El último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España recoge una sorpresa desagradable para aquellos que siguen creyendo que el Estado puede jugar un papel constructivo en el sector financiero. Tras el fiasco de las cajas de ahorros, que provocaron un agujero valorado en 65.000 millones, esta vez conocemos cifras muy preocupantes de las líneas de crédito ICO que impulsó el gobierno de España durante la pandemia del coronavirus.
Según el Banco de España, los impagos registrados en este tipo de acuerdos de financiación se dispararon un 177% durante el año 2022. Además, a lo largo del pasado ejercicio, los préstamos de dudoso cobro intermediados por el ICO crecieron un 79%. Y, por si no fuese suficiente, el grupo de los deudores que figuran en esta última categoría ha crecido con fuerza, incrementándose en un 30% a lo largo del curso 2022.
Por lo tanto, los contribuyentes pueden empezar a prepararse para nuevos "rescates" financieros que nuevamente tienen su raíz en la intervención del Estado en los canales de financiación del sector bancario. Ya no se trata de entidades públicas, pero sí de avales que, en caso de impago, se ejecutan sobre las arcas públicas. En total, el Banco de España estima que los créditos dudosos ya suponen un "agujero" de entre 5.500 y 6.000 millones de euros.
Esta cifra se corresponde con el 7% de los préstamos que se han concedido recurriendo a esta fórmula. Por comparación, los impagos que suelen enfrentar los créditos que concede la banca bajo su cuenta y riesgo y sin intermediación del Estado ascienden, en promedio, al 3-4% del saldo crediticio mantenido por las entidades con el sector privado. Dicho de otro modo: la morosidad de los créditos ICO duplica los niveles habituales en el ámbito bancario.
Para terminar de tomar en consideración el alcance del problema, basta con señalar que la proporción de créditos avalados por el ICO que están en situación de vigilancia especial ha aumentado hasta suponer prácticamente la quinta parte (20%) del total de acuerdos de financiación bancaria cerrados bajo este tipo de condiciones.
Obviamente, el gobierno de España prefiere mirar hacia otro lado y no darse por enterado de la gravedad del problema. Esto explica la decisión del ICO de aprobar numerosas prórrogas con las que se pretende retrasar en el tiempo el momento de aflorar las deudas que van a generar estas operaciones. Sin embargo, tarde o temprano será preciso asumir el coste, pasarlo al déficit y aumentar la deuda que asumen y financian con sus impuestos todos los contribuyentes.
¿Crédito ICO para vivienda social? Las cifras no casan
Además, pese al creciente riesgo asociado a esta forma de financiación, Sánchez ha anunciado que pretende "financiar la construcción de 43.000 viviendas de alquiler social con 4.000 millones del ICO". La cifra no casa bien con el coste estimado de tal proyecto y, de hecho, tales recursos avalados por el Estado solo cubrirían la mitad del coste de desarrollar estos nuevos inmuebles. Pero, además, volvemos a encontrarnos con el problema de la factura "en la sombra" derivada de posibles impagos en estos créditos.