Cuando sólo restan 24 horas para la Junta General de Accionistas de Ferrovial que tiene que decidir si se aprueba o no el traslado de la sede fiscal a Países Bajos, el Gobierno arrecia sus ataques contra la compañía que preside Rafael del Pino.
El Gobierno ataca por tierra mar y aire. En suelo nacional y extranjero. Haciendo uso de todos los recursos a su alcance y procurando la mayor exposición pública posible. Que nadie dude de que el Gobierno se opone ferozmente a que una empresa española haga uso de su libertad y derechos para buscar lo mejor para sus intereses y los de sus accionistas.
La ministra de Economía y vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, se presentaba en una televisión extranjera este mismo martes para criticar a Ferrovial por su decisión. Su secretario de Estado conminaba al señor Del Pino a decir cuáles son sus verdaderos motivos para marcharse de España.
No sólo eso. Abierta y públicamente ha amenazado a una empresa privada con echarle encima a la Agencia Tributaria si termina yéndose y ha hecho uso de organismos como la CNMV o Bolsa y Mercados (BME), Uría o Latham & Whatkins para presionar, esgrimiendo que las razones confesadas por ferrovial no son suficientes para marcharse.
Hacienda ya amenaza con investigar de oficio a la compañía y advierte de que exigirá importantes sumas a Ferrovial si no considera suficientemente justificado su traslado.
Y todo esto en sólo dos días. Antes, cuando Ferrovial confesó sus intenciones, las críticas llovieron desde el Gobierno. La ministra Calviño y el propio presidente del Gobierno llegaron a señalar directamente al presidente de la empresa, Rafael del Pino y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, también llegó a criticar a Países Bajos por su fiscalidad.
Si a todo esto unimos, la elevada presión fiscal de las empresas en España, la subida de los costes de contratación vía cotizaciones sociales y salarios mínimos, así como la inflación que lleva sufriendo la industria española durante los dos últimos años o la "diarrea" legislativa que obliga a compañías como Ferrovial a tener que estar en una constante adaptación de sus estructuras productivas a un BOE caprichoso, lo raro no es que una compañía como Ferrovial, que ha hecho gran parte de la obra pública española, quiera seguir manteniendo su sede en suelo patrio.
Cuando se hicieron públicas las intenciones de Ferrovial, se deslizó que detrás de su decisión estaba la búsqueda de una plaza con mayor seguridad jurídica que la española. Después de conocer la violencia del Gobierno, lo que un espectador se pregunta es… ¿cómo es posible que siga habiendo grandes empresas españolas que quieran mantener su sede en semejante infierno fiscal y normativo?
Los empresarios como Juan Roig, Ignacio Sánchez Galán, Amancio Ortega o Ana Patricia Botín, por escoger sólo algunos de los últimos vilipendiados por el Gobierno de PSOE y Podemos, no son "despiadados capitalistas" o "avariciosos explotadores", como dice el Gobierno, sino valientes contribuyentes que crean empleo y, además, deciden mantener su sede en un infierno normativo y fiscal cada vez mayor.