Libre Mercado informaba esta semana sobre el abultado coste derivado de la estrategia del gobierno de Pedro Sánchez de impagar los laudos que obligan al Reino de España a indemnizar a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. La estrategia del Ejecutivo nos cuesta, en términos agregados, más de 250 millones de euros, a los que hay que añadir los casi 1.200 millones que se deben abonar a las compañías que sufrieron el cambio en las reglas de juego.
¿Cómo se reparten y desglosan estos costes? Libre Mercado ha tenido acceso a los documentos que desglosan y cuantifican el encarecimiento de los laudos a raíz de las demoras del Ejecutivo. Como puede verse a continuación, los desembolsos adicionales que genera esta estrategia ascienden a 119 millones de euros y se corresponden con un total de 21 sentencias definitivas que el gobierno se sigue resistiendo a cumplir:
El pago más abultado de todos los que España tiene pendientes se corresponde con las inversiones que realizó Antin. Nuestro país le debe 101 millones a la firma de infraestructuras energéticas. Sin embargo, el retraso derivado de los impagos añade 20 millones y eleva la factura total por encima de los 121 millones.
El laudo que reconoce la deuda pendiente con NextEra es más abultado de todos, puesto que nuestro país debe 290 millones a la compañía estadounidense especializada en energías renovables. Sin embargo, como ha pasado menos tiempo desde la publicación de la sentencia definitiva, el interés acumulado es, de momento, más moderado, pero en cualquier caso alcanza ya los 4,6 millones de euros.
Repasando los 21 procedimientos que se han resuelto en contra de España, encontramos otras obligaciones de pago por intereses muy significativas: 15,8 millones a PV Investors, 11,6 millones a RREEF, 11,1 millones a Watkins, 9,4 millones a Sun-flower, 9,4 millones a Foresight…
Y así, agregando todos estos pagos adicionales que se derivan de la demora que generan los impagos del gobierno de Pedro Sánchez, encontramos que el erario público terminará pagando 119 millones de euros más que en circunstancias normales. Conviene recordar, además, que el sendero que está intentando recorrer el Ejecutivo es un camino sin salida, porque los afectados están compensando estos incumplimientos con el embargo de bienes del Reino de España. Así, esos 119 millones acabarán siendo repercutidos también sobre nuestro país, sea mediante un pago líquido… o a través de la incautación de cuentas de banco, activos empresariales participados por el Estado, títulos de deuda, edificios institucionales, derechos de cobro y otros bienes.