El gasto público ha crecido con fuerza a lo largo de los últimos años. Si en 2018 ascendía a 504.000 millones de euros, en 2022 ya se había disparado hasta los 634.000. Medido en porcentaje del PIB, el peso del Estado se ha disparado del 41,8% al 47,8% a lo largo de dicho periodo. Además, la deuda ha subido del 98% al 113% del PIB durante el mismo periodo, a raíz de un incremento de más de 370.000 millones de euros en los pasivos del Estado.
Y los sueldos de los funcionarios y trabajadores de las Administraciones Públicas son uno de los factores que explican esta evolución, tal y como ponen de manifiesto las series de datos que publica Eurostat. Si nos fijamos en el conjunto de los desembolsos que realizan las distintas capas del Estado y lo comparamos con la factura de estos salarios, encontramos que prácticamente la cuarta parte de tales dispendios se explican por el pago de estas nóminas.
Así, aunque en la Eurozona vemos que el peso de los salarios sobre el gasto público total asciende al 19,6%, en España este porcentaje llega al 24,3%. Sobre unos desembolsos que alcanzan los 634.297 millones de euros, los salarios de los funcionarios y los trabajadores contratados por el Estado acumulan una factura anual de 153.824 millones.
Si España "armonizase" sus niveles de gasto en sueldos públicos con el promedio observado en los 19 países que forman parte de la Eurozona, esta rúbrica se reduciría de forma significativa, generando un ahorro potencial de 4,7 puntos del PIB. Es importante recalcar que no hablamos ni siquiera de tener un Estado más pequeño que el observado en la Eurozona, sino simplemente de igualarnos con el promedio observado en los países que forman parte del área monetaria única, que de hecho son algunas de las economías con más gasto público de todo el mundo.
Si los 153.824 millones de gasto observados en la actualidad suponen el 24,3% del PIB, el paso a niveles del 19,6% del PIB supondría llevar tales dispendios hasta los 124.072 millones. Dicho de otro modo: la "armonización" del gasto en sueldos públicos supondría un ahorro de 29.752 millones.
Para poner en perspectiva esta cifra, basta con decir que la recaudación del Impuesto de Sociedades en 2022 fue muy cercana a esta cifra, situándose en el entorno de los 32.000 millones. De modo que, con gastos de personal equivalentes a los que se observan en la Eurozona, España prácticamente podría eliminar el Impuesto de Sociedades.
Comparativa con Europa
La comparativa con otros países de nuestro entorno revela resultados similares. La media para el conjunto de la Unión Europea asciende al 20,3% del PIB, con niveles del 21,3% del PIB en Francia, del 17,3% en Italia o del 16% en Alemania. De hecho, igualar los presupuestos de las Administraciones Públicas españolas con las estructuras de gasto observadas en el país germano supondría un ahorro de más de 50.000 millones.
Una posible fórmula para generar estos ahorros consistiría en reducir la tasa de reposición de los funcionarios y empleados públicos, articulando el ahorro en aquellos aspectos en los que las previsiones demográficas apuntan una menor demanda (por ejemplo, la caída de la natalidad invita a reflexionar sobre los presupuestos dedicados a la educación) o en los servicios susceptibles de ser informatizados (se ha estimado que esta fórmula puede conseguir 15.000 millones de ahorro, cifra que equivaldría al 50% de la reducción potencial del gasto habilitada por este tipo de política de eficiencia).