El Gobierno asfixia a los agentes económicos con su política tributaria cuasi confiscatoria, drenando recursos a familias y empresas para seguir financiando su gasto público desmedido. Esa actitud tiene, además, otras consecuencias muy negativas para la economía española, que son las siguientes:
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Con el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social, el Gobierno asfixia a las empresas y a los trabajadores.
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Doblan la subida de la cotización adicional iniciada este año, pasando de un 0,6% adicional (0,5 a cargo de la empresa y 0,1 a cargo del trabajador) hasta el 1,2% en 2029 (1% el empresario y 0,2% el trabajador), manteniendo esta medida hasta 2050.
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Esto supondrá una barrera al empleo, pues encarece la contratación de los trabajadores, por un lado, y merma la renta disponible de los mismos, que redundará en una caída de contrataciones y, por tanto, de recaudación, perjudicando a la sostenibilidad del sistema.
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Del mismo modo, bajo el señuelo de "cuota de solidaridad", imponen una cuota adicional a los trabajadores con base máxima, que en 2025 será un punto adicional, pero con subidas incrementales de 0,25 puntos, hasta llegar a 6 puntos más en 2045, pero sin subir las pensiones máximas, lo que constituye esta medida en un paso hacia la transformación del sistema en asistencial en lugar de contributivo, socavando la confianza en el mismo.
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El Gobierno dice que las cotizaciones sociales son de las más bajas de Europa y que la presión fiscal también es más reducida que en Europa. Sin embargo, los informes desmienten al Ejecutivo.
Así, la OCDE, con datos de 2020, publica la cuña fiscal, donde afirma que las cotizaciones sociales que asumen las empresas representan el 29,9% del salario bruto del trabajador, frente al 21,9% de la media de la UE. Es decir, la presión por cotizaciones asumidas por la empresa es 8 puntos mayor que en la media de la UE. Aunque Francia e Italia soportan mayor porcentaje (36,3% y 31,6%, respectivamente), el de Alemania es mucho más bajo (19,9%).
Por otra parte, aunque para medir cuánto cuesta pagar impuestos lo correcto es emplear el esfuerzo fiscal (presión fiscal dividido entre PIB per cápita), también la presión fiscal es mayor ya en España que en la media de la UE, según el Informe de Competitividad Fiscal 2022 del Instituto de Estudios Económicos.
Si nos referimos al esfuerzo fiscal, más correcto (presión fiscal entre PIB per cápita), pues mide cuánto se recauda en relación con lo que en media se tiene, España también aparece con una mayor carga tributaria que la UE.
Del mismo modo, si nos referimos a la presión fiscal normativa, entendida como la carga de gravamen que el sistema fiscal introduce en las economías, al margen de la recaudación que obtenga, también es mucho mayor en España respecto a la UE.
Esto está incrementando los costes laborales en las empresas en España, que aumenta los costes laborales.
Esto hace disminuir la productividad de la economía española.
Y, así, termina por hundir la competitividad fiscal de España, que pasa a ocupar el puesto 34 de los 38 países analizados, muy lejos de la UE y con un índice que es casi la mitad que el del país más competitivo fiscalmente (Estonia).
Además, España no deja de empeorar: en 2020 ocupaba el puesto 26; en 2021, el 32; y en 2022, el 34.
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Con el incremento de las cotizaciones sociales de la reforma de pensiones y la subida de los casi treinta impuestos desde que gobierna Sánchez, el Gobierno está lastrando a empresas, trabajadores y al conjunto de la economía, empobreciendo a la sociedad.
Por tanto, podemos, así, comprobar cómo la política económica de Sánchez empobrece al conjunto de la economía española en el corto plazo y lastra sus posibilidades de crecimiento a medio y largo plazo. Esto aparece anestesiado por el ingente gasto público que lleva a cabo, pero la estructura económica va a quedar muy maltrecha y Sánchez va a entregar una economía española mucho peor que la que recibió.