Enésimo golpe a la propiedad privada inmobiliaria. El Gobierno catalán expropiará entre 50 y 70 viviendas vacías en 14 municipios declarados como "área de fuerte demanda de vivienda" para dedicarlos a alquiler social, según ha explicado el consejero de Territorio de la Generalidad, Juli Fernández, en rueda de prensa.
Este asalto a la vivienda se producirá en una primera fase estos 14 municipios: Cornellá de Llobregat, Mataró, Mollet del Vallés, Rubí, Vic, Viladecans, Vilanova y la Geltrú (Barcelona), Figueras, Lloret de Mar, Salt (Gerona), Reus, Roda de Berá, Tarragona y Valls (Tarragona).
Fernández ha intentado justificar el robo en base a la Ley 1/2022 de la Generalidad: "El Gobierno usa todas las herramientas a su alcance para dar respuesta a las familias en situación de vulnerabilidad y que no tienen respuestas. El objetivo es que viva gente en los pisos vacíos", aunque no sean los dueños, claro.
Cataluña no es la primera autonomía donde se ha cometido un atentado de estas características contra la propiedad privada en nuestro país. Ya en el año 2021, Baleares tomó una decisión similar.
El Gobierno regional justifica su decisión en que lo que pretende es que los propietarios pongan los pisos en el mercado de alquiler social y que más municipios firmen convenios con la Generalidad para ampliar el número de pisos en este mercado.
En total, el Ejecutivo independentista ha detectado 189 viviendas que cumplen con sus requisitos para arrebatarle a particulares y empresas sus inmuebles.
La Generalidad gastará cinco millones de euros a la expropiación -se llegue o no a un acuerdo con la propiedad-. El gasto irá a cargo del Instituto Catalán del Sol (Incasol), mientras que el alquiler lo gestionará la Agencia de la vivienda de Cataluña.
Como ya hemos publicado en Libre Mercado, la "vivienda vacía" es un concepto ambiguo que la izquierda acostumbra a utilizar como excusa a la hora de secuestrar el mercado inmobiliario. De hecho, en su programa para las elecciones autonómicas, Podemos propone considerar viviendas vacías a partir de los 6 meses y la formación morada también plantea expropiaciones.
El procedimiento del asalto
La Generalidad asegura que su decreto le permite iniciar el proceso de expropiación de viviendas vacías por incumplimiento de la función social de la vivienda. Según sus inspecciones, el Ejecutivo regional ha podido acreditar que hay viviendas vacías de más de dos años sin causa justificada, lo que les daría derecho a quedarse con los pisos.
Una vez enviado el requerimiento, la propiedad tendrá un periodo de un mes para acreditar que la vivienda está ocupada o en proceso de ocupación y si no lo puede hacer, se abrirá un plazo de tres meses para alcanzar un acuerdo de compraventa.
Si pasado este tiempo no hay acuerdo, la norma prevé que se pueda expropiar por procedimiento de urgencia, lo que permite obtener la propiedad de la vivienda sin tener que alcanzar antes un acuerdo en el precio.
Es la primera vez que la Generalidad usa la expropiación como excusa aumentar el parque de vivienda de alquiler social, y el Gobierno regional no descarta que los diferentes procedimientos acarreen litigios.