Aunque ahora es cuando ha vuelto a la actualidad, los vecinos de los municipios de Teruel próximos a la presa de Los Toranes llevan tres años luchando por que siga en pie. La infraestructura se incluye dentro de los "obstáculos" en "desuso" en ríos que quiere eliminar el Ministerio de Transición Ecológica aunque, como en el caso de la presa de Valdecaballeros, en Badajoz, se ha encontrado con la oposición frontal de vecinos y de los gobiernos locales y autonómicos, también socialistas.
La presa de Los Toranes, con una altura máxima de 17 metros y 27 metros de longitud, se levantó hace un siglo sobre el río Mijares. La concesión, para riego y generación eléctrica y de 75 años de duración, se extinguió el 15 de mayo de 2018. Dos días después la Confederación Hidrográfica del Júcar inició un expediente de extinción del derecho de aprovechamiento de las aguas que concluyó, en noviembre de 2020, con la orden de la Dirección General del Agua de demoler tanto la presa como la central, y que todos los cargos corrieran a costa de Iberdrola, su propietaria.
En el informe al que ha tenido acceso LD, la Confederación Hidrográfica manifestó que "la rentabilidad del aprovechamiento es dudosa y su mantenimiento es contrario al interés público, a las exigencias medioambientales y a las determinaciones del plan hidrológico" del Júcar. Aunque señalaban que "el estado y la conservación del embalse" era "adecuado", constataban hechos como que en la presa no existe "ningún elemento de continuidad fluvial" que permitiera el paso de los peces.
Las conclusiones entroncaban con las alegaciones que presentaron varias asociaciones ecologistas: la asociación AEMS Río con Vida reclamó la demolición por constituir "un obstáculo infranqueable" y señaló que el derribo "supondrá una notable mejoría de la calidad de las aguas y del ecosistema fluvial del río Mijares". Mientras, la propietaria, Iberdrola, se mostró en contra y consideró que "la continuidad del aprovechamiento hidroeléctrico de Albentosa-Los Toranes sería económicamente rentable".
Por su parte, regantes, ayuntamientos e incluso otra asociación ecologista reclamaron al Ministerio que no tocara la presa e incluso pidieron que la administración mantuviera abierta la central: "Puede resultar raro que un grupo de defensa ambiental se declare a favor de una presa que indudablemente causa alteraciones al río. (...) No es suficiente tener un río en perfectas condiciones si el valle que lo rodea pierde calidad y biodiversidad (…) No nos basta tener un valle limpio si la energía que consumimos procede de fuentes no renovables. La presa y la central debieron tener un impacto enorme cuando se construyeron. Pero ese impacto ya ha sido absorbido y la solución no es trasladar el problema a otro lugar", señaló al respecto el colectivo Mijares Vivo.
La resolución del Ministerio, que permitía recurso, está de momento paralizada. Entre tanto, desde los pueblos vecinos continúan reclamando que la presa no se tire: "Llevamos tres años luchando", recuerda en conversación con LD el alcalde de Olba, Federico Martín, que insiste en que no entienden por qué se quiere tirar esta presa y destaca que "estamos desde el minuto cero en contra".
Los consistorios que lideran la oposición son los más próximos: San Agustín, Albentosa y Olba. Pero Martín señala que tienen el respaldo de toda la comarca y también del Gobierno socialista de Javier Lambán, que hace unos días tacho de "disparate" el posible derribo. "Queremos que nos escuchen, que la administración central nos escuche. El 99 por ciento del territorio está en contra de esta demolición. No entendemos cómo gente que está en Madrid no ha sido capaz de visitarnos", se queja.
Entre las razones que desde su consistorio y otros pueblos cercanos tienen para que la presa se mantenga, cita la "energía eléctrica limpia" que proporcionaba la central y que creen que se podría seguir generando si se opta por su reapertura. También habla del "erial" en que se convertirían las zonas de cultivos próximas: el embalse alimenta la conocida como "acequia del diablo" y una zona de regadío cercana.
Herramienta contra los incendios
También señala cómo esta reserva de agua "se encuentra en una zona de muy alto riesgo de incendios forestales". El alcalde recuerda cómo en el reciente incendio de Castellón y Teruel, los helicópteros que ayudaron a apagar las llamas recurrieron al agua embalsada en la zona. "Esta presa está aportando mucho en prevención", destaca Martín, también consejero de Prevención de Incendios y Protección Civil de la comarca Gúdar Javalambre.
En cuanto al daño ambiental, el alcalde afirma que la presa "está integrada en el medio ambiente" y es ya importante a nivel turístico: "Es una zona muy rica en vegetación y en el ecosistema fluvial".
Martín insiste en que todas estas razones son "suficientes" para que la decisión se estudie: "Queremos que la gente que toma estas decisiones sin valorar todos estos aprovechamientos venga al sitio, se reúna con los vecinos y tenga en cuenta todas estas aportaciones que hacen que esta presa sea única". El alcalde dice entender los argumentos del Ministerio para cumplir la normativa europea que se han traducido en el derribo de múltiples "obstáculos fluviales", pero el alcalde pide que se mire "caso a caso" y que no se pase a todas "por el mismo rasero". "No tiene ningún sentido eliminarlo, las personas del terreno lo saben, lo conocen. Defenderemos a muerte que esta presa no se tire".
Derribo pese a la sequía
El alcalde también destaca el sinsentido de que esta decisión se acometa en plena sequía: "Ahí tenemos una balsa de agua, que se puede aprovechar. Necesitamos agua y nos la queremos cargar". Según destaca, la desaparición de la presa "cambiaría la economía de la zona, desaparecería esa riqueza y pasaría a ser un erial".
Desde el consistorio apuestan incluso por mantener en marcha la central hidroeléctrica, cumpliendo los criterios ambientales actuales, y defienden que lo asuma la administración, "el Gobierno de Aragón o la comarca". "Que se desdigan; rectificar es de sabios, todavía se puede subsanar", insiste.
El impacto de la demolición
A estos planteamientos de los representantes políticos se suman los de los regantes, que en su día contestaron al Ministerio que la demolición "no supondrá más que destruir el hábitat que ahora hay con la esperanza de que se regenere el que, suponemos, debió existir hace un siglo". También afirmaron que destruir la presa "comprometerían el desarrollo socioeconómico de la zona y perjudicarían gravemente el mantenimiento de la población", "tan de moda con la España vaciada".
Al respecto, la asociación Mijares Vivo alegó ante el Gobierno que tirar la presa supondría "dejar en secano una zona de un valor estratégico": "Aunque el valor económico de las cosechas obtenidas en estos huertos familiares sea ínfimo, el impacto sobre el paisaje, la biodiversidad y, muy especialmente, la prevención de incendios es insustituible", apuntó, recordando, también, el impacto que tenía la demolición en "un tramo de río en el que apenas es posible acceder andando, y cualquier obra es muy costosa económicamente pero también muy impactante sobre un espacio casi virgen".
Ecologistas: "Hecatombe de biodiversidad"
En su contra están además de la citada AEMS-Ríos con Vida otras asociaciones como Ecologistas en Acción: "El río Mijares debe ser una de las zonas prioritarias a restaurar en España y será un buen ejemplo de restauración y mejora fluvial dentro del marco de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos del Ministerio de Transición Ecológica", dicen sobre la estrategia de la ministra Teresa Ribera de "eliminación de presas obsoletas". "Es una parte fundamental del compromiso para frenar la hecatombe de biodiversidad que está ocurriendo en todas las partes del mundo", defienden.
Desde el Ministerio, que hace unos días se abrió a la posibilidad de tomar en consideración las quejas de la Junta de Extremadura sobre Valdecaballeros, por el momento no dan muestras de dar marcha atrás sobre Los Toranes. Este martes, Ribera admitió en el Senado que se trata de dos casos "parecidos" pero apuntó que "nadie ha expresado particular interés por solicitar una concesión con mantenimiento de la infraestructura".