Estancamiento secular provocado por la voracidad del Estado.
El tercer elemento de interés son las consecuencias de esta política irresponsable: La deuda pública. Sánchez y sus altavoces mediáticos siempre alardean de que reducen la deuda pública.
Esto es una mentira a medias. Digo mentira porque la deuda pública en 2023 ha aumentado en 75.000 millones de euros. Sí. 1.600 euros por español.
Y digo a medias porque lo que sí que se está reduciendo es el ratio de deuda pública sobre el PIB, hasta el 113% sobre el PIB. ¿Cómo es posible esto? Muy fácil: La inflación está impulsando artificialmente el PIB medido en términos nominales (sin descontar el efecto de los precios). Y por ello el denominador aumenta más que el numerador y la cuenta con la que lograr el titular sale.
Ahora bien, esto continúa sin ser una buena noticia: Con un déficit primario del 2,5% sobre el PIB, cuando vengan las vacas flacas (recesión) el denominador dejará de subir y la deuda pública continuará por los estabilizadores automáticos. Nos preguntaremos entonces de dónde vienen nuestros problemas.
En cualquier caso, y a pesar de esta cuestión estructural, no nos engañemos: La deuda pública es 13 puntos superior al estallido de la pandemia, también medido como porcentaje del PIB.
En definitiva: Nada que celebrar. Los españoles somos más pobres que cuando Sánchez accedió al Gobierno y debemos 6.400 euros más por cabeza desde que Sánchez está en el poder.
El estancamiento secular, antes o después, se paga. Y cuanto más tardemos en solucionarlo, menos posibilidades de actuación tendremos.