La ofensiva de Ada Colau contra los pisos turísticos se ha derrumbado como un castillo de naipes. En los últimos meses, diversas instancias judiciales han dado la razón a empresas y particulares que habían tramitado los permisos pertinentes para operar este tipo de negocios pero se habían topado con la negativa de la corporación local.
Todo empieza con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que autorizó un total de 120 pisos turísticos en los números 84-92 de la calle Tarragona. La compañía propietaria de la finca obtuvo una primera resolución favorable en septiembre de 2019, pero el gobierno local recurrió y litigó hasta toparse, finalmente, con un pronunciamiento judicial que legaliza 120 pisos de estas características.
El edificio en cuestión estuvo durante muchos años en manos de familias que gozaban de contratos de renta antigua, de modo que se trataba de un inmueble deteriorado por la falta de inversión de los propietarios. Sin embargo, la empresa Inmobiliaria Gallardo compró estos activos y, conforme han ido venciendo tales contratos, ha transformado y renovado los pisos y, posteriormente, los ha sacado al mercado del alquiler turístico. Aunque Colau quiso impedir esta reconversión, la justicia ha terminado dándole la razón a los propietarios.
Colau insistió en que se trataba de un caso particular, pero lo cierto es que, durante el último año, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha emitido al menos siete sentencias más en las que se anula la disposición del Plan Municipal que pretendía impedir la operativa de este tipo de negocios. De momento, estas 7 sentencias vienen a autorizar 12 pisos turísticos más que el gobierno municipal se negaba a regularizar.
La contraofensiva de Colau
Sin embargo, Colau no se rinde y está diseñando su contraofensiva jurídica. Así, la alcaldesa comunista de la Ciudad Condal cree que la Ley de Facilitación de la Actividad Económica faculta al gobierno municipal a extinguir 90 de las 120 licencias que quedaron regularizadas con la sentencia de la finca del inmueble situado en la calle Tarragona.
¿Surtirá efecto este planteamiento? El artículo 36.1 de la Ley de Facilitación de la Actividad Económica, aprobada por la Generalidad de Cataluña en 2021. Dicha norma indica que las licencias perderán eficacia bajo diversos supuestos, entre ellos la obligación de que la actividad comunicada comience a andar transcurrido un máximo de tres meses desde la concesión del permiso pertinente.
Sin embargo, es más que probable que la empresa propietaria recurra esta maniobra y alegue que las obras de transformación de los inmuebles han pedido una apertura inmediata, de modo que el proceso puede terminar nuevamente en el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña, donde las sentencias han tendido a condenar la actuación del consistorio.