En 1984, el Gobierno de Felipe González decidió paralizar la construcción de cinco reactores nucleares: Lemóniz I y II en Vizcaya, Trillo II en Guadalajara y Valdecaballeros I y II en Badajoz. En el caso de la frustrada central pacense los trabajos estaban completados al 90%; nada de eso importó al Ejecutivo a la hora de aprobar una moratoria nuclear que condenó a todos los españoles a compensar a las empresas propietarias con el pago de 5.717 millones que se repercutieron en el recibo de la luz desde 1996 y que se terminaron de pagar el 31 de agosto de 2015.
En los terrenos de la pequeña localidad de Valdecaballeros aún perviven los restos de lo que iba a ser la central e infraestructuras como el pequeño embalse de Valdecaballeros, que se levantó sobre el río Guadalupejo, un afluente del Guadiana, para refrigerar los circuitos. Con una capacidad de 13 hectómetros cúbicos y una presa de 400 metros de largo, su fin está próximo cuarenta años después de su construcción: el Ministerio de Transición Ecológica ordenó su derribo en una resolución publicada hace diez días que ha soliviantado a la comarca y a la Junta de Extremadura, presidida por el socialista Guillermo Fernández Vara.
Según explican a LD algunos de los ingenieros que trabajaron a principios de los 80 en la central, el lago artificial que llegó a construirse estaba pensado para alimentar el sistema de refrigeración del reactor, una estructura en forma de "laberinto" que utilizaría agua para enfriar el sistema y que necesitaba de un embalse próximo para abastecerse. La presa nunca llegó a cerrarse: al construirse, cuentan, elevó el nivel del agua unos metros, pero se dejó abierto un aliviadero para que siguiese corriendo. Pero sí retiene el agua suficiente para abastecer a dos de los pueblos por los que discurre el Guadalupejo: Valdecaballeros y Castilblanco.
La orden de tirar la presa
Desde el Ministerio explican a LD que el proceso que ha llevado hasta aquí arrancó en 2021, cuando Endesa e Iberdrola decidieron renunciar a la concesión para levantar el embalse otorgada en los años 80. La Confederación Hidrográfica del Guadiana comenzó entonces los trámites para la extinción de la concesión, que han desembocado ahora en una resolución de la Dirección General del Agua que ordena "restituir el Dominio Público Hidráulico" de la zona lo que conlleva, a juicio del Ministerio de Teresa Ribera, "la demolición de la presa".
El Ministerio señala que la decisión cuenta "con todos los informes favorables de la abogacía del Estado y del Consejo de Estado", que en su dictamen señaló que la demolición "propuesta" por el ministerio "es legal, pero a la vista de las circunstancias del caso concreto su oportunidad se debería ponderar detenidamente y, en su caso, justificar detalladamente".
Seis meses para el derribo
En contra se manifestaron durante el proceso, entre otros, el cercano ayuntamiento de Castilblanco, que junto a Valdecaballeros utiliza este embalse para abastecerse y que tendría que hacerlo desde el cercano pantano de García Sola, y las eléctricas, a las que el Gobierno quiere cargar con la factura de los trabajos de demolición que deberían estar listos "en seis meses". Endesa e Iberdrola presentaron alegaciones señalando, entre otras cosas, que el embalse "cumple una función de utilidad pública" al abastecer a pueblos de la comarca y que a su juicio "los costes derivados de una hipotética demolición de las instalaciones deberán ser satisfechos por el Estado con cargo al sistema de compensación" establecido en su día por la moratoria nuclear.
En la resolución, el Gobierno descarta de forma tajante la posibilidad de conservar la presa, alegando, entre otras cosas, que no está completamente cerrada lo que "impide que el embalse pueda alcanzar su nivel normal", una posibilidad que se planteó en 2003 aunque no se llevó a término. Ahora, el Ministerio de Ribera sostiene que "no estaría justificado mantener una obra sin acabar" y sentencia que "no es posible ni conveniente la reversión al Estado de las obras afectas al aprovechamiento, por ser inviable la continuidad del aprovechamiento y resultar su mantenimiento, en las condiciones referidas, contrario al interés público".
Las voces en contra
Desde Extremadura, sin embargo, la posición es radicalmente contraria. Durante la tramitación, uno de los consistorios afectados, el de Castilblanco, defendió que se abastecen "con agua proveniente del embalse de Guadalupejo" y adujo que "la demolición de la presa provocaría un perjuicio mayor que el beneficio que pretende, causando un daño ambiental al río".
Tras conocerse la decisión, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que insisten en que hoy por hoy el embalse abastece a varios pueblos "para consumo humano" y que con la construcción del embalse en los ochenta "se ha creado en esa zona un ecosistema que forma parte del Corredor Ecológico y de Biodiversidad del río Guadalupejo". "El derribo del embalse causaría mayor daño que beneficio al medio ambiente de una zona privilegiada y que se encuentra enclavada en la Reserva de la Biosfera de La Siberia", denuncian. Mientras, ecologistas de la asociación Ríos con Vida, también personada en el proceso, sí celebra la medida.
¡𝗡𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 𝘀𝗶𝗿𝘃𝗲... 𝗲𝗻 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗲𝗺𝗮𝗱𝘂𝗿𝗮!¡Noticioooooón!!
— Ríos con Vida (@riosconvida) March 15, 2023
📢📢📢📢📢📢📢
Demolición de la presa abandonada de la nuclear de Valdecaballeros, de 400 m de longitud. ⤵️ pic.twitter.com/d5ABPY9Fsi
Recurso contra el Gobierno
Tanto Castilblanco como los consistorios de Valdecaballeros y de Alía han anunciado un recurso contra esta resolución que estará encabezado por la Junta de Extremadura "por ser parte interesada". En el Gobierno de Vara indigna especialmente que el Gobierno no les consultara la decisión como "actual propietaria de los terrenos de la central nuclear".
Mientras desde el Ministerio señalan que la demolición futura de esta infraestructura, que, dicen, "actualmente no tiene ninguna utilidad", no repercutirá en los abastecimientos de agua de las poblaciones cercanas, la Junta y los consistorios alegan que el traslado de las tomas de agua al embalse de García Sola "conllevaría un recurso de menor calidad".
Vara, a la carga contra Ribera
"El Ejecutivo extremeño comparte con los ayuntamientos que el daño medioambiental para las especies de la zona puede ser irreversible, más cuando existen otras alternativas al derribo que deberían estudiarse antes de tomar una decisión definitiva", señaló la Junta esta semana en un comunicado. Horas después, fue el propio Vara el que contestó el Gobierno desde el Parlamento extremeño, a preguntas de Cs: tras confirmar que iba a "combatir" la medida por la vía administrativa, señaló que "en un estado autonómico estas decisiones no se pueden tomar sin el conocimiento de la comunidad autónoma" y sin contar con el acuerdo de la administración regional.
El socialista se declaró convencido de que finalmente no habrá derribo, que "no va a ocurrir", con un aviso al Gobierno: "En un Estado autonómico con una comunidad autónoma enfrente no se puede llevar a cabo una decisión de estas características bajo ningún concepto". Y llegó a quejarse de que aún haya en los ministerios gente que crea que en los territorios hay un gobernador civil.
El enfrentamiento "nuclear" con el Gobierno
El conflicto abierto por la orden de derribar la presa se suma a las diferencias entre el Gobierno central y el PSOE extremeño por el plan de cierre de las centrales nucleares. La primera de la lista sería la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, y el partido en la región ha señalado varias veces su rechazo a unos planes que sin embargo sí votaron en el Congreso de los Diputados.