El Gobierno de Javier Lambán no sólo dejó en manos de consultoras ligadas a directivos de Forestalia los informes habituales de impacto ambiental. Hizo lo mismo con unos informes mucho más delicados: los específicos para la explotación de vías pecuarias y montes públicos y privados.
Se trata de los informes más sensibles porque el destrozo medioambiental se dispara y, con ello, el destrozo ocasionado en los pueblos que viven de esa naturaleza en las áreas rurales por excelencia. Y la gestión de esos informes quedó en manos, en el caso de los montes, de la consultora Calidad y Estudios Asesoría SL, propiedad de los hermanos Federico y Estrella Vicente Lozano. Ambos son, a su vez, hermanos de María Vicente Lozano, nada menos que la directora de proyectos eólicos de Forestalia. Traducido: el informe clave para poder entrar en montes públicos lo hacían los familiares de quienes los solicitaban para Forestalia.
Una segunda consultora entró en los informes, especialmente en el de las vías pecuarias: Quilex Sociedad Cooperativa trabaja para Forestalia, como todas las demás del contrato de Evaluaciones de Impacto Ambiental (Vea Qualitas, Satel y Calidad y Estudios Asesoría).
Hay que recordar que el Gobierno de Aragón promovió igualmente un concurso —a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), dependiente del Departamento de Medio Ambiente— para, en teoría, solventar el atasco de cientos de solicitudes de permisos para crear parques de energías renovables tramitados por consultoras externas. El objetivo oficial era evaluar y tramitar las correspondientes y necesarias declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los años 2021 y 2022. Para empezar es conveniente explicar que ese atasco fue creado en gran parte por decisión del propio Gobierno de Lambán. Y es que está motivado por el fraccionamiento por decisión política de megaparques en miniparques de hasta 49,9 MW por el principal motivo de que ese límite es el máximo que pueden tramitar las comunidades autónomas. Por encima de ese nivel es el Gobierno de Pedro Sánchez el que debe autorizarlos.
Pues bien, el empresario beneficiado sin medida por esas concesiones es Fernando Samper y su sociedad Forestalia, un empresario de la máxima cercanía a Javier Lambán. Y los familiares de uno de los directivos de Forestalia fueron, causalmente, los que recibieron dos encargos: el primero, el de gestionar o desatascar estos informes DIA, los de impacto ambiental habituales. Pero, también y en segundo lugar, recibieron el mismo encargo con los informes de impacto en montes públicos y vías pecuarias. Justo una de las ramas más polémicas de los proyectos eólicos de Forestalia. Y es que sus plantas están invadiendo con los molinos zonas de puro monte hasta ahora supuestamente blindadas frente a este tipo de explotaciones.
Las empresas en cuestión, las que se han hecho con el control de los dos tipos de informes son Calidad y Estudios Asesoría SL y Quilex. En el primer caso se trata de una sociedad propiedad de los hermanos Federico y Estrella Vicente Lozano. Ambos son, a su vez, hermanos de María Vicente Lozano, nada más y nada menos que la directora de proyectos eólicos de Forestalia. En el segundo, de una empresa que trabaja privadamente para Forestalia, como prueba el documento que se incorpora en esta información.
Los Samper y los Sumelzo
Se trata de un nuevo capítulo del negocio verde en Aragón, que ha abierto sus puertas a dos familias, la de los Samper y la de los Sumelzo. Y es que, como ha publicado Libertad Digital, el empresario estrella beneficiado por la lluvia de concesiones eólicas impulsadas por el presidente aragonés Javier Lambán es Fernando Samper. Pero muchas de sus sociedades han entrado en un extraño intercambio de administradores con los familiares de una diputada nacional muy conocida: Susana Sumelzo, persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez.
Y los familiares de esta diputada —hermano y primo— figuran en el historial en más de 20 sociedades que han pasado del control de una familia a otra —incluso con ida y vuelta varias veces— para acabar, eso sí, obteniendo los permisos de explotación de los parques solares y, por cierto, más tarde y en numerosos casos, terminar siendo vendidas a una tercera sociedad que, esta sí, por fin, se dedica de verdad a la explotación energética y no al pase de manos de negocios que necesitan permisos y trámites políticos.