Una norma obliga a no explotar los montes públicos salvo que no se pueda encontrar otra ubicación para los parques eólicos o solares. Se trata de la Ley de Montes de Aragón. Pero esa norma no ha sido problema para que los molinos de Forestalia hayan saltado a los montes sin problema alguno.
En Aragón hay en estos momentos 675 nuevos parques fotovoltaicos y eólicos en tramitación. De ellos, 416 dependen el Gobierno regional de Javier Lambán (264 fotovoltaicos y 152 eólicos). Y se han tramitado o se están tramitando multitud de proyectos, fundamentalmente en la provincia de Teruel, de plantas fotovoltaicas o eólicas que afectan a monte de utilidad pública.
El responsable oficial de controlar que todos esos proyectos no tengan un impacto demoledor en la naturaleza es el INAGA, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y autonomía funcional y patrimonial, dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Es decir, del Gobierno del socialista Javier Lambán. Se trata, en definitiva, del organismo en el que se tramitan los permisos necesarios en materia de protección de la naturaleza de los parques eólicos y fotovoltáicos inferiores a 50 MW -los que superan esa cifra se tramitan en el Ministerio de Transición Ecológica-.
Pues bien, el criterio oficial del Área I del INAGA -tal y como refleja el punto 1 a) del artículo 71 "Condiciones generales para el otorgamiento de concesiones para uso privativo de montes catalogados" de la Ley de Montes (Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Montes de Aragón)- señala que "se podrán otorgar concesiones para uso privativo en montes catalogados en todos aquellos casos en los que, garantizándose la conservación de las características que justificaron su catalogación y el mantenimiento de las funciones propias del monte, se cumplan las siguientes condiciones". Y la primera de ellas es que "no sea viable su emplazamiento en un lugar distinto del monte catalogado sobre el que se interesa su otorgamiento". Es decir, que el monte público debe ser la última opción. O, mejor dicho, debería haber sido la última opción. Porque lo cierto es que no lo ha sido.
La clave de esta omisión del cumplimiento de la Ley de Montes radica en un esquema en el que los permisos de explotación se han concedido por medio de consultoras ajenas al propio INAGA. Y es que el Gobierno de Javier Lambán no sólo dejó en manos de consultoras ligadas a directivos de Forestalia los informes de impacto ambiental habituales. Es que hizo lo mismo con los informes más delicados en materia de protección medioambiental: los específicos para la explotación de vías pecuarias y montes públicos y privados. Es decir, los informes más sensibles de todos ellos porque el destrozo medioambiental se dispara en el caso de los montes y, con ello, el destrozo ocasionado en los pueblos que viven de esa naturaleza en las áreas rurales por excelencia.
La gestión de esos informes quedó en manos, en el caso de los montes, de la consultora Calidad y Estudios Asesoría SL, propiedad de los hermanos Federico y Estrella Vicente Lozano. Ambos son, a su vez, hermanos de María Vicente Lozano, nada menos que la directora de proyectos eólicos de Forestalia. Traducido: el informe clave para poder entrar en montes públicos lo hacían los familiares de quienes los solicitaban para Forestalia. Una segunda consultora entró en los informes, especialmente en el de las vías pecuarias: Quilex Sociedad Cooperativa trabaja para Forestalia, como todas las demás del contrato de Evaluaciones de Impacto Ambiental (Vea Qualitas, Satel y Calidad y Estudios Asesoría).
Un mecanismo que ha permitido toda una lluvia de permisos de explotación en montes para la implantación de explotaciones renovables.