Nick Cherryman es socio del prestigioso bufete neoyorquino Kobre & Kim. En publicaciones especializadas como Chambers UK se le describe como un "peso pesado" del campo de las disputas internacionales. De hecho, ha sido incluido en la lista Legal 500 como uno de los abogados más importantes del mundo, reconociendo de esta forma "su liderazgo en el campo de los litigios mercantiles" y su "extraordinaria especialización" en dicho campo.
Esta semana, Cherryman ha visitado Madrid para exponer ante la prensa los distintos problemas que enfrenta nuestro país por los impagos que están sufriendo los inversores que sufrieron la retirada retroactiva de las primas a las renovables. Aunque estas decisiones se tomaron bajo gobierno de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, la resolución de los litigios internacionales ha llegado en los últimos años y el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por ponerse de perfil y negarse a resarcir a las compañías y empresas afectadas.
Ante esta situación, el bufete de Nick Cherryman ha coordinado una estrategia de incautación de bienes que afecta a todo tipo de propiedades del Reino de España incluye activos como la sede del Instituto Cervantes en Londres o el edificio de promoción económica que posee el gobierno de Cataluña en la capital inglesa. Asimismo, se ha incautado una cuenta bancaria del Reino de España, así como el derecho al cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige. En paralelo, se han intervenido cuatro emisiones de deuda pública que han caído en situación de default técnico.
"Me da pena venir a España por esta razón, este es un país serio, su papel en las instituciones europeas y en los organismos internacionales está fuera de toda duda, por eso no tiene sentido que se socave de esta forma la seguridad jurídica y se genere una situación a todas luces lamentable", explicó el jurista, que advirtió de que los primeros embargos de bienes "son solamente la punta del iceberg".
Aunque el gobierno español intenta esquivar su responsabilidad y no se siente vinculado por el resultado de los arbitrajes, Cherryman lo tiene claro: "España participó en todos estos procesos. De hecho, de un total de cincuenta litigios, ha habido dos casos aislados en los que prevaleció la posición del gobierno y, nada más conocerse la sentencia, se exigió a las empresas que procediesen al pago inmediato de la condena en costas. En cambio, los impagos del gobierno ya afectan a más de veinte empresas e inversores que ven cómo se pretende mirar hacia otro lado. El caso es que España es un país firmante de la Convención de Viena, del Convenio del CIADI, del Tratado de la Carta de la Energía… y, por tanto, no puede eludir sus obligaciones y terminará pagando lo que debe de una forma u otra, vía acuerdo... o vía embargos".
Para Cherryman, "es triste que la Abogacía del Estado siga invirtiendo millones y millones en una estrategia jurídica que cada vez tiene menos recorrido. Las decisiones de la justicia británica y australiana han sido tajantes y han tumbado todos y cada uno de los argumentos que ha presentado el gobierno de España. En paralelo, las empresas e inversores afectados ya han dado los primeros pasos para lograr que los tribunales estadounidenses reconozcan estas deudas y permitan el embargo de bienes, si procede".
Cherryman ha insistido en que "el proceso de incautación de activos pertenecientes a un Estado suele darse en casos muy diferentes. Hablamos de países donde el imperio de la ley brilla por su ausencia. Sobre el papel, es evidente que España no es Venezuela ni Rusia, pero con estos inversores y en estos casos, lo cierto es que está comportándose de la misma forma. Eso es inaceptable. Además, los procesos de embargo de bienes son largos y complejos, pero efectivos, de modo que lo único que consigue el gobierno es dilatar la situación, pero no por ello eludir la responsabilidad de resarcir a los afectados, que de hecho terminarán recibiendo los pagos de una manera u otra, de forma satisfactoria o mediante la confiscación de propiedades del Estado".