La Ley de Vivienda que el Gobierno de PSOE y Podemos ha sacado adelante en el Congreso de los Diputados esconde un golpe fiscal a buena parte de los propietarios de los pisos que ha pasado desapercibido. Uno de los motivos es que las medidas que favorecen la okupación se han llevado la mayoría del protagonismo alrededor de la polémica norma. Sin embargo, también ha contribuido a este despiste la confusa explicación que el Gobierno da en el texto sobre la reducción por IRPF de los alquileres.
Y es que, actualmente los dueños de vivienda en alquiler pueden beneficiarse de una reducción en el IRPF del 60% en los ingresos que obtiene cada propietario en el periodo impositivo correspondiente y que se declaran cada año como rendimientos de capital inmobiliario.
Para poder aplicarse esta reducción, el único requisito es que el piso alquilado sea la vivienda habitual del inquilino. Si el alquiler es vacacional, no es posible acogerse a ella. "La reducción no se aplica a los alquileres de apartamentos turísticos ya que su finalidad no es satisfacer una necesidad permanente de vivienda sino cubrir una necesidad de carácter temporal" señala la Agencia Tributaria.
Subida fiscal por la puerta de atrás
Ahora, con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el Gobierno ha rebajado por la puerta de atrás esa reducción del 60% al 50%, lo que afectaría a todos y cada uno de los propietarios de España que declaran religiosamente a Hacienda sus arrendamientos. Como ya publicamos en Libre Mercado, este golpe fiscal al pequeño arrendador ya estaba incluido en el anteproyecto que elaboró el Ejecutivo en 2021. Han conseguido colarlo.
Pero la nueva Ley de Vivienda de Pedro Sánchez vende esta subida fiscal como una "mejora de la regulación del IRPF" ya que contempla reducciones de hasta el 90% si el casero cumple unos determinados requisitos que le marque el Gobierno. El texto dice lo siguiente:
Se establece una mejora de la regulación del IRPF para estimular el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles, a través de la modulación de la actual reducción del 60 por ciento en el rendimiento neto del alquiler de vivienda, estableciendo que, en los nuevos contratos de arrendamiento, el porcentaje de reducción será del 50%, que podrá incrementarse hasta el 90%, en el caso de que se firmen nuevos contratos de arrendamiento de vivienda en zonas de mercado residencial tensionado con una reducción de al menos un 5% sobre el contrato anterior.
Es decir, si el dueño del piso pretende aplicarse una reducción superior a ese 50% (hasta ahora, 60%) el Gobierno le obligará a rebajar el precio de su vivienda. Además habrá la posibilidad de ampliar la reducción cuando se trate de viviendas que no estaban en el mercado del alquiler y que se alquilen a jóvenes o cuando el casero haga "obras de rehabilitación". Sin embargo, si el dueño del piso continúa con su alquiler habitual (la mayoría de los casos) pagará más IRPF, aunque el Gobierno no lo destaque.
Esta reducción podrá alcanzar el 70 por ciento cuando se trate de la incorporación al mercado de viviendas destinadas al alquiler en zonas de mercado residencial tensionado y se alquilen a jóvenes de entre 18 y 35 años en dichas áreas, o bien, se trate de vivienda asequible incentivada o protegida, arrendada a la administración pública o entidades del tercer sector o de la economía social que tengan la condición de entidades sin fines lucrativos, o acogida a algún programa público de vivienda que limite la renta del alquiler. Y, podrá alcanzar una reducción del 60 por ciento sobre el rendimiento neto cuando se hubiesen efectuado obras de rehabilitación en los dos años anteriores
Cabe recordar que aflorar los alquileres en negro es uno de los objetivos prioritarios de Hacienda cada año. En concreto, en este ejercicio, el fisco alertará a 661.000 propietarios de inmuebles de que tienen que declarar las rentas. Con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el beneficio fiscal del contribuyente por cumplir con la Agencia Tributaria será menor.