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Nueve propuestas de mejora para las residencias de mayores ante la escasez de trabajadores

La retórica del gobierno sobre la importancia de la sanidad choca con medidas regulatorias que hacen inviable el cuidado de mayores.

La retórica del gobierno sobre la importancia de la sanidad choca con medidas regulatorias que hacen inviable el cuidado de mayores.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado. | Europa Press

La española es una de las sociedades más envejecidas del mundo. La combinación de una fertilidad a la baja y una esperanza de vida al alza contribuye a elevar de forma progresiva la edad de las personas que viven en nuestro país. Hasta ahora se ha escrito mucho de este tema desde el punto de vista de la natalidad o las pensiones, pero ¿qué hay del impacto sobre el sistema de salud?

Un nuevo informe de Foro Regulación Inteligente estima que nuestro país tiene un déficit de 127.000 profesionales en el mundo de la enfermería. Este diferencial es especialmente acusado en Canarias, Andalucía, Murcia, Valencia, Galicia, Baleares o Aragón. Hablamos, por tanto, de una brecha importante que solo irá a más conforme pasen los años y no se solucione el problema. De hecho, solo el 55% de las personas que trabajan en este ramo tienen menos de 45 años, de modo que la falta de relevo generacional puede hacer que la situación termine siendo aún peor.

Sin embargo, parte importante del problema se explica por la burocracia universitaria, que ha generado una diferencia muy acusada entre la oferta y demanda de plazas para este tipo de especialización. En 2015, los centros de educación superior ofrecían 9.200 matrículas para un total de 21.800 aspirante, mientras que en 2022 estas cifras eran de 9.600 y 45.300. Así, el porcentaje de plazas ofertadas por las facultades españolas ha caído del 42% al 21% de la demanda social de tales estudios.

Esta es una circunstancia preocupante, que nos sitúa como uno de los países europeos con un mayor desfase en esta variable:

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El problema es que, en vez de tomar medidas para aumentar la oferta de plazas, la respuesta del gobierno ha sido dejar como estaba la cuestión de la formación universitaria y, al mismo tiempo, aprobar un nuevo marco de gestión que eleva los umbrales de contratación de personal de enfermería para las residencias de mayores.

Estos centros lidian de forma más directa con la escasez de trabajadores en dicho segmento, puesto que las promociones artificialmente pequeñas de nuevos graduados fluyen eminentemente hacia la función pública y el ámbito de los hospitales, mientras que el envejecimiento de la población hace que cada haya más personas viviendo en este tipo de instalaciones.

Por lo tanto, la frontera del problema está en las residencias, que tienen cada vez más ingresos y cada vez menos posibilidad de incorporar profesionales, pese a lo cual el gobierno les exige que aumenten sus ratios de enfermeros por residente, pidiendo que contraten a un personal que, hoy por hoy, no existe.

Así, una resolución del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra plantea que las ratios de cuidadores por mayor deberán subir, cuando menos, de 0,31 a 0,43 trabajadores, un aumento que deberá darse de forma escalonada entre los ejercicios 2023 y 2029. En el caso del personal de atención directa conjunta, la subida exigida será de 0,39 a 0,51. Por tanto, los gastos de plantilla aumentarán entre un 30% y un 40%, un notable encarecimiento que fue aprobado mediante un Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que contó con la oposición de algunas de las regiones con mayor número de residentes en este tipo de centros, caso de Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid o las dos Castillas.

Propuestas de mejora

¿Cómo ponerle el cascabel al gato? El documento de Foro Regulación Inteligente plantea las siguientes medidas:

- Elevar todo lo posible el número de alumnos permitidos en las titulaciones del ramo.

- Desarrollar un nuevo título de FP concentrado en las labores más básicas y rutinarias de este tipo de asistencia.

- Frenar la subida de los ratios de personal que plantea el gobierno.

- Incentivar la jubilación flexible de los profesionales más mayores del ámbito de la enfermería.

- Ofrecer rebajas fiscales a las empresas del sector para compensar su mayor carga salarial.

- Favorecer en el IRPF el retorno de enfermeros que se hayan trasladado a otros países.

- Ayudar a la homologación de títulos de enfermería ofrecidos en países de habla hispana o del mercado UE. Madrid ha dado los primeros pasos en este sentido, dentro de la llamada Ley Ómnibus.

- Aumentar la colaboración público-privada para que los centros de mayores y la atención primaria compartan información y anticipen problemas en los usuarios de ambos sistemas (el primero es esencialmente privado y el segundo está principalmente en manos del sector público, pero su entendimiento favorecería un tratamiento continuado y un seguimiento capaz de minimizar riesgos y anticipar problemas, redundando en menos gasto y mejor calidad de vida).

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