El prestigioso economista Ángel de la Fuente ha publicado en Fedea su análisis de la Ley de Vivienda impulsada por el gobierno de coalición conformado por PSOE y Podemos. En su opinión, la norma resulta "fallida" y tendrá resultados "contraproducentes", en la medida en que "ignora lecciones no tan lejanas de la propia historia económica de España, de otros países y de la teoría económica más sólida", generando un marco regulatorio "que sólo agravará la insuficiencia de la oferta de vivienda en alquiler".
Con su trabajo, De la Fuente alerta del "debilitamiento de los derechos de propiedad que se desprende del texto" y subraya "la inseguridad jurídica" que generan "los límites y deberes" que impone la Ley, con el supuesto fin de garantizar la "función social de la propiedad". Un buen ejemplo lo tenemos en la exposición de motivos, que sostiene que el derecho a la vivienda "modula tanto el derecho de propiedad como la libertad de empresa cuando operan en el sector de la vivienda".
El documento de Fedea recuerda que, por ejemplo, en el artículo 1.2 de la normativa se habla abiertamente del deber de los propietarios de vivienda de "destinar la misma al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico" y, en los puntos 11.1.e, 19.1 y 19.4, se abordan sus "obligaciones de colaboración con la Administración competente", así como la exigencia de proceder al "suministro de información" sobre el uso de las viviendas de su propiedad, requisito justificado para "favorecer el incremento de la oferta de alquiler asequible".
De la Fuente considera que, "aunque las disposiciones citadas están redactadas en términos muy vagos, todas ellas podrían interpretarse de una forma que permita a las Administraciones imponer obligaciones poco razonables a los propietarios, incluyendo la de alquilar sus inmuebles a precios inferiores a los de mercado, o incluso expropiar inmuebles como ya se ha anunciado en Cataluña".
Errores que hundirán la oferta de vivienda en arriendo
Por otro lado, el proyecto de Ley "dedica una especial atención a una serie de instrumentos de política que tendrán, con toda seguridad, efectos adversos sobre la oferta privada de alquiler, agravando por tanto los problemas que en principio se busca resolver como incumpliendo de paso el propio mandato de la ley, que, en teoría, aspira a fomentar la oferta".
Entre estos instrumentos "están la introducción de medidas de control de alquileres en áreas consideradas "tensionadas", la imposición de límites generales a la actualización anual de los alquileres por debajo del IPC y de prórrogas forzosas tras la expiración de los contratos, así como la aprobación de ciertas disposiciones que dificultan la recuperación de los inmuebles por sus propietarios en casos de impago u okupación".
Como pone de manifiesto el informe de Fedea, "todas estas medidas rebajan la rentabilidad de la inversión en vivienda destinada al alquiler o incrementan el riesgo asociado a la misma, reduciendo por tanto su oferta inmediata y futura, mediante la retirada de inmuebles del mercado y menores niveles de inversión para desarrollar nuevas viviendas dedicadas al arriendo y no a la compra-venta".