La Unión Europea, en su afán por seguir la agenda climática, continúa llevando a cabo acciones con el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono en el medio-largo plazo. Una de las medidas que más polémica ha generado en los últimos tiempos es la que conlleva la prohibición de vender coches de gasolina y diésel a partir del año 2035. Esta normativa está encaminada a reducir la dependencia de nuestras economías de los combustibles fósiles y para alcanzar ese "horizonte verde" que tanto deseo genera en buena parte de la población. No obstante, por muy nobles que puedan parecen las intenciones de estas acciones, cabe preguntarse si esto tiene algún tipo de sentido y de si merece realmente la pena.
Para empezar, tenemos que preguntarnos cuánto representan las emisiones de CO2 a la atmósfera en términos de transporte terrestre, pues podría darse el caso de que estas emisiones representaran un porcentaje poco significativo y que, por tanto, la medida tuviera un impacto muy reducido en el agregado de reducción de emisiones. Por otro lado, hay que observar si las emisiones que la Unión Europea produce de forma anual tienen una importancia mayor o si, en términos absolutos, tiene muy poca relevancia. Pues si se diera el caso de que ya no sólo es que las emisiones por transporte terrestre fueran bajas, sino que el porcentaje de emisiones de la Unión Europea también tuvieran un impacto menor, podríamos concluir que la medida aplicada tiene poca razón de ser.
En primer lugar, veamos cuántas de las emisiones de CO2 a la atmósfera pertenecen al transporte terrestre.
Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el transporte fue el responsable de cerca del 25% de las emisiones de CO2 en la UE en 2019. De estas, el 71,7% de las emisiones provinieron del transporte por carretera y el 60,6% fueron provocadas por los coches, representando esta última aproximadamente una sexta parte de las emisiones de la UE. De esta manera ya estamos viendo que, dentro de la propia Unión Europea, las emisiones de CO2 por coches de diésel y gasolina son un porcentaje minúsculo, siendo aproximadamente un 15% del total de emisiones de la UE, por lo que, al observar la importancia de estas emisiones en el resultado global, comprobaremos como la relevancia se reduce aún más.
Pues bien, de acuerdo con Our World in Data tenemos que las emisiones de dióxido de carbono de la Unión Europea supusieron, en el año 2021, el 8,5% de todas las emisiones globales de CO2. Así pues, y teniendo en cuenta los datos que hemos visto anteriormente, los coches de gasolina y diésel en la Unión Europea vendrían a suponer el 1,3% del total de emisiones globales. Para los mandatarios europeos, este minúsculo porcentaje sería motivo más que suficiente para prohibir la venta de coches de gasolina y diésel a partir del año 2035.
A la luz de estos datos, cabe preguntarse si merece la pena todo el inmenso esfuerzo que están (y seguirán) haciendo los ciudadanos europeos para no tener prácticamente ninguna influencia en el resultado global. Con el progresivo abandono de los automóviles de combustión se incentivan los coches de tipo eléctrico, unos vehículos que no bajan de un precio de 40.000 euros en el corto plazo, por lo que la adquisición de este tipo de coches por las personas de rentas bajas y medias es más que complicada, más aún en países como el nuestro dónde los salarios reales llevan estancados más de 30 años. La "alternativa" que plantean desde sectores izquierdistas es subvencionar este tipo de vehículos, con lo cual habría que subir aún más los impuestos o recurrir a una mayor deuda, algo totalmente descabellado.
Por tanto, esta medida parece estar más bien orientada de cara a la galería pues no da la impresión de que vaya a contribuir verdaderamente a combatir la contaminación. Es como querer matar un león con una pistola de balas de goma. Y no sólo esto, sino que a quienes más van a perjudicar este tipo de prohibiciones es a los que menos recursos económicos tienen, es decir, a la inmensa mayoría de la población.
En definitiva, la Unión Europea sigue haciendo política al margen de las necesidades reales de los ciudadanos europeos, que cada vez se ven más ahogados por la mayor cantidad de impuestos, regulación y prohibición que se produce como consecuencia del problema climático, un problema que los burócratas de Bruselas creen que podemos solucionar tomando medidas aisladas desde nuestra pequeña comunidad.