Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, ha invitado a sus inscritos a enviar sus propuestas a partir de unos textos-base que servirán para redactar el programa electoral definitivo. De entre las ideas asumidas por los expertos de Díaz, destacan todas aquellas relacionadas con la "sostenibilidad", la "transición energética" y la revolución "verde", uno de los pilares del proyecto.
Uno de los documentos lleva el título Transición Ecológica Justa y entre otras cosas, señala que "el modelo productivo y reproductivo de nuestro país habrá de reorientarse de modo que la huella ecológica del conjunto decrezca, sea resiliente ante el caos climático y la emergencia ecosocial, y cubra las necesidades sociales". Respecto a cómo se pagará esta "transformación", el informe destaca que hay que crear "un sistema de financiación público y robusto": "En sociedades que producen dinero a una enorme escala, no se puede decir que no hay recursos para financiar una Transición Ecológica Justa. Es una cuestión de prioridades y de redistribución". Apuntan que hay que "dejar de financiar lo insostenible" e incluyen entre las herramientas para esa redistribución "el crecimiento de la fiscalidad", la banca pública y la persecución del fraude.
En el apartado de Energía, los expertos de Sumar decretan que las necesidades energéticas de España "sean cubiertas bajo criterios de equidad, de inclusión, de justicia social territorial e intergeneracional, y de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente". Defiende una oferta "cien por cien renovable", basada, dicen, en "la electrificación de la demanda, la eficiencia energética, el ahorro y el consumo responsable".
"Electrificar la climatización y la movilidad, que suponen dos tercios de la demanda española, equivale a consumir tres veces menos energía", apuntan en un texto que se propone, entre otros objetivos, "reducir el número de vehículos privados en un 15%" para 2030 y la "eliminación del gasóleo, del gas natural, del butano y del propano en el sector residencial". Señalan respecto a esto que una de "las misiones país que debemos alcanzar es quitar en diez años el uso de combustibles fósiles de uso doméstico". Entre las medidas para lograrlo, sugieren la paulatina rehabilitación y "electrificación" de edificios (500.000 al año) y "la prohibición del desarrollo de nuevas redes de gas en nuevas urbanizaciones".
El plan energético del proyecto de Yolanda Díaz contempla que la demanda de energía en 2030 "debería ser un 25% menor que la existente en la actualidad" y en él se aboga por el intervencionismo e incluso por la energía gratis en determinados colectivos: "es necesario establecer para cada tipo de unidad familiar un mínimo vital energético que tenga un coste reducido o, incluso, nulo si su estado es de vulnerabilidad".
Los planes "descarbonizadores" de Díaz sólo pasan por las renovables: mencionan expresamente su "apuesta por el cierre nuclear y del carbón". En cuanto al gas y el petróleo, abogan por "la incorporación de tasas a la electricidad producida por fuentes fósiles" y también defienden "la prohibición del consumo de combustibles fósiles producidos" mediante fracking, como es el caso, por ejemplo, del gas natural licuado procedente de Estados Unidos.
Las políticas verdes se introducen en todo tipo de ámbitos. Es llamativo que entre los documentos hay uno expresamente dedicado a la alimentación muy en la línea de las políticas de Alberto Garzón pero que va varios pasos más allá. Estas son algunas de las propuestas más llamativas:
- Impuestos "a los alimentos no saludables para lograr un cambio sustancial del modelo alimentario actual": el documento defiende una política fiscal que grave "aquellos alimentos que mayor mortalidad y costes sanitarios generan". Mencionan los alimentos ultraprocesados y las carnes.
- "Seguridad Social Alimentaria": consistiría, apuntan, en "una estructura similar a la seguridad social médica, que ofrece universalidad en el acceso a la compra en una red alternativa de distribución de alimentos con criterios sociales y agroecológicos". Con ella se conseguiría una "alimentación adecuada" y también combatir, dicen, la subida de precios. Se repartiría una "cuantía fija mensual" por persona para gastar en este sistema financiada mediante impuestos o bien con las "cotizaciones del trabajo" o "dividendos empresariales".
- "Espacios públicos" por el "derecho a la alimentación": en la misma línea, la plataforma defiende la creación de "espacios comunitarios para la producción y el consumo a escala de barrio o municipal". Entre estos espacios citan "economatos cooperativos", cocinas colectivas o despensas comunitarias.
- Asignaturas de alimentación "saludable y sostenible" en Educación Primaria y Secundaria
- Etiquetado ecológico: los alimentos, proponen, deberán incorporar información "medioambiental" con el "componente ecológico" de la producción.
- Combatir el "hambre emocional": mencionan estrategias para desarrollar "capacidades" contra un tipo de hambre por "ansiedad" entre otras patologías que sufren más "personas con bajas rentas, infancia y adolescencia".
- Supermercados públicos: Sumar apuesta por "fortalecer" una "red alternativa pública de distribución de alimentos", basados en "sistemas agroecológicos" y con precios "que internalicen todos los impactos generados a lo largo de la producción, elaboración y distribución de los alimentos". A ellos estarían vinculados los cheques de la "seguridad social alimentaria" y apuntan que en ellos podrían "reubicarse" trabajadores actuales de la cadena agroalimentaria "a medida que se incrementase la presión sobre aquellas cadenas alimentarias contrarias a la sostenibilidad en cualquiera de sus dimensiones".