A Pedro Sánchez se le agota la legislatura, y con ella su posibilidad de utilizar el control del Ejecutivo para atraer a sus potenciales votantes de cara a las elecciones del 23 de julio. Es por ello que el líder socialista está aprovechando la precampaña para lanzar una nueva batería de propuestas que parecen prorrogar el paquete anticrisis que el Ejecutivo viene aplicando en los últimos meses.
Es, en este sentido, sorprendente el discurso económico del Gobierno de Sánchez: por un lado, celebra un supuesto despegue económico de España y el crecimiento registrado en los últimos meses, mientras, por el otro, prorroga sine die las medidas anticrisis pensadas para momentos de inestabilidad económica. Unas medidas que, por cierto, las instituciones europeas y el Banco de España llevan tiempo advirtiendo de que es preciso comenzar a retirar a fin de reestablecer el equilibrio presupuestario y contener la inflación.
El grueso del nuevo paquete de medidas ha llegado hoy martes, conformando la séptima prórroga del Real Decreto ideado para lidiar con las consecuencias de la Guerra en Ucrania y de la inflación. Este nuevo conjunto de medidas tendrá vigor durante lo que resta de año 2023 y supondrá un nuevo agujero adicional de 8.900 millones de euros, que deberá asumir el próximo Ejecutivo.
IVA, transporte y gasoil
Entre las medidas, destaca la prórroga durante 6 meses más de la supresión del IVA aplicado a alimentos de primera necesidad como el pan, la leche, las frutas y verduras o los huevos, así como la rebaja al 5% para el aceite o la pasta. De nuevo, Sánchez vuelve a dejar fuera al pescado, las carnes, los yogures, el café o las conservas, que siguen en el 10%, así como a los productos sometidos al IVA general del 21%.
De igual manera, se prorrogan también las ayudas al transporte, lo que incluye una reducción en el precio de los abonos y de los títulos multiviaje de transporte público, mientras que el descuento de Cercanías y media distancia ya se había extendido todo el año. En este sentido, el Ejecutivo continuará bonificando con un 30% el transporte público del resto de administraciones siempre que se comprometan a aumentar este descuento hasta el 50%. En el caso de Madrid, esta rebaja se elevará hasta el 60% por decisión de Díaz Ayuso.
También en materia de transporte, el Gobierno continuará subvencionando el gasóleo de los transportistas profesionales, agricultores y ganaderos, aunque la bonificación de 10 céntimos llegará hasta el 30 de septiembre, pasando a solo 5 céntimos el último trimestre del año.
Despidos, alquileres y desahucios
Además, Sánchez también da vía libre a las medidas excepcionales en materia laboral, constituyendo un guiño electoral a Yolanda Díaz. Así, el aumento de los costes energéticos seguirá sin poder constituir causa objetiva de despido hasta fin de año, y el incumplimiento de esta obligación acarreará la devolución de las ayudas públicas recibidas. Además, las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos. Es decir, se prorroga en este sentido la prohibición del despido.
También se prorroga la suspensión de los procedimientos de desahucio y los lanzamientos para hogares vulnerables, incluyendo aquellos afectados por procedimientos de lanzamiento de vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.
No obstante, el Gobierno ha retirado la posibilidad de prorrogar seis meses más las condiciones de los contratos de alquiler, por lo que los términos y condiciones establecidos en el contrato en vigor ya podrán ser modificados. En cualquier caso, sigue limitada hasta fin de año la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento, prohibiéndose las subidas superiores al 2%.
Coche eléctrico y renovables
Paralelamente, y ya fuera del decreto anticrisis, el Ejecutivo ha aprobado una nueva subvención a los vehículos eléctricos, que se articulará mediante una deducción del 15% en el IRPF hasta un máximo de 20.000 euros, y que se extenderá también para la instalación de sistemas de recarga. Este incentivo se sumará a otro aplicado en el Impuesto de Sociedades destinado a promover las instalaciones de recarga, tanto de uso privado como público. De nuevo, una política que beneficiará primordialmente a las rentas altas y discriminará al resto de tecnologías de movilidad.
Fuera de la prórroga del Real Decreto también se ha aprobado una extensión de seis meses en el tiempo que los titulares de proyectos renovables y almacenamiento disponían para obtener su acreditación de la autorización de construcción. Todo a causa de la lentitud en este tipo de autorizaciones y las gravosas regulaciones en materia ambiental que amenazaban a muchos de los proyectos a no obtener los permisos antes de la fecha límite fijada el 25 de julio.